La Comunidad de Madrid echa a rodar con una nueva Ejecutiva y lo hace con sospechas y polémicas sobrevolando sus puestos clave. Ejemplo de ello es que la propia presidenta está ya en duda por su relación con Avalmadrid.

Sin embargo, Ayuso no es la única rodeada de polémica en la Comunidad, pues hay otros nombres que llaman la atención tras fichar a Carolina Dancausa para Vivienda, una de las implicadas en la venta de pisos sociales a fondos buitre con Botella, a Fernández Lasquetty, quien intentó privatizar la sanidad en la Comunidad de Madrid con González o a Ángel Garrido, transfuga del PP. El último en unirse a este selecto club como es el caso del nuevo director General de Comunicación del Ejecutivo regional es Pablo Balbín Seco.

Durante los años 2008 y 2015, Pedro Balbín Seco ejerció de Delegado de Medios en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero también desempeñó la labor de jefe de prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad, con Lucía Fígar a la cabeza. Fue durante estos años cuando, según la Guardia Civil, se vio involucrado en la trama Púnica.

El 22 de septiembre de 2016 trascendió un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitido al juez del caso Púnica, Eloy Velasco. En este texto, los investigadores arrojan sus sospechas sobre Lucía Fígar, consejera de Educación del Ejecutivo Regional desde 2007 hasta su dimisión en 2015, y sus vínculos con Alejandro de Pedro. De hecho, en el informe, los investigadores la acusan de ser la artífice de la contratación de De Pedro, conseguidor de la trama.

Fígar salpicó a algunos subordinados suyos, como, por ejemplo, a su propio jefe de Gabinete, Pablo Balbín Seco. Para la UCO, “queda patente” que en la Consejería de Educación “se pagaba con dinero público trabajos que beneficiaban a la imagen personal y carrera política” de Fígar, realizada por la empresa EICO .

En las conclusiones del informe, la UCO considera que los informes mensuales que elaboraba mencionada empresa para Fígar, sufragados con dinero público, “eran entregados directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín”. Estas sospechas llevaron a los investigadores a acusar a Pablo Balbín de presuntos delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias.

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