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Espinosa de los Monteros y Monasterio aumentaron el volumen de su vivienda de lujo más de lo que permitía la licencia

La vivienda de lujo de los diputados del partido de ultraderecha VOX, Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio, sobre el que pesa una orden de clausura municipal para el próximo 8 de octubre, sobrepasó lo permitido por la licencia de obras. «Hubo un incremento de volumen y superficies y crearon elementos que no estaban contemplados», explica una portavoz del Área de Urbanismo a El País.

Si los diputados quieren evitar la clausura de la vivienda «tienen que ajustarse a la normativa y hacer las modificaciones que les ha requerido el área durante este tiempo», añade la portavoz.

Espinosa de los Monteros y Monasterio pueden ahora hacer obras para ajustar la vivienda a lo que se autorizó en la licencia de obras que les concedieron; o bien pedir una modificación de esta primera licencia presentando un nuevo proyecto para que el Ayuntamiento la estudie y vea si se pueden autorizar las partes que no estaban contempladas inicialmente. Durante ese periodo, la vivienda permanecerá cerrada a los miembros de Vox.

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, se ha pronunciado este jueves sobre el tema. «Durante todos estos años se les ha ido pidiendo que regularicen esa situación. No sé si se podrá hacer antes del 8 de octubre, en todo caso estará en manos de sus abogados, y en el Ayuntamiento en manos de nuestros técnicos», ha señalado. «Jurídicamente tendrán que verlo con los técnicos del área de urbanismo. Lo que está claro es que este es el final del proceso», ha añadido.

Los diputados de ultraderecha rehabilitaron esta vivienda y pidieron una licencia de obras con la que no ha habido ningún problema. Sin embargo, una vez finalizados los trabajos, es necesario solicitar la licencia de primera ocupación y funcionamiento, que consiste en la comprobación de los técnicos municipales de que la obra está acabada y se ajusta a la licencia de obras. Es este segundo trámite el que no han conseguido superar desde 2014, aunque entraron en la vivienda y la habitan desde entonces.

Sanz ha recordado que «la licencia es un acto reglado, el proceso administrativo ha concluido en este momento y si no se arregla antes se procedería a ese precinto. No es una decisión política, sino administrativa, y si no se produce el cumplimiento de las licencias habrá que clausurarlo». Por ello, ha señalado que «lo que tienen que hacer es regularizar la situación. Espero que se pueda regularizar esa situación antes del 8 de octubre».

El Área de Urbanismo municipal emitió una primera orden de clausura de la vivienda y el despacho de arquitectura en 2016, pero fue recurrida. También fue recurrida una sentencia de octubre de 2017 da la razón al Ayuntamiento, pero esa sentencia es firme desde 2018 y el Consistorio pretende ejecutarla el mes que viene. «Los técnicos han exigido el cumplimiento de la normativa municipal. Nuestro compromiso es cumplir escrupulosamente la ley», ha dicho Sanz. Por ello, «si la licencia no se obtiene antes, el día 8 de octubre a las 10 de la mañana se intentará entregar la orden de clausura», ha rematado.

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