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Retos y costes de la reforma de las pensiones en España

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El número de pensionistas en España ha aumentado en la última década en un millón, hasta alcanzar los 10 millones. Según la AIREF, en los próximos 30 años este número crecerá en cerca de siete millones hasta situarse en 16,45. El número de ocupados ni de lejos crecerá a ese ritmo.

El gasto anual en pensiones se ha multiplicado por tres en España en los últimos 25 años, pasando de unos 45 mil millones en 1996 a más de 150 000 en 2021. Esta tendencia se va a intensificar con la llegada a la edad de jubilación de la generación del baby boom. Además, muchas más mujeres accederán a las pensiones de jubilación, en detrimento de las de viudedad (de menor cuantía), dada su mayor participación en el mercado laboral, con lo que el gasto en pensiones se verá incrementado.

Un poco de historia ayudará a comprender mejor la situación.

Los modelos de pensiones en el mundo

A lo largo del último siglo los sistemas de pensiones se han diseñado de acuerdo a dos modelos:

  1. El modelo Bismarck

    Este sistema de reparto contributivo tiene su origen en Alemania, a principios del siglo XX. De reparto significa que su financiación procede de las cotizaciones de los trabajadores actuales. No obstante, la pensión de la persona jubilada se calcula teniendo en cuenta sus cotizaciones a lo largo de su vida laboral (de ahí lo de contributivo).

    Este esquema descansa en cotizaciones elevadas, ya que su objetivo es generar una renta de reemplazo durante la jubilación equivalente al salario. Por ello, los trabajadores asumen que su pensión será suficiente para cubrir sus necesidades vitales y, por tanto, no necesitan ahorrar para este fin.

    Para que se cumpla esta premisa se requiere de un pacto intergeneracional, pues la generosidad de la pensión depende de la recaudación obtenida con las cotizaciones de los trabajadores del momento.

    Este esquema de pensiones es sensible a la demografía, ya que son los trabajadores en activo los que soportan el pago de las mismas. Si la ratio población jubilada / población trabajadora crece se produce un desequilibrio que puede llevar al colapso del sistema.

  2. El modelo Beveridge

    Este modelo fue introducido en Reino Unido a mediados del siglo XX para luchar contra la pobreza en la etapa anciana. También es un sistema de reparto pero, a diferencia del anterior, la pensión no es contributiva sino asistencial. De este modo, se garantiza un nivel de subsistencia igual para todos los ciudadanos, independientemente de su contribución.

    En este caso, el monto de las pensiones es más bajo, por lo que las cotizaciones son menores y el pacto intergeneracional es de menor intensidad. En cambio, se necesita de un pacto intrageneracional de mayor magnitud, pues los individuos de la misma generación obtienen la misma pensión, independientemente de lo cotizado.

    Con el modelo Beveridge, el Estado limita su función a evitar la pobreza e incentivar el ahorro, y es el trabajador quien debe asumir la responsabilidad de provisionar sus necesidades futuras. Bajo esta modalidad, los trabajadores tienen mayor propensión al ahorro al anticipar pensiones inferiores y disponer de incentivos al mismo, fiscales o de otro tipo.

    Este esquema es menos sensible a la demografía al necesitar recaudar menos. Eso sí, está condicionado al ahorro que los ciudadanos van capitalizando a lo largo de la vida, que es el mecanismo que garantiza el bienestar de los mayores, más allá de la pura subsistencia.

    Originalmente las pensiones a pagar en cualquiera de los dos sistemas eran pocas y durante tiempo limitado. La edad de jubilación (sin variar desde entonces) estaba por encima de la esperanza de vida al nacer.

Sistemas híbridos de pensiones

Hoy en día ningún país tiene un esquema de pensiones puramente Bismarck o Beveridge, la mayoría son modelos híbridos. Algunos sesgados hacía sistemas de reparto contributivo (España, Alemania, Italia, Portugal, Francia, Austria, etc.) pero moderados con topes mínimos y máximos en las pensiones y las cotizaciones.

Otros, responden al esquema Beveridge de reparto asistencial (Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Dinamarca, etc.) complementado con ahorro individual, incentivado fiscalmente o mediante otros mecanismos (por ejemplo suscripción automática a fondos de inversión, con opción de cancelación).

Las cotizaciones del modelo Bismarck suponen un 10 % – 12 % del PIB; las del Beveridge un 5 % – 6 %.

Por contra, el ahorro privado de los países con modelos Bismarck es del 1 % – 2 % del PIB, frente al 6 % alcanzado en aquellos con modelos Beveridge. Ambos llegan al mismo estado de bienestar a través de diferentes mecanismos.

El modelo de pensiones español y su inevitable reforma

Las pensiones españolas siguen un modelo Bismarck bastante puro, en el que tanto las pensiones como las cotizaciones máximas están topadas, por lo que el pacto intrageneracional es moderado, siendo el intergeneracional muy intenso.

La tasa de reemplazo (neta de impuestos) es superior a la media de la OCDE (62 %). Según este organismo, las pensiones españolas equivalen al 80 % del salario medio, un nivel muy superior al de Alemania (53 %); pero inferior al de Portugal (90 %) o Austria (87 %), y más similar al de Francia (74 %) o Italia (82 %). Todos estos países se inclinan hacia el esquema Bismarck.

La disyuntiva reside en elegir entre el mantenimiento del actual esquema Bismarck, alargando la edad de jubilación y elevando las cotizaciones para hacerlo sostenible, o el tránsito progresivo hacia un modelo Beveridge, que fomente el ahorro personal y reduzca la dependencia del factor demográfico.

Comparto algunas reflexiones sobre las implicaciones de las distintas alternativas para devolver el equilibrio presupuestario al sistema de pensiones español y mantener las premisas del estado de bienestar.

Aumentar los ingresos

Es arriesgado subir las cotizaciones en un país con un paro estructural tan elevado como el de España. Esto, por su potencial impacto negativo en el empleo, perjudicaría, además, la recaudación por cotizaciones e incrementaría el gasto en prestaciones por desempleo y salarios de inserción.

Cerca del 50 % del empleo es generado por pymes de menos de 50 empleados. Estamos, pues, ante un sistema productivo frágil y muy sensible al coste de las cotizaciones sociales.

Una alternativa con un bajo impacto en el empleo y en las pymes sería destopar por completo las bases máximas de cotización sin aumentar las prestaciones en la misma cuantía. Esta opción, que tendría que ser asumida por las empresas de más tamaño y los trabajadores con mayores salarios, exige una mayor generosidad intrageneracional.

La reforma silenciosa que se ha realizado a lo largo de los últimos años, elevando progresivamente la base máxima de cotización hasta los 49 000 euros anuales sin subir en igual cuantía la pensión, ha ido en esta dirección. Este destope parcial de la cotización afecta menos a los salarios muy elevados, siendo más pernicioso para los que quedan en el límite impuesto.

Financiar las pensiones con impuestos no parece lo adecuado si se quiere mantener un esquema parcialmente contributivo: toda la población estaría contribuyendo a sostener las pensiones mientras que solo aquellos que hubiesen cotizado en el mercado laboral tendrían derecho a cobrarlas.

Sí tiene sentido, en cambio, financiar con impuestos las pensiones no contributivas o asistenciales (aquellas que se reciben sin haber cotizado). Esta alternativa no elimina el déficit sino que lo traslada del ámbito de la Seguridad Social al del Estado (salvo que se creen impuestos con este fin específico o se eleven los existentes para esta finalidad).

Contener los gastos

Aplicar un factor de sostenibilidad que tenga en cuenta la mayor esperanza de vida y la evolución demográfica parece una forma justa de repartir el coste de las pensiones entre la generación que las va a disfrutar (y que ha aportado menos de lo que va a obtener) y la generación que las va a financiar.

Las pensiones españolas son elevadas con relación a los salarios disfrutados por lo que hay margen en este sentido. Eso sí, debe incentivarse el ahorro personal para compensar el recorte en la pensión e implementar progresivamente los ajustes, dando tiempo a los afectados de adaptarse.

Considerando el aumento de la longevidad parecería razonable alargar la edad de jubilación para reducir el periodo en el que es necesario financiar las pensiones. La limitación en este sentido se centra en el concepto esperanza de vida en buena salud, que no ha evolucionado tan positivamente, situándose actualmente en los 68 años de media (INE).

A medida que se avanza en edad aumentan las diferencias en el estado de salud de las personas. Mientras algunas mantienen gran vitalidad otras ven mermadas sus facultades físicas o mentales. En la UE-28 el 50 % de las personas mayores de 65 años consideran que tienen buena salud, el otro 50 % no (Health and disability,p. 51).

Por otra parte, elevar la edad de jubilación podría frenar la renovación de plantillas, dándose el absurdo, en un país con un alto nivel de paro juvenil, de tener una población joven desempleada a la vez que una población trabajadora de edad avanzada y salud más frágil. Lo ahorrado en pensiones se igualaría con lo gastado en subsidios de desempleo y rentas de inserción.

Reforma de las pensiones y reforma del mercado laboral

En este contexto, un sistema de pensiones sostenible requiere de una reforma del mercado laboral que introduzca flexibilidad pero no precariedad. Es necesario fomentar el empleo a tiempo parcial voluntario para facilitar la salida progresiva de los trabajadores hacia la jubilación.

Aquellos que lo deseen podrían alargar su vida laboral durante un periodo transitorio de menor intensidad laboral. Esta posibilidad beneficiaría también a otros grupos de población que podrían conciliar mejor vida familiar y cuidado de hijos o ancianos, o simultanear formación y carrera profesional.

Adaptar los regímenes de trabajo, facilitando el teletrabajo o flexibilizando los horarios de inicio y fin de la jornada laboral, ayudaría en esta conciliación. La jornada laboral voluntaria de 4 días es una iniciativa enmarcada dentro de esta deseable mayor flexibilidad.

Un país que ha seguido esta dirección es Holanda, que disfruta de una tasa de empleo del 74 % (59 % en España) gracias a que alrededor del 40 % de los trabajadores (15 % en España) son empleados a tiempo parcial, la gran mayoría (75 %) de forma voluntaria.

Fomentar el ahorro

El ahorro a través de planes de pensiones (de empleo y privados) u otros instrumentos financieros será determinante para mantener el estado de bienestar para los futuros jubilados.

Se deben diseñar con urgencia mecanismos que incentiven el ahorro (deducciones fiscales, contribuciones paralelas de las empresas o el Estado, suscripción automática a planes de ahorro…). Esos incentivos podrían ser mayores para las personas con edad más cercana a la jubilación, ya que disponen de menos tiempo para adaptarse a la situación y tendrán acceso a ellos durante menos años.

Fondos de pensiones paneuropeos y otras propuestas

Desde 2009 la población española residente en Europa casi se ha multiplicado por dos, alcanzando casi el millón de personas. A su vez, cerca de dos millones de europeos trabajan en España. Esto hace necesario abordar la reforma de las pensiones contemplando mecanismos que faciliten la portabilidad de los derechos de pensión entre países de la UE y que faciliten la convergencia de los sistemas de pensiones europeos.

Una iniciativa europea en esta dirección son los fondos de pensiones paneuropeos (PEPP), cuya regulación debe ser transpuesta al ordenamiento de cada país a lo largo de 2022. Esta regulación permitirá que los trabajadores puedan aportar a un solo plan, independientemente de su lugar de residencia, obteniendo los beneficios fiscales del país en el que residan. Hasta ahora esto no era posible porque las legislaciones nacionales exigían invertir en planes de pensiones del propio país de residencia.

Otra propuesta es la de usar las denominadas cuentas nocionales para registrar las contribuciones de cada trabajador, teniendo estos la potestad de cotizar más en determinados momentos, para compensar periodos con cotizaciones inferiores o inexistentes. La pensión se estimaría en base a lo aportado a lo largo de toda la vida laboral, ajustándose en su caso por un factor dinámico de sostenibilidad para hacer viable el sistema. Este mecanismo aportaría transparencia y una visión para los trabajadores de hucha a llenar a lo largo de su vida laboral, permitiendo compensar periodos de empleo y desempleo, de trabajo por cuenta propia y ajena (cada vez más frecuentes), y facilitando la portabilidad de pensiones entre países de la UE.

La solución al problema de las pensiones no es sencilla y va a ser dolorosa pero la inacción no es alternativa. Hace falta un pacto de Estado que, desde una perspectiva global, busque un equilibrio justo en el reparto del coste financiero de la longevidad y facilite la progresiva transición de un sistema no sostenible a otro viable, dando tiempo a los agentes (empresas, trabajadores y pensionistas) a adaptarse al nuevo marco.

Es imprescindible fomentar la corresponsabilidad de los ciudadanos en el ahorro previsional. Es el precio que deberemos asumir por el disfrute de una mayor longevidad tras la jubilación, que en algunos casos será casi tan amplia como la propia carrera laboral.

The Conversation

Laura Núñez no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.

The Conversation. Rigor académico, oficio periodístico

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