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Las cloacas del estado: así reparte Interior los fondos reservados

La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia.

Para poder conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control.

Esta orden, con casi un cuarto de siglo de vigencia, establece que “cada centro gestor de fondos reservados abrirá una caja específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos, que será gestionada por un responsable designado al efecto, que en el caso de los servicios centrales lo será por el ministro a propuesta del titular respectivo”.

En el periodo investigado, el ministro era Jorge Fernández Díaz y los servicios centrales son, por ejemplo, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que en esa época dirigió con mano firme Eugenio Pino. De él dependía, entre otros, el comisario José Manuel Villarejo.

En La Audiencia Nacional investiga si estos y otros policías a las órdenes de Pino trazaron una estrategia para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento del juez que investigaba la caja B del partido. En esos trabajos compraron presuntamente al chófer de Bárcenas con el pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados, según la investigación. El propio García Castaño declaró ante el juez que aquello fue un encargo de Pino.

¿Cómo se autorizan estos fondos?

El dinero se ingresa en la cuenta corriente que tiene abierta el Ministerio en el Banco de España. “Mensualmente o en función de la situación de las diferentes cajas, el titular del Gabinete del Ministerio o el responsable de la Secretaría de Estado harán una propuesta de disposición de fondo de dicha cuenta corriente al Ministro, el cual dará la orden de pago oportuna, pudiendo delegar en la Secretaría de Estado de Interior”. El secretario de Estado de Seguridad en el periodo investigado era Francisco Martínez. Recientemente el comisario Enrique García Castaño le señaló como el destinatario de documentación personal robada a Bárcenas. Martínez niega tal extremo.  

En base a la orden de pago, “se expedirá un cheque contra la cuenta corriente en el Banco de España, el cual irá firmado necesariamente por dos de las tres personas que tienen reconocida su firma en dicha cuenta”. Fuentes conocedoras del uso de los fondos aseguran a este periódico que esas tres personas son el jefe de gabinete político del ministro, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios y el secretario de Estado de Seguridad.

La retirada del dinero se hace en metálico que “se ingresará en la caja del ministro o en la caja de la secretaría de Estado”. Por la recepción del dinero, en cada una de las cajas, los responsables firmarán un recibí y de este ingreso se hará una anotación en el registro de los fondos reservados.

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