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El Tribunal de Cuentas, controlado por el PP y el mismo que absolvió a Ana Botella, va ahora a por Podemos

El ente que vigila la financiación de los partidos está controlado por el Partido Popular, una formación juzgada por tener una contabilidad paralela en negro desde 1990 hasta 2008.

El ente que vigila la financiación de los partidos está controlado por el Partido Popular, una formación juzgada por tener una contabilidad paralela en negro desde 1990 hasta 2008.

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La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocaba una sentencia condenatoria anterior y absolvía hace poco más de un año a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

La sentencia revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros y entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas por familias necesitadas.

La resolución fue adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada sala. Los dos consejeros que sumaron mayoría y que votaron a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano, ambos nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

El Tribunal de Cuentas es quien vigila la contabilidad de los partidos, de sus fundaciones y de los organismos públicos. Y aunque reciba el nombre de «tribunal» no es un órgano judicial, ya que no depende del Consejo General del Poder Judicial. 

La presidenta era y es María José de la Fuente, también del PP. El núcleo duro, el “búnker” infranqueable del Tribunal de Cuentas, está formado por personalidades a petición del partido que, según el juez Pablo Ruz, tenía una contabilidad paralela en negro desde 1990 hasta 2008.

El Tribunal de Cuentas es, por ley, «el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público» y le corresponde «en exclusiva» el control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y el enjuiciamiento de la responsabilidad contable.

El ente que vigila la financiación de los partidos, y si sus actos al frente de las instituciones se hacen de manera correcta, está controlado por los propios partidos: sus doce consejeros los nombra el Congreso y el Senado. Por lo que, en lugar de estar formado por tecnócratas al margen de los partidos, lo componen personas elegidas a dedos por estos.

Esta situación, en la que PSOE y PP se reparten las sillas de este Tribunal, deja en manos del bipartidismo las decisiones sobre las cuentas de los partidos fuera de esa calificación, como Podemos, y dando situaciones como las de que el PP pida la dimisión de Iglesias por la presunta ilegalidad de las cuentas de la formación morada.

“Queremos saber dónde está Pablo Iglesias. El vicepresidente del señor Sánchez no ha dado ni una sola explicación y, ante la ausencia total de explicaciones tiene que cumplir su palabra y tiene que dejar hoy mismo el Consejo de Ministros”, decía el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos hace un par de días.

El informe del Tribunal de Cuentas en el que se basa Montesinos para pedir la dimisión del líder de la formación morada señala que algunos gastos efectuados por Podemos no se consideran de naturaleza electoral, al tener carácter preparatorio y, por tanto, le avisa de que no puede abonarlos con la subvención electoral. La prensa y el Partido Popular sacaron punta, señalando El Mundo, por ejemplo, que hay “gastos prohibidos” en la contabilidad de Podemos, facturas “irregulares”.

Tribunal de Cuentas, partido y prensa. Una conspiración en toda regla para minar la paciencia y los recursos de los partidos incómodos.

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