Derechos y libertades

El abusador del colegio Gaztelueta del Opus, condenado a 2 años por abusos, no irá a la cárcel

"No es digerible que un pederasta condenado no entre en prisión ni sea inhabilitado". denuncia el padre de la víctima

«No es digerible que un pederasta condenado no entre en prisión ni sea inhabilitado». denuncia el padre de la víctima

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La Audiencia de Bizkaia ha decidido este lunes que no ingrese en prisión el profesor del colegio Gaztelueta de Leioa José María Martínez Sanz. Condenando por abusos, este numerario del Opus Dei y ex profesor del colegio Gaztelueta de la Obra fue condenado recientemente a dos años por abusos sexuales continuados a uno de sus alumnos.

El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, se indigna con la Justicia, más aún después de que el Tribunal Supremo rebajara la condena inicial de once años a los dos actuales, y con la Iglesia: «Una vez más, nos enteramos por la prensa de una noticia judicial de este calado. Mismo modo del que nos enteramos de la sentencia del TS. Que cada cual saque sus conclusiones. No tenemos el auto de los jueces de la Audiencia Provincial de Bizkaia y nuestra procuradora y nuestra abogada, tampoco. Nos parece una falta de respeto absoluta a una víctima denunciante de abusos sexuales y, de nuevo, vivimos un episodio más de revictimización», señaló en una entrevista en ElDiario.es.

Cuatrecasas añade que a la familia le parece «inconcebible que un pederasta condenado en varias ocasiones no entre en prisión. Ni nosotros lo entendemos ni la gran cantidad de personas de toda procedencia y creencias que nos han enviado mensajes de apoyo incondicional en todo este tiempo lo entienden».

El padre de la víctima señala que se trata de “el mundo al revés. Un sistema que protege más a los victimarios que a las víctimas debiera pensar que algo está fallando. Esto sienta un grave precedente muy peligroso a nivel de jurisprudencia, pero además hace un flaco favor a las garantías y seguridad jurídica de los menores de edad víctimas de pederastia en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo el religioso”.

“No es digerible que un pederasta condenado no entre en prisión ni sea inhabilitado para ejercer su actividad en contacto con menores de edad. Algo falla”, insiste Cuatrecasas.

La Iglesia no toma medidas

Cuatrecasas denuncia la actitud de la Iglesia jerárquica y, en especial del cardenal Ladaria, prefecto de Doctrina de la Fe: “Tampoco vemos lógico ni comprensible que la Iglesia no tome medidas, en cuanto a reponer a día de hoy el buen nombre de mi hijo, que fue vilipendiado por aquel burofax que Ladaria envió al colegio en donde pedía reponer el buen nombre del pederasta”.

“Cada minuto que pasa con el silencio de la iglesia nuestro hijo es revictimizado una y otra vez. Es inadmisible que miren para otro lado, atendiendo a cobardías y presuntas presiones, a juegos trileros impropios de una institución con tantos siglos de existencia”, señala.

Cuatrecasas asegura que la institución eclesial llevó a cabo, a través del sacerdote Silverio Nieto, una “investigación torticera”: “Nosotros llevamos muchos años actuando con un respeto que nadie podrá negar. Dentro de los cauces del Estado de Derecho y del orden canónico que maltrató a la víctima del caso Gaztelueta con una supuesta investigación no acorde a transparencia ni a seguridad jurídica. Una investigación llevada a cabo por alguien como Silverio Nieto, ya lo digo todo. Una investigación torticera y tramposa en donde no hubo más que sombras y errores, tal y como el propio Vaticano reconoció en una noticia lanzada a los medios del grupo Vocento con una peculiar nocturnidad, a las dos de la mañana de un 18 de noviembre de 2018”.

“Hemos presenciado mentiras por parte de la Iglesia, seguimos presenciándolas todas las víctimas, ninguna voluntad de ayuda por su parte con creación de comisiones de atención que forman parte de una fachada y un alarmante déficit de contenido”, subraya.

“Creemos que estos acontecimientos, la rebaja primero de la condena y la no entrada en prisión de un pederasta condenado en varias ocasiones por la justicia ordinaria sientan un precedente muy peligroso que daña a todas las víctimas y supervivientes de abusos y agresiones sexuales en la infancia, y que nos da un claro ejemplo de por qué queda aún mucho trabajo por hacer en el reconocimiento y la reparación de ellas y ellos como víctimas en todos los ámbitos de la sociedad, incluido el religioso y eclesiástico”, sentencia.

Considera el padre de la víctima que “ha llegado el momento de que la sociedad en su conjunto sea consciente de ello. Una vez más debemos pedir hechos, no palabras. Res, non verba. Las lenguas de trapo no reparan el daño ocasionado. La ley debe ajustarse a las víctimas, niños y niñas que sufrieron en sus carnes y en su ámbito emocional estos delitos. No las víctimas a la ley”.

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