El comienzo de las clases en Madrid coinciden con el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, por lo que la presidenta de la Comunidad está en el punto de mira.

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A tan solo unos días del inicio del curso académico, los epidemiólogos advierten que en Madrid hay transmisión comunitaria y que la vuelta a las aulas, si las medidas anunciadas no llegan, podría suponer una segunda ola de la epidemia descontrolada por completo.

El plan presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso prevé la contratación de de 10.610 nuevos profesores de forma temporal con el objetivo de reducir los ratios de las aulas a 20 alumnos y el pasado miércoles aprobaba una partida presupuestaria de 18,9 millones de euros destinada a la adecuación de los colegios: nuevos espacios, ventilación…, unas obras que según Ignacio Aguado se alargarán hasta finales de año.

Es por ello que los principales sindicatos de enseñanza de Madrid mantienen la huelga del profesorado tras analizar el plan de vuelta al cole presentado por Ayuso, aunque trasladarán las movilizaciones para el 22 y 23 de septiembre.

Esta misma semana, la portavoz de Comisiones Obreras Isabel Galvín indicaba a elDiario.es que no se fían de que los planes anunciados se vayan a poner en marcha a tiempo ya que no es la primera vez que prometen una cosa y luego no cumplen. Además reclamaba presencialidad de todos los niveles que garantice la igualdad de oportunidades de docentes y alumnos.

Pero la dirigente popular tiene más frentes abiertos como el inicio de la comisión de investigación sobre la gestión de las residencias, que provocó un enfrentamiento entre consejeros de PP y Ciudadanos, y que desde hace semanas hace que planee sobre el Gobierno una amenaza de moción de censura.

La presidenta regional, quien culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de la situación económica y sanitaria de la autonomía debido al estado de alarma, hacía un llamamiento estos días para que el Gobierno central vuelva a asumir las riendas de la pandemia señalando que no se puede pasar del estado de alarma a la nada. No obstante, Ayuso declinaba el ofrecimiento del presidente del Gobierno de que las comunidades autónomas soliciten estados de alarma individualizados.

Cuando se negó a la comunidad el cambio de fase, la presidenta y su partido acusaron al Gobierno central de boicotear a Madrid pero ahora se sabe que en la región, desbordada por los contagios, el Ejecutivo regional no contrató a los rastreadores a los que se había comprometido, algunos centros de salud siguen cerrados y los médicos de Atención Primaria se asoman al colapso. Además Madrid fue la última autonomía en imponer la mascarilla como medida obligatoria.

Madrid concentra ya un tercio de todos los casos de coronavirus diagnosticados a nivel nacional y las hospitalizaciones se multiplican. A la falta de rastreadores se suma la falta de reactivos para la realización de las PCR y la falta de técnicos de laboratorio.

Aunque la carga asistencial de los hospitales no es la vivida en marzo y abril debido a que la carga viral del virus es menor que hace unos meses y que los contagios este verano se han concentrado en la población de entre 15 y 49 años, en la que el virus es menos letal, los expertos creen que esa situación podría cambiar en otoño por un mayor uso de los espacios cerrados.

Aún así, varios hospitales empiezan a verse desbordados y han tenido que comenzar a suspender cirugías y otros no permiten las visitas a los pacientes hospitalizados.

En las decisiones del Gobierno regional no siempre van de la mano los intereses económicos y sanitarios. Un ejemplo de ello fue la dimisión de Yolanda Fuentes tras negarse a firmar un informe que pedía un cambio de fase de la región o cuando este fin de semana la Consejería de Interior autorizó una corrida de toros en Alcalá de Henares y Salud Pública lo desaconsejó.

Cualquier traspié de Ayuso, como puede ser que la gestión de la pandemia se descontrole de nuevo, puede impulsar la moción de censura que reclama la oposición.

La presidenta madrileña prometió una remodelación que redujera varias carteras para cumplir con una de las exigencias de la extrema derecha y que podría anunciarse a mediados de septiembre y sobre la mesa está también el cese de los consejeros de Sanidad y Políticas Sociales.

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