Internacional

Represión policial en Perú tras la destitución de Vizcarra

Diarias movilizaciones y disturbios se están dando en Perú, tras la destitución de Martín Vizcara.

Diarias movilizaciones y disturbios se están dando en Perú, tras la destitución de Martín Vizcara.

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En 2018, acosado por investigaciones por casos de corrupción tuvo que dimitir Pedro Pablo Kuczynski, fue substituido por Martín Vizcarra, quien utilizó la anticorrupción como su discurso fundamental para tener un importante respaldo de la población.

Pr ese apoyo popular consiguió disolver el Congreso que «respondía en su mayoría a Fuerza Popular, el partido que representa al fujimorismo que lidera Keiko Fujimori, excandidata presidencial e hija del expresidente Alberto Fujimori, emblema de la corrupción y de la violencia política del país sudamericano que actualmente sigue en prisión después de haber sido condenado por múltiples delitos», explica la periodista Cecilia Gómez.

Tras esto la tensión a nivel nacional fue en aumento porque la oposición volvió a ganar la mayoría en las elecciones parlamentarias extraordinarias del pasado enero y así organizar el Congreso de nuevo.

Desde entonces, inmersos en este proceso, los parlamentarios fujimoristas han tratado, de forma constante, de destituir a Vizcarra, por un posible caso de corrupción y por «incapacidad moral».

Esto es lo que finalmente se llevó a cabo el pasado lunes, que posteriormente proocó una oleada de manifestaciones y movilizaciones.

Distintos organismos internacionales y nacionales ya se han pronunciado sobre la brutalidad policial que desencadenaron las manifestaciones.

Jan Jarab, Representante de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en América del Sur, advirtió en un comunicado que «la policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria. Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas solo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar a manifestantes».

De este modo considera que «las autoridades peruanas deben poner fin a este tipo de procedimientos, incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos».

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