Feminismo

La Justicia niega la relación del 8M con la escalada de casos de coronavirus

La jueza retira la imputación por el delito de lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco

La jueza retira la imputación por el delito de lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco

La juez titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado retirar el delito de lesiones imprudentes por el que se investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tras recibir un informe del médico forense que descarta «relación de causalidad» entre acudir a una concentración multitudinaria, como la marcha por el Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo, y los contagios por coronavirus.

La jueza recibió este domingo el informe que había solicitado al médico forense adscrito al juzgado para saber si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020  «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas», pero dicho informe asegura que no existe relación entre acudir a una manifestación multitudinaria y el riesgo de contagio, por lo que la magistrada ha dictado una providencia en la que retira la imputación por el delito de lesiones por imprudencia profesional contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

Sin embargo, la jueza aún mantiene la investigación abierta por el delito de prevaricación por el que el abogado Víctor Valladares interpuso una denuncia por permitir «77 reuniones multitudinarias», destacando el 8M, a pesar de que el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades emitiera el 2 de marzo de 2020 un informe sobre el riesgo de contagio de Covid-19.

La magistrada repasó la jurisprudencia constitucional y recordó que sólo se puede «legalmente prohibir la manifestación por razones sanitarias», siempre y cuando en el momento de la decisión gubernativa, «no a posteriori», se tuvieran suficientes datos objetivos de un riesgo para la vida e integridad física de las personas.

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