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¿Es posible un gran pacto educativo?

Shutterstock / Sakharova Anastasia

En un momento caracterizado por la polarización, el diálogo educativo se encuentra rehén de quienes obtienen rédito de la confrontación y priorizan cuestiones en disputa obviando los consensos existentes.

De esta forma, se produce una fractura entre la sociedad y los expertos en educación que no ocupan el lugar que deberían en el debate donde los tertulianos muchas veces sustituyen la voz de los profesionales y protagonistas.

Determinados temas que envuelven el eje central de la discusión no revisten grandes mejoras para el sistema educativo o se consideran superados por la comunidad académica.

El debate público, marcado en ocasiones por la confrontación, obvia en gran medida los acuerdos existentes. Acuerdos como los 155 puntos que los partidos mayoritarios lograron asumir (temporalmente) durante el mandato del ministro Gabilondo o los que emergieron en la Subcomisión para un pacto por la educación en el Congreso de los Diputados.

Avanzar hacia el ideal y aparentemente imposible pacto educativo no debería servir como excusa para no trabajar sobre las cuestiones en las que existe consenso a través de la suma de acuerdos. Esta idea se recogía en el Policy Brief de ESADE, donde diferentes expertos apuntaban medidas que contaban con un alto grado de acuerdo político y académico (plan PROA y MIR docente).

Recientemente, una propuesta sobre refuerzo educativo en pequeños grupos para el alumnado más penalizado por el cierre de los centros escolares durante el confinamiento logró incluirse en los Presupuestos Generales del Estado, gracias al apoyo de partidos tan dispares como los socios de investidura y de la oposición. Estos casos ponen de manifiesto la existencia de aspectos transversales que cuentan con gran apoyo en los que es posible avanzar en la mejora de la educación.

Preocupación por el primer ciclo de infantil

Como medida paradigmática con gran respaldo técnico y político se encuentra la necesidad de aumentar la cobertura del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) haciendo esta etapa más inclusiva, asequible y de calidad. Esta cuenta, además, con el respaldo de la Comisión Europea y de diferentes instituciones como la ONU, UNESCO o la OCDE.

En esta medida concurren tres efectos: profundas mejoras en las últimas dos décadas, coincidencia en términos prácticos de dos posturas teóricamente antagónicas y papel de las entidades supranacionales en la configuración de las políticas de los estados-nación.

A nivel político, tomando como referencia los programas de las anteriores elecciones generales, la mayoría de los partidos incluyen menciones explícitas al primer ciclo de Educación Infantil, bien sea a través de cheques y ayudas (ERC y PP) o promulgando la gratuidad y universalización de la etapa (PSOE, Cs, Unidas Podemos, CC). Evidentemente, a través del análisis de los programas es difícil determinar el calado real y trasformador de las medidas que propone cada uno.

Los partidos que forman parte de la coalición de gobierno le concedieron una importancia vital hasta el punto de incluirlo en el acuerdo de coalición y de ser una de las medidas fundamentales de la LOMLOE.

Los sectores más críticos desconfían y consideran que más que un consenso existe coincidencia o convergencia. Es decir, corrientes de pensamiento que conceptualizan la etapa, sus fines, objetivos y prioridades de forma diferente, pero llegan a conclusiones en términos prácticos similares.

Por una parte, se situarían quienes consideran la Educación Infantil como una extensión del derecho a la educación recogido en el artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho aparecería desde el nacimiento, dado su impacto sobre el desarrollo del individuo.

Diferentes trabajos evidencian el impacto sobre aspectos cognitivos y no cognitivos como la creatividad, la autonomía personal, la capacidad de trabajo o la socialización. Además, estos beneficios son mayores en aquellos menores procedentes de contextos socioeconómicos y culturales más desfavorecidos, que paradójicamente presentan una menor tasa de escolarización, dado el carácter voluntario y no gratuito de esta etapa.

Desde este enfoque, las políticas públicas deberían centrarse en desarrollar una amplia oferta pública con financiación suficiente que permitiera corregir las actuales desigualdades asociadas al perfil socioeconómico de las familias.

Por otra parte, existe la corriente que resalta los beneficios de la escolarización infantil desde un punto de vista economicista, puesto que contribuye a la conciliación familiar, disminuye los costes derivados de la pérdida de talento, mejora los salarios futuros, reducción del abandono educativo temprano, favorece la actividad laboral femenina y mejora los resultados académicos (PISA, TIMPSS).

Además, constituye la etapa educativa con mayor potencial para reducir las diferencias sociales a lo largo de la vida y más retornos en términos de costo-eficacia de la inversión.

Ambas posturas contribuyen a concebir la Educación Infantil como una estrategia predistributiva clave en la compensación de las desigualdades de origen y la generación de oportunidades educativas.

No obstante, fruto de cada enfoque, en ocasiones las concreciones difieren en los criterios de admisión (más centrado en la conciliación o la compensación de desigualdades), en las formas de provisión del servicio (gestión directa frente a indirecta; primacía de criterios económicos o pedagógicos) o las medidas para expandir el sistema (sistema público, ayudas directas a familias, cheques escolares o ayudas a entidades privadas).

En cualquier caso, es necesario señalar que, aun existiendo políticas públicas claramente identificadas con una ideología, no existe una correlación unívoca entre gobiernos autonómicos, ideologías y políticas, salvo en contados casos.

El gran consenso generado en torno a esta cuestión se ha plasmado en la mayor expansión del sistema educativo en las últimas dos décadas, pasando de una tasa neta de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil del 8,9 % en 2001 al 41 % en 2020, en parte gracias al plan Educa3.

Esta tendencia se ha producido en todas las comunidades autónomas, si bien con diferentes alcances, dimensiones y modelos dadas las disparidades sociodemográficas y el punto de partida de cada región.

Hoy en día quedan retos por superar como las brechas de calidad entre los tipos de centros, las diferencias territoriales, ausencia de una regulación uniforme, las diferencias en el acceso asociadas al nivel sociocultural, las condiciones de los trabajadores, etc.

Sin embargo, el futuro se plantea esperanzador dado el alineamiento con las políticas europeas y el papel que podrían jugar el fondo de recuperación y el fondo social europeo en la creación de nuevas plazas, especialmente para los grupos más vulnerables.

Consenso sobre las debilidades del sistema educativo

La mayoría de los agentes educativos estarían de acuerdo hoy al señalar las principales debilidades del sistema educativo (falta de equidad, abandono, repetición, segregación…) aunque no coincidieran en la solución.

Priorizar estos aspectos vitales frente a otros más superfluos y polémicos resulta fundamental para que se produzcan los avances necesarios. Es inevitable que el debate educativo contenga una importante carga política, puesto que refleja el modelo de sociedad e individuo al que aspiramos, pero no que se impregne del discurso partidista que impida llegar a acuerdos y obvie la voz de la comunidad educativa.

Por ello, mientras caminamos o renunciamos al gran pacto educativo, resulta urgente abordar las reformas necesarias para la educación del siglo XXI sobre los consensos posibles y la evidencia empírica pensando siempre en el largo plazo. Discutir sobre lo ideal, mientras trabajamos con lo real. Avanzar en lo bueno mientras aspiramos a lo óptimo.

The Conversation

The authors do not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and have disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

The Conversation. Rigor académico, oficio periodístico

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