Mariano Rajoy redujo año tras año el gasto público presupuestado en Sanidad, hasta dejarlo por debajo del 6% del PIB, más de un punto por debajo de la media europea.

El líder del PP, Pablo Casado, ha comparecido este lunes ante los medios de comunicación tras mantener una reunión con algunos alcaldes de su partido. En la intervención ha pedido al resto de formaciones, especialmente y de forma implícita al Gobierno, que no se den «datos falsos» sobre presuntos recortes en Sanidad durante la etapa de Mariano Rajoy en el poder.

Casado ha negado que su partido haya hecho recortes en Sanidad ni siquiera «en los peores años de la crisis»: «Pedimos que no haya críticas a la gestión de alcaldes o presidentes autonómicos por ser de otro partido y mucho menos que se intenten dar datos falsos sobre supuestos recortes o detrimentos de recursos para la Sanidad o los Servicios sociales», ha señalado.

El líder popular ha continuado: «Al revés en los últimos años hemos experimentado un gran esfuerzo todas las administraciones para que en los peores años de la crisis económica se haya podido invertir en servicios sanitarios». «Tenemos mejor sistema sanitario de Europa» y, a pesar de los momentos críticos, el PP «está a la altura de las circunstancias».

Los datos más básicos desmontan a Casado

Las palabras de Casado resultan ofensivas por su falta de realismo, ya que las cifras, sin profundizar en demasía, desmontan totalmente sus palabras. Mariano Rajoy redujo año tras año el gasto público presupuestado en Sanidad, hasta dejarlo por debajo del 6% del Producto Interior Bruto (PIB), más de un punto por debajo de la media europea. Tras la era Rajoy, España quedó en el puesto 15 de los 28 países de la UE, muy lejos de los países más desarrollados y por detrás de países más pobres como Eslovaquia, Eslovenia o Croacia.

Durante los gobiernos del PP en la comunidad se clausuraron casi 3.000 camas hospitalarias (una de cada cinco) y se despidió a 3.200 trabajadores de la sanidad pública, al tiempo que se invertía en contratar la construcción de siete hospitales privados con fondos buitres y empresas implicadas en la financiación ilegal del partido. 

Los sobrecostes acumulados de las privatizaciones ascienden a 3.483 millones de euros, según la denuncia presentada por Podemos ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles delitos de malversación, prevaricación, fraude y tráfico de influencias. 

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