Los gobiernos y las empresas deberían invertir el tiempo, el talento y el dinero disponibles en preservar la fórmula que realmente es efectiva para la limitación del daño pandémico: prueba, rastreo y aislamiento.

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Alvaro Carmona (S de Siensia)
Imagina una sociedad donde tus posibilidades de conseguir un trabajo, una vivienda o un préstamo depende de pasar un análisis de sangre. Que tu libertad dependa de la tenencia o no de ciertos anticuerpos parece más propio de una pesadilla futurística sacada de la serie Black Mirror ¿verdad?

No creas que es imposible, ya ha sucedido antes. Durante gran parte del siglo XIX, la inmunidad a la fiebre amarilla dividió a los ciudadanos de Nueva Orleans, Louisiana, entre los «aclimatados» supervivientes de enfermedad y los «no aclimatados», que no la habían pasado. Esta «aclimatación» no era una opción puesto que era la clave para ingresar a la sociedad de Nueva Orleans, tanto que se la denominaba «bautismo de ciudadanía». La inmunidad dictaba con quién podían casarse las personas, dónde podían trabajar y, para aquellos forzados a la esclavitud, cuánto valían. 

Tenemos un amplio registro gracias a las crónicas de la época; en palabras recogidas en una carta de un joven que se instaló en la ciudad en 1847, Isaac H. Charles: “Es con gran placer que puedo decirte con certeza, que tanto [mi hermano] Dick como yo estamos aclimatados». Vamos, que se sentían orgullosos ciudadanos de pleno derecho. Como todo en esta vida tiene una “Pinkfloydiana”cara oscura, la presunta inmunidad favoreció el monopolio del poder político y económico en manos de la élite rica e inmunizada, y fue uno de los principales argumentos para justificar la supremacía blanca.

Nuestro futuro distópico podría tener el mismo color si la más reciente “Ayusada” llega a buen puerto. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la puesta en marcha a partir de septiembre de una cartilla covid-19 en la Comunidad de Madrid. Esta sería similar a una cartilla internacional de vacunación y tendría una réplica en la tarjeta virtual, para que aquellos ciudadanos que hayan pasado la enfermedad y tengan anticuerpos, o se hayan sometido a una prueba PCR, tengan registrada esa información en la cartilla. Un momento… ¿el guionista de 2020 está de nuevo borracho?.

La idea es que dichos certificados se emitan te eximan de las restricciones de movilidad, permitiéndote regresar al trabajo, socializar, ir a crossfit o viajar. Los cimientos de esta idea tienen tanta broma (en su acepción marinera) que es difícil saber por dónde comenzar. El 24 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronunció en contra de la emisión de estos pasaportes de inmunidad al no poderse garantizar su precisión. No obstante, la idea se está dando a conocer en los Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido y, ahora, Madrid. De hecho, en China ya existen apps de control de salud, rastreo de contactos y códigos QR digitales para limitar el movimiento de personas, y no sería difícil integrar los resultados de la prueba de anticuerpos en este sistema. 

El porqué de la inefectividad de la extravagante propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid se basa en una combinación explosiva de problemas prácticos y objeciones éticas que la hacen una muy mala idea:

  1. La inmunidad a COVID-19 es un misterio. Datos recientes sugieren que la mayoría de los pacientes recuperados producen algunos anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Pero aún no se ha determinado si todos producen suficientes anticuerpos para garantizar una protección futura, cuál podría ser un nivel seguro o cuánto duraría dicha inmunidad. Si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 imita lo que se ve con el resfriado común, el período de protección podría ser más corto de lo que pensamos. Casualmente, un reciente preprint (un artículo científico pendiente de revisión por pares) indicaría que la situación con el coronavirus iría por esta vereda. Sus resultados indican que los niveles de anticuerpos contra el virus alcanzan su punto máximo unas tres semanas después del inicio de los síntomas y  que tan solo el 17 por ciento de los pacientes analizados retuvo los mismos niveles tres meses después.
  2. Las pruebas serológicas no son confiables al 100%. Las pruebas para medir los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en la sangre pueden ser una herramienta valiosa para evaluar la prevalencia y la propagación del virus. Pero la oferta de test disponibles varían ampliamente en calidad y eficacia. Si los test presentasen una baja especificidad la prueba mediría anticuerpos distintos de los que son específicos del virus. Esto causaría falsos positivos, lo que llevaría a las personas a pensar que son inmunes cuando no lo son. Por otro lado, una baja sensibilidad del test implicaría que la prueba necesitaría que una persona tuviese una alta concentración de anticuerpos para llegar al umbral de detección. Esto llevaría a falsos negativos en personas que tienen pocos anticuerpos, y pese a ser potencialmente inmunes, serían etiquetadas incorrectamente como no inmunes.
  3. El volumen de pruebas necesarias es inviable. Se necesitarían decenas a cientos de millones de pruebas serológicas para un programa nacional de certificación de inmunidad. El mínimo es de dos pruebas por persona, ya que cualquier persona que haya dado un resultado negativo podría infectarse más tarde y necesitaría una nueva prueba para obtener la certificación inmunológica. Además, sería necesario repetir las pruebas, no menos de una vez al año, para garantizar la inmunidad continua. 
  4. Muy pocos inmunizados para impulsar la economía. Tras los resultados del estudio serológico realizado en pacientes COVID-19 en España, se ha demostrado que la proporción de individuos que se sabe que la prevalencia de anticuerpos varía ampliamente en dependiendo de la región de la que hablemos. El estudio concluyó en que, de media, solo un 5,2% de la población española tiene anticuerpos, variando ampliamente desde un 14,4% en Soria a un 0,7% en Ceuta. ¿Sería lógico dejar caer el peso de la recuperación económica sobre las espaldas de los inmunizados teniendo en cuenta estos números?

A parte de estas limitaciones que hacen inviable la efectividad de estas cartillas-covid, existen una serie de objeciones éticas derivadas de las posibles consecuencias sociales a las que nos tendríamos que enfrentar:

El monitoreo erosiona la privacidad. El objetivo de los pasaportes de inmunidad es controlar el movimiento y, para ello, cualquier estrategia de certificación de inmunidad debe incluir un sistema de identificación y monitoreo. Dado que la documentación en papel está obsoleta y es vulnerable a la falsificación, la documentación electrónica integrada en una aplicación de teléfono inteligente sería la opción más resistente al fraude.

En algunas provincias chinas, los códigos QR en los Smartphone controlan la entrada a lugares públicos sobre la base del estado de salud COVID-19 del individuo. Sin embargo, estas aplicaciones informan sobre las ubicaciones, el historial de viajes, contactos y otra información de salud, como la temperatura de su cuerpo. Taiwán también está utilizando aplicaciones para teléfonos inteligentes con sistemas de alerta que están directamente vinculados a los departamentos de policía. 

Los grupos marginados podrían enfrentar un mayor escrutinio. Con una mayor vigilancia, aumenta el riesgo de perfiles y posibles daños a grupos raciales, sexuales, religiosos u otras minorías. Durante la pandemia, China ha sido acusada al obligar a los ciudadanos africanos a hacerse la prueba del virus, mientras que en otras partes del mundo las personas de origen asiático han enfrentado picos en prejuicios racializados, tal y como pudimos ver con el movimiento #ImNotAVirus.

Por poner un ejemplo, durante la pandemia, entre mediados de marzo y principios de mayo en Brooklyn, Nueva York, 35 de las 40 personas arrestadas por violar las leyes de distanciamiento físico eran negras. Según el alcalde de la ciudad, esto no quiere decir que la mayoría de los infractores sean afroamericanos, sino que existe un sesgo discriminativo hacia este sector de la población.

Acceso injusto. Frente una escasez de pruebas, así como la posible saturación del sistema sanitario público, es más que probable que se produzca una brecha entre la población “pudiente” y aquella en los estratos más desfavorecidos. Cuando tu centro de salud no da abasto haciendo tests, hay quien puede permitirse marcarse un “skip the line” y pagarse un análisis completo en una clínica privada. De este modo, parece obvio que las personas que necesitasen una certificación clínica para volver al trabajo con mayor urgencia, trabajadores que necesitan mantener un techo sobre su cabeza y comida en la mesa, tengan dificultades para hacerse una prueba de anticuerpos. Podríamos, por un momento, pensar en la dificultad de evaluar a los niños antes de que regresen a la escuela, al igual que a las personas mayores.

Estratificación social. Tal y como ocurrió en la Nueva Orleans del siglo XIX, etiquetar a las personas sobre la base de su estado inmunitario crearía una nueva medida para dividir los «que tienen» y los «que no tienen»: la clase social de los “inmunoprivilegiados”. Tal etiquetado debe preocuparnos en ausencia de una vacuna gratuita y universal. Si existiese, las personas podrían optar por participar y obtener la certificación inmunológica, de lo contrario, la certificación dependería de la suerte, el dinero y las circunstancias personales. Restringir el trabajo, los conciertos, los museos, los servicios religiosos, los restaurantes, los centros de votación política e incluso los centros de atención médica a los sobrevivientes de COVID-19 dañaría y privaría de sus derechos a la mayoría de la población.

Las desigualdades sociales y financieras se amplificarían. Los empleadores podrían caer en la tentación de evitar a los trabajadores susceptibles de enfermarse y podrían privilegiar a los han pasado la enfermedad y contratar preferentemente a aquellos con inmunidad «confirmada».

Los pasaportes de inmunidad también podrían alimentar las divisiones entre las naciones. A las personas de países que no pueden o no quieren implementar programas de pasaporte de inmunidad se les puede prohibir viajar a países que los estipulen. Actualmente, y aunque te parezca sacado de Years and Years, las personas positivas para VIH ya están sujetas a restricciones para ingresar, vivir y trabajar en países con leyes que afectan los derechos de las minorías sexuales y de género, como Rusia, Egipto y Singapur. No es difícil pensar que la implantación de estas cartillas no nos dejaría en una situación muy diferente.

Los pasaportes de inmunidad de hoy podrían convertirse en los pasaportes biológicos de mañana. Esto introduciría un nuevo riesgo de discriminación si los empleadores, las compañías de seguros, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otros pudieran acceder a información de salud privada para su propio beneficio.

Una amenaza a la salud pública. Los pasaportes de inmunidad podrían incentivar la irresponsabilidad con el fin de adquirir estos privilegios buscando voluntariamente la enfermedad, poniéndose a sí mismas y a otras personas en riesgo. Las dificultades económicas podrían amplificar el incentivo si un pasaporte de inmunidad es la única forma de conseguir un trabajo. La amenaza para la salud recae en que las personas que reclaman inmunidad podrían continuar propagando el virus, y esto llevaría a una montaña rusa de rebrotes, con la consecuente posible saturación del sistema sanitario público.

Como reflexión, debemos pensar que las estrategias que se centran en el individuo, utilizando concepciones de ética arraigadas en el libertarismo, contradicen la misión de la salud pública. El éxito frente a la pandemia depende de la solidaridad, de la apreciación colectiva de que todos estamos juntos en esto. Una ética basada en la autonomía individual es extremadamente peligrosa durante una crisis de salud pública.

En lugar de los pasaportes de inmunidad, los gobiernos y las empresas deberían invertir el tiempo, el talento y el dinero disponibles en preservar la fórmula que realmente es efectiva para la limitación del daño pandémico: prueba, rastreo y aislamiento. Junto a esto, es fundamental el desarrollo, producción y distribución global de una vacuna de acceso universal, y gratuito, solo entonces sería ético requerir la certificación inmunitaria.

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