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El alcalde contrabandista del PP: un emporio valorado en 72 millones

José Ramón Nené Barral era uno de los hombres fuertes del PP de Galicia a pesar de gobernar un municipio pequeño gracias a su poderío económico y a Manuel Fraga.

José Ramón Nené Barral era uno de los hombres fuertes del PP de Galicia a pesar de gobernar un municipio pequeño gracias a su poderío económico y a Manuel Fraga.

El Tribunal Supremo ha valorado el emporio de contrabando de tabaco que supuestamente lideraba José Ramón Nené Barral, uno de los pioneros del negocio ilegal en la Ría de Arousa, antiguo hombre fuerte del PP en la zona y durante 18 años alcalde de Ribadumia (Pontevedra), en más de 72 millones de euros.

José Ramón Barral Martínez, de 81 años, fue la mano derecha del considerado patriarca del contrabando de tabaco en Galicia, el fallecido Vicente Otero, Terito, a quien Manuel Fraga llegó a condecorar como militante ejemplar de Alianza Popular (AP). Con Fraga en la Xunta, fue uno de los hombres fuertes de los populares en Galicia.

Nené gobernó como alcalde de Alianza Popular y Partido Popular encadenando mayorías absolutas en Ribadumia, ejerciendo como alcalde durante 18 años hasta que fue detenido en 2001. Al ser apartado por los populares, fundó otro partido con el que siguió con las riendas del Consistorio. 

El juez destaca las «numerosas diligencias de investigación practicadas» hasta el momento, en las que han intervenido tanto el Servicio de Vigilancia Aduanera como la Udyco (Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la policía nacional) y la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude). Estas investigaciones llevaron a Pilar de Lara hasta Miami, donde trabajó para cumplimentar una comisión rogatoria en febrero de 2017, por invitación de la Fiscalía especial en esta ciudad de Florida. Según las mismas fuentes vinculadas al caso, «la información facilitada» en aquel momento «por las autoridades españolas» fue «crucial para que EE UU desarticulara la parte americana de la organización vinculada a Nené Barral».

Las indagaciones internacionales, según recoge el auto del Supremo, «han puesto de manifiesto la existencia de una organización criminal perfectamente estructurada dedicada al contrabando de tabaco en España, por diferentes vías, y al blanqueo de capitales». «El modus operandi» de las personas «dirigidas por Darío» era el de introducir el tabaco «a través de contenedores» arribados a los tres puertos. 

«Nos hallamos ante la existencia de indicios claros de la comisión de delitos de contrabando de tabaco, falsedad y blanqueo de capitales, llevados a cabo por una organización criminal», defienden los magistrados. 

«Al parecer, se están utilizando redes e infraestructuras» de «distintos países de la Unión Europea (como Portugal y Grecia) y extracomunitarios (como Estados Unidos, Emiratos Árabes y China)», prosigue el auto. Los contenedores eran «transportados por vía marítima hasta los puertos de Barcelona, Valencia y Sines (Portugal), a veces de forma directa desde su lugar de origen y otras, a través de vías intermedias. Algunos transportes «han tenido lugar directamente desde Estados Unidos (Miami)», detalla el Supremo.

La primera investigación por los supuestos delitos de contrabando, cohecho y revelación de secretos oficiales que precipitó la caída de Barral se inició en 1999 y lo empujó a dimitir en 2001, después de su arresto. 

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