El Ayuntamiento de Madrid del PP y Ciudadanos se gastó 14.520 euros en un informe externo para que aconseje y quede constancia por escrito que no recurran la condena absolutoria contra Botella y siete altos cargos de su gobierno. 

Haber hecho uso de un procurador para recurrir esta sentencia para intentar recuperar los 25,7 millones de euros que supuso la venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre por parte del Gobierno de Ana Botella (PP).hubiese costado unos 5.000 euros.

La Empresa municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS), cuyo consejero delegado, Diego Lozano, fue exjefe de Gabinete de Ignacio González, contrató el 18 de septiembre al despacho de abogados Suárez y Lezo para que elaborase un informe sobre la posible viabilidad del recurso, informe al que ha podido acceder eldiario.es.

El 27 de septiembre expiraba el plazo para que el Ayuntamiento recurriera la sentencia absolutoria contra Botella. Veinte días antes el Gobierno de Almeida despidió a la directora de los servicios jurídicos de la (EMVS), Paloma Herranz Embid, que preparaba desde hacía semanas el recurso contra la sentencia absolutoria que libró a la exalcaldesa de Madrid y a siete altos cargos de su gobierno de una multa de 25,7 millones de euros.

La exalcaldesa de Madrid y su equipo fueron absueltos por el mismo tribunal en segunda instancia, por dos votos contra uno. Dos consejeros a propuesta del PP, una de ella exministra de José María Aznar, marido de Botella, los salvaron.

El informe desaconseja el recurso de casación ante el Supremo por la dificultad de que prospere. Según el letrado que suscribe el dictamen, no existe interés casacional y la «valoración de la prueba efectuada en la sentencia» absolutoria que firmaron dos consejeros a propuesta del PP, «no se revela patente o manifiestamente irracional o arbitraria. «El recurso de casación que se prepara –concluye– resultaría, con gran probabilidad inadmitido». El informe se contrató antes de que la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Madrid emitiese su informe sobre la viabilidad del recurso. 

Almeida ya dejó claro que no recurriría la sentencia desde el primer momento: «No voy a derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles», dijo. Aún así contrató este informe externo.

Ana Botella se ha librado por completo de cualquier responsabilidad penal y contable pese a haber organizado desde el Ayuntamiento de Madrid la operación de venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Su papel en esa controvertida operación quedará impune gracias a la llegada al Palacio de Cibeles de otro alcalde de su partido, José Luis Martínez-Almeida.

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