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La Guardia Civil implica por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama Púnica

Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

Las consejerías de la Comunidad de Madrid y las entidades del sector público madrileño contrataron entre 2008 y 2015, mientras eran presidentes Esperanza Aguirre, primero, e Ignacio González, después, a empresas vinculadas con la trama Púnica y Gürtel por valor de 172 millones de euros.

Ahora, la Cámara de Cuentas ha fiscalizado la legalidad de todos los contratos celebrados en este periodo y ha encontrado distintas irregularidades. Según la investigación, Aguirre participó en reuniones de altos cargos de su Ejecutivo en las que se acordó favorecer con contratos públicos a una empresa de publicidad que trabajó en sus campañas electorales de 2003 y 2007. Es la primera vez que un documento policial implica directamente a Esperanza Aguirre en amaños de la trama.

El informe analiza exhaustivamente “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con las sociedades de marketing y publicidad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado y concluye que Esperanza Aguirre utilizó “la publicidad institucional […] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”. El entramado de sociedades de Mercado recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros gracias a la mediación de Aguirre.

El Ejecutivo de Aguirre modificó en 2006 varias leyes autonómicas con el fin de beneficiar a Mercado, de esta forma, cualquier adjudicación, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad de Madrid, necesitaba la “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, que entonces ocupaba Ignacio González, también imputado en la causa. Una vez modificado el marco legal, se impartieron “instrucciones precisas” a varios consejeros para que las empresas de Mercado fueran favorecidas con adjudicaciones.

El consejero de Sanidad del ejecutivo regional, Manuel Lamela, confirmó en su declaración como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones “se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación”. A partir de ese momento, las empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento.


Los agentes aprecian delitos de prevaricación, financiación ilegal, delito electoral, malversación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias.

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