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El asesor de Ayuso en la crisis sanitaria reconoce que los ancianos “quedaron abandonados a su suerte”

“Esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto”, señala el asesor.

“Esperemos a los tribunales para saber si alguien tiene que ir a la cárcel por esto”, señala el asesor.

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La semana de marzo en la que la Comunidad de Madrid decidió comenzar a cerrar instalaciones para frenar la incipiente pandemia, el Gobierno autonómico rescató a Antonio Burgueño, el gurú de la privatización de la sanidad madrileña y antiguo director general de los hospitales de la región.

Fichado a sus 78 años como asesor externo por Isabel Díaz Ayuso para la elaboración de un plan contra la covid-19, Burgueño rompe su silencio para reconocer que los ancianos “quedaron abandonados a su suerte” en toda las residencias de toda España, “inclusive Madrid”.

En una entrevista realizada por El País, Burgueño, de 78 años, socio de una empresa de consultoría especializada en asuntos sanitarios, asegura que se apartó a un segundo plano tras elaborar un programa de 270 puntos contra el coronavirus que le solicitó Ayuso. Dice que es la hora de examinar qué se ha hecho mal antes de la próxima oleada en otoño y de exigir responsabilidades políticas y judiciales. Ese plan, dice, ni lo propuso ni se lo pidieron, pero cree que “el que pintó el plan debería haberlo ejecutado”, en referencia al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz-Escudero.

Antonio Burgueño señala que “la medicalización de residencias era uno de los puntos capitales” de su protocolo contra el virus: “Mi plan era medicalizarlas con los 3.000 y pico médicos de atención primaria en la Comunidad”. “No se llevó a cabo”. Los profesionales sanitarios “no fueron” a los geriátricos: “La atención primaria en España dejó a los enfermos mayores abandonados”. No solo en Madrid, sino en toda España, lamenta. “Faltó jerarquía, rapidez y eficacia”. Y ante las críticas por su polémico nombramiento, optó por apartarse “a los tres o cuatro días”.

“Hacía falta un general. Dar órdenes y dar incentivos para que esos profesionales fueran y también, muy importante, la protección”, pero fue su hija Encarnación la elegida para medicalizar las residencias: “En algún momento ella conectó con la Comunidad de Madrid viendo el agobio que tenían. Era una ayuda mínima. A mí alguien me dijo que ella estaba colaborando. Y me dijo que había que sacarlos. Pero dije que no. Que eso era una ayuda mínima para lo que necesitaban las residencias, que necesitaban un ejército de médicos. Y bueno… hicieron lo que pudieron. No lo sé, eh. No estoy enterado. Ni tampoco lo llevo. No tenían contrato y no pagaron”.

Lamenta que su idea acabara siendo ejecutada por “empresas de tercera división”. Se refiere a la “Operación Bicho”, el término que empleó su hija, sin experiencia alguna en gestión sanitaria, para desarrollar durante 12 días una caótica actividad de medicalización de residencias. Él niega que su hija consiguiera gracias a sus contactos el encargo de curar a los mayores de residencias durante los días más letales de la pandemia, cuando los hospitales rechazaron los ingresos de esos ancianos.

Aquel margen de tiempo, hasta que el 6 de abril comienza a llegar ayuda médica a las residencias, fueron “una locura”: “Todo el mundo andaba sobrepasado”. Las consecuencias: “En toda España quedaron abandonados a su suerte, incluido Madrid”.

Sin embargo, Burgueño defiende que la mejor opción era la de atender a los mayores directamente en las residencias, pues “los hospitales no están para ser un cementerio”: “No tienen que recibir a los mayores en situación de agonía. Tienen que morir en una residencia, en su casa o en una unidad de paliativos, pero no en un hospital de agudos. Yo propuse a la consejería en 2012 un plan para poner médicos y enfermeros de la sanidad pública en las residencias”, arguye.

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