Cientos de políticos, abogados y académicos de todo el mundo han firmado una carta, promovida por el colectivo Lawyers for Assange, para pedir a Inglaterra la liberación del fundador de Wikileaks.

Excmo. Sr. Primer Ministro,

Excmo. Sr. Lord Chancellor y Ministro de Justicia,

Excmo. Sr. Ministro de Relaciones Exteriores,

Excmo. Sra. Ministra del Interior,

Nosotros, abogados y académicos del derecho dirigimos esta carta abierta para expresar nuestras serias preocupaciones sobre las violaciones de los derechos fundamentales de Julian Assange, actualmente bajo custodia legal del gobierno de este país.

Les solicitamos, como representantes del Gobierno Británico, que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso y otorgándole al Sr. Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política.

A) ILEGALIDAD DE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN A LOS ESTADOS UNIDOS

La extradición del Sr. Assange del Reino Unido a los Estados Unidos sería ilegal por las siguientes razones:

  1. Riesgo de ser sometido a juicio injusto en los Estados Unidos

La extradición sería ilegal por falta de garantía de que los derechos procesales del juicio de Assange estarían protegidos en los Estados Unidos. Assange será juzgado en el infame ‘tribunal de espionaje’ en procedimientos secretos ante un jurado elegido por una población en la que la mayoría de las personas elegibles para la selección del jurado trabajan para la CIA (Agencia Central de Inteligencia), NSA (Agencia Nacional de Seguridad), DoD (Ministerio de Defensa) o DoS (Ministerio de Relaciones Exteriores)[i].

El privilegio legal del Sr. Assange, un derecho consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), del cual el Reino Unido es signatario y además reconocido por el derecho consuetudinario inglés, fue gravemente violado a través de la vigilancia constante y criminal de video y audio en la embajada ecuatoriana realizada por la firma de seguridad española, UC Global. Esta vigilancia ha desencadenado una investigación sobre el propietario de UC Global, David Morales, por el Tribunal Superior de España, la Audiencia Nacional.[ii] La vigilancia resultó en la grabación de todas las reuniones y conversaciones del Sr. Assange, incluidas aquellas con sus abogados. El Consejo de los Colegios de Abogados de la Unión Europea (CCBE, por su sigla en inglés) que representa a más de 1 millón de abogados en Europa, expresó su seria preocupación de que estas grabaciones ilegales puedan ser utilizadas, abierta o secretamente, en casos penales contra Assange en caso de extradición a los Estados Unidos. El Consejo declara que si los fiscales simplemente supieran la información, esto presentaría una violación irremediable de los derechos fundamentales del Sr. Assange a un juicio justo en virtud del art. 6 del CEDH y el debido proceso conforme a la Constitución de los Estados Unidos.[iii]  La fiscalía americana obtuvo la totalidad de los documentos legales del Sr. Assange después de su confiscación ilegal en la Embajada. Al enterarse de que el Gobierno de Ecuador planeaba confiscar y entregar las pertenencias personales del Sr. Assange, incluidos documentos, teléfonos, dispositivos electrónicos, unidades de memoria, etc. a los Estados Unidos, el Relator Especial de la ONU sobre Privacidad, Joseph Cannataci, expresó su seria preocupación a el gobierno ecuatoriano y solicitó formalmente dos veces que devolviera los efectos personales del Sr. Assange a sus abogados, sin éxito.[iv] El Tratado Modelo de Extradición de las Naciones Unidas prohíbe la extradición cuando la persona no ha recibido o no recibe las garantías mínimas en los procesos penales, como lo consagra el art. 14 del  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).[v]

  1. La naturaleza política de los presuntos delitos prohíbe la extradición.

La acusación de reemplazo de Estados Unidos emitida contra Assange el 24 de Junio de 2020 lo acusa de 18 cargos, todos relacionados únicamente con las publicaciones de 2010 de documentos del gobierno de EE. UU. Las publicaciones, que comprenden información sobre las guerras en Irak y Afganistán, los cables diplomáticos de EE. UU. y la Bahía de Guantánamo, revelaron evidencia de crímenes de guerra, corrupción y malversación gubernamental.[vi]

Diecisiete de los dieciocho cargos contra Assange se basan en la Ley de Espionaje de 1917, promulgada específicamente para la persecución política de disidentes y activistas antiguerra en su momento, y cuyo propio nombre patenta su naturaleza intrínsecamente política.[vii] La esencia de los 18 cargos de la denuncia también confirma la naturaleza de los delitos puramente políticos. Todos ellos se refieren a la supuesta intención de obtener o revelar los «secretos» de los Estados Unidos de una manera que perjudicaría los intereses estratégicos y de seguridad nacional, la capacidad de sus fuerzas armadas, el trabajo de los servicios de seguridad e inteligencia e intereses estadounidenses en el extranjero, así como la invasión informática. Por lo tanto, la conducta, así como la motivación y el propósito atribuidos al Sr. Assange, se basan en delitos políticos presentados en virtud de la Ley de Espionaje (delitos «puramente políticos») y del cargo de piratería (un delito «relativo político»). Varios altos funcionarios del gobierno de EE. UU. han acusado al Sr. Assange, públicamente y por más de vez, de actuar con motivaciones «hostiles» hacia EE. UU.[viii]  El Tratado de Extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que proporciona base de la solicitud de extradición, prohíbe específicamente la extradición por delitos políticos en el art. 4 (1). Sin embargo, la jueza presidente y la fiscalía americana ignoran este artículo haciendo referencia apenas a la Ley de Extradición de 2003 (Extradition Act 2003), que no incluye la excepción de delito político. Esto ignora flagrantemente el hecho de que la Ley de Extradición es simplemente una ley de transposición que crea las garantías legales mínimas, pero no excluye protecciones más estrictas contra la extradición, como se estipula expresamente en tratados ratificados posteriormente, como el Tratado de Extradición entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Hay además un amplio consenso internacional de que no es legal la extradición política.[ix] Ésta está prohibida por los principios reconocidos en la ley de extradición, como en el art. 3 del Convenio Europeo de Extradición de 1957, art. 3 CEDH, en el art. 3 (a) del Tratado Modelo de Extradición de la ONU, la Constitución Interpol, y en todos los tratados bilaterales ratificados por Estados Unidos hace más de un siglo.

  1. Recelo justificado de tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante en los Estados Unidos

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes («Relator Especial de la ONU sobre la Tortura»), Niels Melzer, declaró que, si se extraditara a los Estados Unidos, existe un recelo justificado de que el Sr. Assange pueda estar expuesto a la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria (ACNHDH) también ha planteado preocupaciones similares, y Amnistía Internacional ha reiterado recientemente sus preocupaciones en relación con el riesgo inaceptable de maltrato.[x]

Las condiciones de detención y la posibilidad de una pena draconiana de hasta 175 años en una prisión de máxima seguridad a las que se enfrenta el Sr. Assange bajo la denuncia de Estados Unidos, constituirían tortura u otro trato o castigo cruel, inhumano o degradante, según el actual Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, así como de acuerdo con la opinión constantemente expresada de su predecesor y de otros expertos legales.[xi]

Si se extraditara, de acuerdo con la propia declaración del gobierno de los Estados Unidos, el Sr. Assange quedaría en custodia bajo «Medidas Administrativas Especiales», que prohíben a los prisioneros del contacto o comunicación con cualquier persona, excepto con individuos aprobados. A tales individuos no se les debería permitir informar sobre el trato del prisionero al público, protegiendo de este modo de cualquier posible tortura o abuso de escrutinio público.[xii]

Bajo el principio de no devolución prohíbe la extradición de una persona a un país donde hay razones sustanciales para creer que él o ella sería objeto de persecución o tortura. Este principio es un elemento fundamental del derecho internacional y derechos humanos, consagrado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, específicamente en el art. 33 (1), del cual no se permiten excepciones. Art. 3 (1) de la Declaración de 1967 de las Naciones Unidas sobre Asilo Territorial, art. 3 Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CCT) y art. 2 de la Resolución 14 (1967) sobre el asilo de personas amenazadas de persecución del Comité de Ministros del Consejo de Europa en 1967. El principio de no devolución que surge de la obligación de prevenir la torturatambién constituye jus cogens.[xiii] El princípio de no devolución en este ambito es absoluto y tambien adquiere el caracter de una norma imperativa del derecho internacional consuetudinario, es decir, el jus cogens.

El Sr. Assange, fue aceptado como asilado político por el gobierno ecuatoriano por haber satisfactoriamente comprobado sus recelos legítimos de persecución política y tortura en los Estados Unidos. Sobre este mismo principio debería claramente haber recibido protección tanto por el Reino Unido como por Ecuador, habiendo este violado los derechos humanos del Sr. Assange al rescindir sumariamente su asilo en contravención directa con la ‘tradición latinoamericana de asilo’[xiv] y la Opinión Consultiva OC-25/18 del 30 de mayo de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que afirma el principio de no devolución en casos de personas que han ingresado en una embajada para su protección.[xv] La entrada de la embajada ecuatoriana por parte de la policía del Reino Unido y el arresto del Sr. Assange se basaron en una revocación ilegal de su nacionalidad y asilo, que sólo puede ser rectificada por el Reino Unido cumpliendo con su proprio deber de proteger el principio de no devolución al negar la extradición a los Estados Unidos.

B) VIOLACIONES DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y DEL DERECHO A SABER

Los cargos 1-17 bajo la Ley de Espionaje violan los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a saber. Estas acusaciones se basan en la caracterización de prácticas periodísticas e investigativas de cuño estándar e importantes, como siendo de naturaleza criminal.[xvi] Dichas prácticas incluyen la confirmación de un periodista sobre su disponibilidad de recibir la información, indicando en qué tipo de información estaría interesado, animando a la fuente a proporcionar esa información, recibirla con el propósito de publicarla y publicarla online en interés público.

En el cargo de “instigación a la intrusión informática”, la acusación inicial criminalizó el supuesto intento del Sr. Assange de ayudar a su fuente a mantener su anonimato, lo que caracteriza una práctica periodística estándar y el deber de proteger la fuente. En un intento de encubrir este hecho y caracterizar una vez más al Sr. Assange como hacker malicioso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sin siquiera presentarla ante el tribunal del Reino Unido. Esta acusación alega que el Sr. Assange habría contactado y acordado con piratas informáticos para cometer intrusión informática. La nueva acusación ha surgido injustificadamente tarde en el día, no se trata de nueva información y se encuentra basada en el testimonio de dos fuentes altamente comprometidas.

Respaldamos a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE, por sus siglas en inglés) en su exigencia de «liberación inmediata» del Sr. Assange, y en su advertencia de que «la naturaleza amplia y vaga de los cargos contra Julian Assange y los delitos enumerados en la denuncia son preocupantes, ya que muchos de ellos se refieren a actividades base de la investigación periodística en Europa y más allá.»[xvii] La extradición basada en la acusación de reemplazo pondría en grave peligro la libertad de prensa como elemento fundamental de las democracias europeas consagradas en el art. 10 CEDH.[xviii]

Estados Unidos también parece admitir la inconstitucionalidad de los cargos, ya que declara en una de sus peticiones a la corte que al Sr. Assange se le negarán las protecciones a la libertad de expresión y a la prensa garantizadas por la Primera Enmienda ya que es ciudadano extranjero.[xix]Además, extraditar al Sr. Assange a los Estados Unidos con el conocimiento de su intención de discriminación contra él haría del Reino Unido un accesorio en una flagrante negación de su derecho a la no discriminación.

La extradición a los Estados Unidos de un editor y periodista por realizar actividades periodísticas en Europa, abriría un precedente amenazador para la extraterritorialización de las leyes de seguridad nacional y «enviaría una invitación a otros Estados para que sigan su ejemplo, amenazando severamente la capacidad de los periodistas, editores y organizaciones de derechos humanos para divulgar de manera segura información sobre problemas internacionales graves.”[xx] Las preocupaciones sobre la amenaza a la libertad periodística fueron recientemente reiteradas por los profesionales del periodismo, donde más de 1,000 de ellos firmaron una carta abierta en oposición a la extradición del Sr. Assange.[xxi] Massimo Moratti, Director adjunto de Amnesty International para Europa ha calificado la incesante búsqueda del gobierno de Estados Unidos de Assange como “nada menos que un asalto a gran escala al derecho a la libertad de expression” que “podría tener un profundo impacto en el derecho del público para saber qué están haciendo sus gobiernos.”[xxii]

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, declaró a los Estados miembros que estos deberían «considerar el arresto y el enjuiciamiento criminal de Julian Assange como un precedente peligroso para los periodistas, y adherirse a la recomendación del Relator Especial sobre la Tortura” en su petición para prohibir la extradición asi como la liberación de la custodia del Sr. Assange.[xxiii]

C) VIOLACIONES DEL DERECHO A SER LIBRE DE TORTURA, DEL DERECHO A LA SALUD Y A LA VIDA

Entre el 9 y el 10 de mayo, el Relator Especial de la ONU sobre la Tortura, el Sr. Nils Melzer, y su equipo médico, especializado en examinar posibles víctimas de tortura, visitaron al Sr. Julian Assange, detenido en la prisión de Belmarsh en Londres, Reino Unido. La investigación se llevaba a cabo para averiguar que Sr. Assange mostró “todos los síntomas típicos de la exposición prolongada a la tortura psicológica, incluido el estrés extremo, la ansiedad crónica y el trauma psicológico intenso.”[xxiv] El Relator Especial ha concluido que “el Sr. Assange ha estado expuesto deliberadamente, durante varios años, a formas persistentes y progresivamente severas a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, cuyos efectos acumulativos sólo pueden describirse como tortura psicológica,” y como resultado, el Sr. Assange desmuestra «todos los síntomas típicos de la exposición prolongada a la tortura psicológica, incluido el estrés extremo, la ansiedad crónica y el trauma psicológico intenso». El Relator Especial de la ONU sobre la Tortura condenó “en los términos más fuertes, la naturaleza deliberada, concertada y sostenida de los abusos infligidos” y caracterizó el fracaso del gobierno del Reino Unido y los gobiernos involucrados en tomar medidas para proteger los derechos humanos del Sr. Assange y su dignidad, calificá como “complacencia en el mejor de los casos y complicidad en el peor.” [xxv]

Los abusos de los derechos del Sr. Assange incluyen el acoso legal sistemático y violaciones del debido proceso en todas las jurisdicciones involucradas y en todos los procesos legales relacionados con su caso.[xxvi] Recientemente dicho abuso se demostró en el trato a el Sr. Assange durante los procedimientos de extradición en el Tribunal de la Corona de Woolwich, procedimientos destinados a ser recordados infamemente por la «caja de cristal» a la que el Sr. Assange fue confinado como si él, un periodista galardonado y un editor, fuera un criminal peligroso y violento.

Assange fue sometido a detención arbitraria y aislamiento opresivo, hostigamiento y vigilancia, mientras estuvo confinado en la embajada ecuatoriana[xxvii] y luego encarcelado en la prisión HMP Belmarsh, Londres, Reino Unido. En Belmarsh, el Sr. Assange cumplió una condena desproporcionada de 50 semanas[xxviii] por un presunto incumplimiento de fianza. Perversamente, el enjuiciamiento, la denuncia y la condena se basaron en el hecho de que Assange buscó y recibió legítimamente asilo diplomático por parte del gobierno ecuatoriano, que entendió como real el riesgo de una extradición abiertamente política, y de que Assange pudiera ser sometido a un trato inhumano y tener violados sus derechos y garantías fundamentales una vez en los Estados Unidos.[xxix] A pesar de ya haber cumplido esta sentencia, el Sr. Assange permanece bajo custodia de las autoridades británicas sin condena ni base legal con el propósito de una extradición política, y por lo tanto ilegal, a los EE. UU. Además, está encarcelado en medio de la pandemia de Coronavirus, a pesar de su vulnerabilidad al virus debido a una afección pulmonar subyacente exacerbada por años de encierro y una historia de tortura psicológica. Es particularmente preocupante que, como resultado de su salud y las circunstancias médicas, no haya podido participar por videolink en audiencias recientes, pero aún así se le ha negado la libertad bajo fianza.[xxx]

Las autoridades del Reino Unido violaron sistemáticamente el derecho a la salud del Sr. Assange durante su tiempo en la Embajada ecuatoriana, cuando se le negó el acceso a atención médica urgente.[xxxi] Los dos especialistas médicos que acompañaron al Relator Especial de la ONU sobre la Tortura en su visita a la prisión de HMP Belmarsh advirtieron que a menos que la presión sobre el Sr. Assange se aliviara rápidamente, su salud se deterioraría, lo que podría resultar en su muerte.[xxxii] El padre del Sr. Assange, el Sr. John Shipton, informó que su hijo fue sometido a tortura física al ser colocado en una ‘caja caliente’ por las autoridades carcelarias. [xxxiii] El 1 de noviembre de 2019, Melzer declaró: «a menos que el Reino Unido cambie urgentemente el rumbo y alivie la situación inhumana del Sr. Assange, la exposición continua a la arbitrariedad y el abuso, este tratamiento puede terminar costándole la vida pronto».[xxxiv] Poco después, el 22 noviembre 2019, más de 60 médicos de todo el mundo expresaron serias preocupaciones sobre la mala salud física y mental del Sr. Assange, que incluyó advertencias sobre su riesgo de vida y solicitó su traslado a un hospital debidamente equipado y con el personal adecuado para su diagnóstico y tratamiento.[xxxv]

Además, los empleados de UC Global, que trabajaban en la embajada ecuatoriana, revelaron que la CIA discutió activamente y consideró el secuestro o envenenamiento del Sr. Assange.[xxxvi] Esto muestra un desprecio sorprendente por su derecho a la vida y el debido proceso legal del mismo gobierno que busca su extradición.

Nos gustaría señalar al gobierno del Reino Unido que:

  • tiene el deber de proteger el derecho del Sr. Assange a la vida, que es el derecho humano más fundamental, consagrado en el art. 6 del PIDCP, art. 2 del CEDH y el art. 2 de la Ley Británica de Derechos Humanos (HRA 1998);
  • la prohibición de la tortura es una norma del derecho internacional consuetudinario y constituye jus cogens. La prohibición es absoluta y, por lo tanto, no puede haber una excepción disponible bajo ninguna circunstancia, incluida la guerra, la emergencia pública o la amenaza terrorista. También está consagrado en el art. 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), arts. 7 y 10 del PIDCP, CCT, y el art. 3 CEDH;
  • tiene obligación incondicional, en los términos del art. 12 CCT, para garantizar que sus autoridades competentes lleven a cabo una investigación pronta e imparcial, que hasta ahora no se ha iniciado; y
  • que es un estado miembro de la Organización Mundial de la Salud, cuya Constitución establece: “El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social… todo el mundo debería tener acceso a los servicios de salud necesitados, cuándo y dónde ellos los necesiten.”

Hacemos un llamamiento al gobierno del Reino Unido para que tome inmediatamente las medidas apropiadas para poner fin a la tortura infligida al Sr. Assange; para poner fin a su detención arbitraria e ilegal; y para permitirle acceder a un diagnóstico y tratamiento médico independientes en un entorno hospitalario apropiado. Que los médicos, y sus previas preocupaciones las cuales han sido ignoradas, sean pedidas a los gobiernos para que asi se  «pongan fin a la tortura y la negligencia médica de Julian Assange» en la famosa revista médica The Lancet es extremadamente preocupante.[xxxvii]

D) VIOLACIONES DEL DERECHO A UN PROCESO EQUITATIVO

Condenamos la negación al Sr. Assange del derecho a un juicio justo ante los tribunales del Reino Unido. Este derecho fue rechazado de la siguiente manera:

  1. Conflictos de intereses

La magistrada principal (tribunales de magistrados) Emma Arbuthnot, a cargo de supervisar los procedimientos en el proceso de extradición del Sr. Assange, ha demostrado lazos financieros con instituciones e individuos cuyas irregularidades han sido expuestas por WikiLeaks.[xxxviii] Sin embargo, este evidente conflicto de intereses no fue declarado por la magistrada. Arbuthnot no declaró que estaba impedida y estaba permitida a tomar decisiones en detrimento de Assange, a pesar de la manifiesta falta de imparcialidad e independencia judicial. En respuesta a la defensa del Sr. Assange, que planteó las preocupaciones legítimamente patentes sobre la parcialidad del proceso, otro magistrado, Michael Snow fue el que respondió demostrando prejuicio y falta de profesionalismo al participar en la difamación del Sr. Assange. El magistrado lo rotula diciendo que “su afirmación de que no tuvo una audiencia justa es de hacer reír. Y su comportamiento es el de un narcisista que no puede superar sus propios intereses egoístas.”[xxxix]

  1. Desigualdad de armas

Al Sr. Assange no se le dio el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa, violando el principio de «amplia defensa e igualdad de armas», inherente a la presunción de inocencia y al Estado Democrático de Derecho.

Después de su arresto, la policía británica no permitió que el Sr. Assange recolectara y se llevara sus pertenencias.[xl] Posteriormente, el Sr. Assange fue privado de sus lentes de lectura durante varias semanas.[xli] Hasta finales de junio de 2020 también se le negó el acceso a una computadora. Si bien, ahora se le ha proporcionado una computadora, Ésta no tiene acceso a Internet y es de solo lectura, lo que evita la posibilidad de que el Sr. Assange escriba alguna nota, por lo que no es adecuada para la preparación de su defensa. Además, al Sr. Assange se le negó el acceso a la acusación en sí durante varias semanas después de su presentación y su acceso a otros documentos legales sigue siendo aún limitado hasta el día de hoy debido a la burocracia y la falta de confidencialidad en la correspondencia de la prisión. Además, a pesar de la complejidad del caso y la severidad de la sentencia a la que el Sr. Assange se enfrentaría si fuera extraditado para ser juzgado en los Estados Unidos, las autoridades penitenciarias no se aseguran de que el Sr. Assange pueda consultar adecuadamente a su equipo legal y prepararse para su defensa, restringiendo severamente tanto la frecuencia como la duración de sus visitas legales. Desde mediados de marzo de 2020, Assange no ha podido reunirse en persona con sus abogados.

Los efectos de la tortura a la que fue sometido el Sr. Assange afectaron visiblemente su capacidad para preparar su defensa y, a veces, incluso para responder preguntas básicas durante las audiencias, tales como preguntas sobre su nombre y fecha de nacimiento.[xlii] Aunque las próximas audiencias se han retrasado hasta septiembre, no está claro si esto le permitirá al Sr. Assange el tiempo y los recursos suficientes para preparar su defensa, ya que no puede comunicarse con sus abogados (debido a su encarcelamiento durante la pandemia) además de que llamadas telefónicas se restringen a 10 minutos.

  1. Denegación de la participación efectiva del acusado en el juício y en la formación de la decisión judicial (Principio de contradicción y derecho de defensa)

El Sr. Assange y sus abogados han informado repetidamente al Tribunal de su incapacidad para seguir adecuadamente los procedimientos, consultar con sus abogados de manera confidencial y darles instrucciones adecuadas en la presentación de su defensa debido a que se le impidió sentarse con ellos y estar confinado a una caja de vidrio a prueba de balas. La disposición de los asientos ha obligado al Sr. Assange a recurrir a llamar la atención del juez o de las personas que se sientan en la galería pública, para alertar a sus abogados que están sentados en la sala de la corte de espaldas a él. Aunque la jueza de distrito Vanessa Baraitser aceptó que la decisión de permitirle al Sr. Assange sentarse con sus abogados estaba dentro de sus poderes, sin embargo, ella se negó a ejercer su poder a favor del Sr. Assange, a pesar de que la fiscalía no hizo ninguna objeción a la solicitud. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación ante el hecho de que, si no se toman las medidas adecuadas en futuras audiencias para garantizar la participación efectiva del Sr. Assange, la imparcialidad de los procedimientos se vería afectada.[xliii]

  1. Negativa a resolver problemas de abuso contra el encausado

Los abogados de Assange informaron al tribunal de que en un solo día, el 22 de febrero, las autoridades carcelarias lo esposaron 11 veces, lo colocaron en cinco celdas diferentes, lo desnudaron y lo registraron dos veces y confiscaron todos sus documentos legales y confidenciales. Sin embargo, la magistrada, Vanessa Baraitser, se negó explícitamente a intervenir ante las autoridades de la prisión, alegando no tener jurisdicción sobre las condiciones de custodia. Este tratamiento anómalo fue condenado por el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados.[xliv] La copresidenta Anne Ramberg, doctora en derecho, lo calificó como “un grave comprometimiento del debido proceso y del Estado democrático de derecho.”[xlv] Psiquiatras y psicólogos internacionales citaron lo ocurrido como una prueba más de tortura psicológica.[xlvi]

Advertimos al gobierno del Reino Unido que el derecho a un proceso equitativo es la piedra angular de la democracia y del Estado democrático de derecho, tratándose de un derecho constitucional fundamental consagrado en el art. 10 DUDH, art. 14 PIDCP, art. 6 CEDH y art. 6 HRA. Estas disposiciones, junto con los principios fundamentales de la ley, requieren una audiencia justa y pública ante un tribunal independiente e imparcial, la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad, el derecho a ser informado de manera inmediata y detallada sobre la naturaleza y la causa de los cargos, el derecho a tener el tiempo y las instalaciones adecuadas para la preparación de la defensa y el derecho a comunicarse con sus abogados.

Por estas razones, solicitamos respetuosamente que el gobierno del Reino Unido proceda con la liberación inmediata del Sr. Assange y archive a los procedimientos de extradición iniciados contra el Sr. Assange.

Atentamente,

Juristas por Assange

(Lawyers for Assange)

lawyers4assage.org

[i] The Central Intelligence Agency, The National Security Agency, U.S. Department of Defense, U.S. Department of State.

[ii] José María Irujo, ‘Director of Spanish security company that spied on Julian Assange arrested’, El País, (9 October 2019) available at:

[iii] Council of Bar and Law Societies of Europe (CCBE), CCBE Letter regarding the interception of communications between Julian Assange and his lawyers addressed to Ms. Priti Patel, 24 February 2020.

[iv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert on privacy seriously concerned by Ecuador’s behaviour in Assange and Moreno cases’, (23 May 2019),available at:

[v] United Nations Model Extradition Treaty, Art. 3(f); International Covenant on Civil and Political Rights, Art. 14.

[vi] In the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, United States v. Julian Paul Assange, 24 June 2020, available at: https://www.justice.gov/opa/pr/wikileaks-founder-charged-superseding-indictment, supersedes the indictment In the United States District Court for the Eastern District of Virginia, Alexandria Division, United States v. Julian Paul Assange, 23 May 2019, available at: https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1165556/download.

[vii] David Sadoff, Bringing International Fugitives to Justice, (Cambridge University Press, 2016), p. 202.

[viii] For example, Mike Pompeo, US Secretary of State and former CIA Director, 13 April 2017 ‘WikiLeaks walks like a hostile intelligence service and talks like a hostile intelligence service… And it overwhelmingly focuses on the United States, while seeking support from anti-democratic countries and organizations. It is time to call out WikiLeaks for what it really is – a non-state hostile intelligence service often abetted by state actors’

[ix] R. Stuart Phillips, ‘The Political Offence Exception and Terrorism: Its Place in the Current Extradition Scheme and Proposal for Its Future’, 15 Dickinson Journal of International Law, (1997) p. 342.

[x] Amnesty International, ‘US/UK: Drop charges and halt extradition of Julian Assange’, (21 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/.

[xi] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, RT, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xii] Allard K. Lowenstein, The Darkest Corner: Special Administrative Measures and Extreme Isolation in the Federal Bureau of Prisons (International Human Rights Clinic; The Centre for Constitutional Rights, 2017).

[xiii] Report submitted by the Special Rapporteur on Torture, Mr. Theo van Boven, Civil and Political Rights in Particular Issues Related to Torture and Detention, UN Doc. E/CN.4/2002/137, 26 February 2002, para. 14, and Committee against Torture (CAT), General Comment No. 4: On the implementation of Article 3 of the Convention in the context of Article 20, advanced unedited version, 9 February 2018, para. 9. This paragraph states that «The principle of “non-refoulement” of persons to another State where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of being subjected to torture is similarly absolute».

[xiv] The term ‘Latin American tradition of asylum’ commonly refers to the catalogue of bilateral and multilateral treaties related to the legal institution of territorial and diplomatic asylum adopted for the benefit of politically persecuted persons in Latin America, including the non-extradition clause for political crimes or political motives.

[xv] Advisory Opinion OC-25/18 of 30 May 2018 requested by the Republic of Ecuador, Inter-American Court of Human Rights (IACrtHR), (30 May 2018), available at:

https://www.refworld.org/cases,IACRTHR,5c87ec454.html, paras. 188-189; see also European Commission on Human Rights, W.M. v. Denmark, No. 17392/90. Decision on Admissibility of 14 October 1992, para. 1, and Human Rights Committee, Case of Mohammad Munaf v. Romania (Communication No. 1539/2006), UN Doc. CCPR/C/96/D/1539/2006, Views adopted on 21 August 2009, paras. 14.2 and 14.5.

[xvi] David Greene, at conference organised by GUE/NLG, European Union Left – Nordic Green Left, Journalism Is Not A Crime – The Assange Extradition Case, (14 November 2019), available at: https://web-guengl.streamovations.be/index.php/event/stream/journalism-is-not-a-crime-the-assange-extradition-case.

[xvii] Julian Assange should not be extradited due to potential impact on press freedom and concerns about ill-treatment, Commissioner for Human Rights for the Council of Europe (20 February 2020), available at: https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/julian-assange-should-not-be-extradited-due-to-potential-impact-on-press-freedom-and-concerns-about-ill-treatment.

[xviii] European Court of Human Rights (ECtHR), Goodwin v United Kingdom, para. 39.

[xix] Mohamed Elmaazi, ‘Assange Extradition: US Government Claims Foreign Journalists Aren’t Protected by First Amendment’, Sputnik International (24 January 2020), available at: https://sputniknews.com/uk/202001231078116774-assange-extradition-us-government-claims-foreign-journalists-arent-protected-by-first-amendment-/; This was already previously hinted at by former CIA director Mike Pompeo who claimed that the First Amendment of the US Constitution should not apply to Mr. Assange at all, as he is not a US citizen. Glenn Greenwald, ‘Trump’s CIA Director Pompeo, Targeting WikiLeaks, Explicitly Threatens Speech and Press Freedoms’, The Intercept (14 April 2017), available at: https://theintercept.com/2017/04/14/trumps-cia-director-pompeo-targeting-wikileaks-explicitly-threatens-speech-and-press-freedoms/.

[xx] Courage foundation, Briefing for the Council of Europe, ‘Why Opposing Julian Assange’s Extradition to the U.S. Matters for European Democracy’, (March 2019), available at: https://defend.wikileaks.org/wp-content/uploads/2019/03/Council-of-Europe-briefing.pdf.

[xxi] Speak Up for Julian Assange: International journalist statement in defence of Julian Assange, available at: https://speak-up-for-assange.org/journalists-speak-up-for-julian-assange/.

[xxii] Amnesty International, ‘ US/UK: Drop charges and halt extradition of Julian Assange’, (21 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/usuk-drop-charges-and-halt-extradition-of-julian-assange/.

[xxiii] Council of Europe, Parliamentary Assembly, ‘Threats to Media Freedom and Journalists’ Security in Europe’, Resolution 2317 (2020), para. 6.2.

[xxiv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert says «collective persecution» of Julian Assange must end now, (31 May 2019)’, available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24665.

[xxv] Ibid.

[xxvi] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, RT, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xxvii] United Nations Human Rights Council, Working Group on Arbitrary Detention, Opinion No. 54/2015 concerning Julian Assange (Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland), A/HRC/WGAD/2015, (22 January 2016) available at: http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/A.HRC.WGAD.2015.docx.

[xxviii] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘United Kingdom: Working Group on Arbitrary Detention expresses concern about Assange proceedings’, (3 May 2019), available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24552&LangID=E.

[xxix] Deborah Shipley, Criminal Litigation Practice and Procedure, (2019), p 56: » Si bien no responder a la fianza en la estación de policía es técnicamente un delito penal, es muy raro en la práctica que la policía acuse a un sospechoso de este delito.»

[xxx] Lizzie Dearden, ‘Julian Assange ‘too ill’ to attend latest court hearing in US extradition case’, The Independent, (1 June 2020), available at https://www.independent.co.uk/news/uk/crime/julian-assange-court-hearing-us-extradition-health-ill-sick-a9543126.html.

[xxxi] Open Letter to UK Home Secretary Priti Patel and Shadow Home Secretary Diane Abbott, (23 November 2019), available at: https://consortiumnews.com/2019/11/23/doctors-petition-uk-home-secretary-over-julian-assange/ and https://medium.com/@doctors4assange.

[xxxii] ‘UN torture rapporteur: Julian Assange’s detention has no legal basis’, Going Underground, (30 November 2019), available at: https://www.rt.com/shows/going-underground/474719-un-torture-rapporteur-assange/.

[xxxiii] John Shipton at GUE/NLG, European Union Left – Nordic Green Left, Journalism Is Not A Crime – The Assange Extradition Case, (14 November 2019), available at: https://web-guengl.streamovations.be/index.php/event/stream/journalism-is-not-a-crime-the-assange-extradition-case.

[xxxiv] United Nations Human Rights Office of the High Commissioner, ‘UN expert on torture sounds alarm again that Julian Assange’s life may be at risk’, (1 November 2019), available at: https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25249.

[xxxv] Open Letter to UK Home Secretary Priti Patel and Shadow Home Secretary Diane Abbott, (23 November 2019), available at: https://consortiumnews.com/2019/11/23/doctors-petition-uk-home-secretary-over-julian-assange/ and https://medium.com/@doctors4assange.

[xxxvi] Conrad Duncan, ‘Julian Assange: WikiLeaks founder ‘at high risk of suicide’ if extradited to US, hearing told’, The Independent (24 February 2020), available at: https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/julian-assange-extradition-hearing-wikileaks-suicide-us-trump-a9356141.html.

[xxxvii] Frost S, Johnson L, Stein J, Frost W. End torture and medical neglect of Julian Assange. The Lancet. 2020 Mar 7; 395:e44–5. Hogan W, Frost S, Johnson L, Schulze T G, Nelson E A, Frost W. The ongoing torture and medical neglect of Julian Assange. The Lancet. 2020 Jul 4; 396:22-23.

[xxxviii] Matt Kennard and Mark Curtis, ‘Revealed: Chief magistrate in Assange case received financial benefits from secretive partner organisations of UK Foreign Office’ (21 February 2020), available at: https://www.dailymaverick.co.za/article/2020-02-21-revealed-chief-magistrate-in-assange-case-received-financial-benefits-from-secretive-partner-organisations-of-uk-foreign-office/.

[xxxix] Simon Murphy, ‘Assange branded a narcissist by judge who found him guilty’, The Guardian, (11 April 2019), available at: https://www.theguardian.com/media/2019/apr/11/assange-branded-a-narcissist-by-judge-who-found-him-guilty.

[xl] Mandate of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Reference UA GBR 3/2019, 27 May 2019, Geneva, available at: https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=24641, p. 8.

[xli] John Pilger, Talk given at Free the Truth conference, Novemer 2019, available at: https://www.youtube.com/watch?v=DH0s8hGLS6A&feature=share&fbclid=IwAR1jD_2OQuuHAoBkpksctnHj0UGt-A05epeihobvjzmqryfu0zXi_Ux1qG8.

[xlii] Jack Peat, ‘Assange “struggles to say his own name” as he appears in curt’, The London Economic, (21 October 2019), available at: https://www.thelondoneconomic.com/politics/assange-struggles-to-say-his-own-name-as-he-appears-in-court/21/10/.

[xliii] Amnesty International, ‘UK: Amnesty International urges the UK to guarantee a fair extradition process to Julian Assange’ (27 February 2020), available at: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/02/uk-amnesty-international-urges-the-uk-to-guarantee-a-fair-extradition-process-to-julian-assange/.

[xliv] International Bar Association, the global voice of the legal profession, ‘IBAHRI condemns UK treatment of Julian Assange in US extradition trial’, (10 March 2020), available at: https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=c05c57ee-1fee-47dc-99f9-26824208a750.

[xlv] Ibid.

[xlvi] Lissa Johnson, ‘Psychological Torture, Coronavirus, and Julian Assange’, Concurrent Disorders, (2 April 2020) available at: https://concurrentdisorders.ca/2020/04/03/psychological-torture-coronavirus-and-julian-assange/

Originalmente publicada en: Lawyers for Assange

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