Glovo pide a los ‘riders’ que se movilicen contra la ley de Trabajo que busca acabar con los falsos autónomos

«Cuántos más seáis más caso os van hacer» expuso uno de los fundadores de Glovo en referencia a que desde la empresa están pidiendo a los trabajadores que se manifiesten contra la ley de Trabajo que busca acabar con los falsos autónomos.

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La multinacional Glovo, según informa Eldiario.es, organizó a lo largo de la pasada semana diversas reuniones telemáticas, «a través de Zoom», para tratar el tema de la nueva legislación elaborada por el Gobierno.

En estas, Sacha Michaud, uno de los fundadores de la empresa pidió a los mensajeros ue se organicen y agrupen en las asociaciones de repartidores afines a las empresas para reivindicar el modelo de autónomos: «Cuantos más seáis, más se os escuche a vosotros, más caso os van a hacer, porque sois la parte más importante de este debate», afirmó Michaud en la videollamada.

Las videollamadas, que contaron con la participación de Sacha Michaud, co-fundador de Glovo junto a Oscar Pierre, y con Miguel Ferrer, responsable de asuntos públicos de Glovo tuvieron una asistencia bastante grande, según explica el medio digital. «En la primera estaban conectadas unas 500 personas y es la del vídeo que compartió RidersxDerechos en Twitter. Dado que surgieron algunos problemas técnicos, la empresa repitió el encuentro digital el viernes por la tarde, con algo más de 400 personas conectadas».

De este modo se abrió la veda en la empresa para pedir que se siga fomentando el modelo de negocio de los falsos autónomos, ante la nueva regulación del Ministerio de Trabajo, que aún, como destacaron los directivos «se encuentra en fase de negociación en el diálogo social», y según sus propias encuestas «más del 70% dijo que quería ser autónomo».

Mercadona despide a un empleado veterano por «lucrarse» ahorrando 2,51 euros en pollo que era para tirar

José Francisco ha trabajado 27 en Mercadona y ha sido despedido por «lucrarse» comprando pollo para sus perros.

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José Francisco Sánchez Guerrero, quien ha trabajado 27 de sus 51 años en Mercadona, ha sido despedido por comprar cuatro bandejas de carcasas de pollo rural que iban a ser desechadas.

El 12 de septiembre compró el pollo para sus perros, que iba a ser tirado a la basura esa misma noche y tenían un descuento extraordinario del 50%, que él mismo había aplicado, así que le costaron 1,25 euros/kilo, en lugar de los 2,50 euros/kilo. En lugar de pagar 5,02, se llevó todo por 2,51.

A José Francisco le tocó trabajar ese día en charcutería y carnicería y se dio cuenta de que había una gran cantidad de productos que debían ser descartados al final de la jornada, así que adoptó la dinámica habitual: ofrecer descuentos de liquidación. 

Hacia la hora de cierre, aplicó más liquidaciones a clientes y compañeros, y ya cerca de las nueve y media cometió un «error» que le ha costado el trabajo: en vez de aplicar el descuento habitual, de hasta el 20%, rebajó el 50%. Las cuatro bandejas de carcasas de pollo, que costaban 5,02 euros, pasaron a costar 2,51 euros.

El 16 de septiembre la empresa le entregó la carta de despido, alegando un «claro ánimo de lucrarse y de beneficiarse de ese precio privilegiado que usted se ha puesto». 

La carta relata el incidente de las carcasas de pollo. Se acusa al trabajador de liquidar «de forma consciente y premeditada» el precio de cuatro bandejas del producto carcasa de pollo rural a un 50% y señala que esto ya es un incumplimiento «muy grave» de los «métodos». «Se descubre que esos productos que liquidó al 50% son comprados por usted al finalizar el turno».

El abogado del trabajador solicitará la nulidad del despido y su readmisión o que, si no, se declare improcedente. Además, alega que se han vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que pide una indemnización.

El Tribunal Supremo declara que los repartidores de Glovo son falsos autónomos

El Alto Tribunal ha declarado que la relación existente entre un repartidor (rider) y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral.

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El Tribunal Supremo ha dictaminado que la relación existente entre los repartidores y la empresa Glovo tiene naturaleza laboral y ha declarado falsos autónomos a los «riders».

Para el Tribunal, «Glovo no es una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores. Es una empresa que presta servicios de recadería y mensajería fijando las condiciones esenciales para la prestación de dicho servicio. Y es titular de los activos esenciales para la realización de la actividad. Para ello se sirve de repartidores que no disponen de una organización empresarial propia y autónoma, los cuales prestan su servicio insertados en la organización de trabajo del empleador».

Por su parte, Glovo ha explicado a través de un comunicado que respeta la sentencia del Tribunal Supremo y espera la definición de un marco regulatorio adecuado por parte del Gobierno y Europa.

Además, la empresa sostiene que desde siempre ha defendido una legislación a nivel estatal. «El debate en los tribunales se encuentra abierto, ya que hay varias sentencias que validan el modelo, como la última del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TSUE), y otras contrarias, como en España», ha señalado.

Glovo espera así a una regulación por parte del Gobierno y de Europa y pide un diálogo con asociaciones, agentes sociales y el Ministerio porque, según defiende, quiere ser parte activa de la solución.

«La compañía quiere ser parte activa de la solución, manteniendo una posición abierta y de consenso con las asociaciones, agentes sociales y el Ministerio para ser parte de la solución y no del problema», han explicado.

Este fallo del Supremo marca ahora un antes y un después en la batalla judicial entre las empresas de repartos a domicilio y los trabajadores. Además se ha conocido justo cuando desde el departamento del Gobierno dirigido por Yolanda Díaz pretenden hacer una reforma laboral para proteger laboralmente a los «riders».

Por su parte, UGT aplaude la sentencia del Supremo y considera que se «acabaría con el abuso laboral y la mercantilización del trabajo» en el sector.

También la plataforma Riders X Derechos ha celebrado que el Supremo les haya dado la razón y piden que la empresa acabe con la falsa autonomía.

Otro caso que está pendiente de que el Supremo lo acepte a trámite es la macrocausa de Seguridad Social contra Deliveroo. En esta causa, Inspección de Trabajo consideró a 512 repartidores como asalariados, pero Deliveroo impugnó el procedimiento. Ahora, al ver el fallo del Supremo con Glovo, se espera una resolución de la misma índole de dicho procedimiento.

Juez condena al PP a readmitir a una administrativa despedida o a indemnizarla con 67.915 euros

La empleada contaba con una antigüedad reconocida desde febrero de 1986.

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El Juzgado de lo Social número 4 de Madrid ha estimado la demanda de una administrativa que trabajó para el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados desde 1986 y declara improcedente su despido. La empleada deberá ser readmitida o indemnizada con 67.915 euros.

La empleada del grupo presentó la demanda en julio de 2019 interesando la nulidad o improcedencia del despido y solicitando el reingreso o que le pagaran además de la indemnización otra por vulneración de derechos fundamentales de 25.521 euros. Sin embargo, esta última petición no ha sido atendida por el juzgado.

La empleada trabajó para el Grupo Parlamentario Popular y contaba con una antigüedad reconocida desde febrero de 1986. Los contratos con el PP los alternaba con los de personal eventual de las Cortes Generales ya que hacía las funciones de asistente de presidentes de comisiones del Congreso o de vocales de la Diputación Permanente.

«Cuando R.R.S. era propuesta como asistente por los presidentes de la Comisión del Congreso, una vez confirmado el nombramiento, lo comunicaba al Grupo Parlamentario Popular, pasando a ser trabajadora eventual de las Cortes», señala el escrito.

Tras trabajar como personal eventual, volvía al grupo parlamentario hasta que de nuevo pasaba otra vez a prestar servicio en las Cortes. Y esto fue así hasta que en mayo de 2019 pidió el reingreso en el Grupo Parlamentario Popular. No obtuvo contestación.

A pesar de esto, ella se presentó en su puesto de trabajo, pero no se le permitió la entrada porque «estaba dada de baja, estaba disuelto el Grupo Parlamentario Popular y no contaba con la autorización de ningún diputado para ello».

Detenido el dueño de un bar por obligar a trabajar a empleados contagiados de coronavirus

El Govern pide colaboración de la ciudadanía para que las personas que hubieran estado en el restaurante entre el 10 y el 14 de este mes se hagan una prueba PCR.

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El propietario del restaurante El Pirata de Formentera, en Baleares, fue detenido el pasado domingo y quedó posteriormente en libertad acusado de presuntos delitos de lesiones y contra los derechos de los trabajadores por tener a los empleados en cuarentena trabajando.

El local fue clausurado el 14 de agosto por orden del Gobierno de Baleares y se hizo un llamamiento para que los clientes que habían estado en el establecimiento entre el 10 y el 14 de agosto se sometieran a pruebas PCR para comprobar si se habían contagiado.

Este cierre se produjo tras conocer que cinco trabajadores que debían guardar cuarentena por haber estado en contacto con dos empleados que habían dado positivo por Covid-19 seguían trabajando. Según ha informado la Guardia Civil, el propietario Joan Yern Mayans, pasó la noche del domingo en el calabozo y el lunes quedó en libertad con cargos.

Desde Salud han informado de que hay un total de 15 trabajadores contagiados. Aún así, han especificado que no se ha hecho recuento de las personas que se hayan podido poner en contacto con la conselleria a raíz del llamamiento.

El Govern lanzó un comunicado a mediados de agosto para pedir colaboración de la ciudadanía para que las personas que hubieran estado en el restaurante entre el 10 y el 14 de este mes se hagan una prueba PCR.

Joaquim Bosch: «En 16 años como juez instructor no he tenido una sola ocupación de primera vivienda»

El magistrado señala que «hay que aplicar la ley, pero también garantizar el derecho a la vivienda, sin generar miedo social por intereses económicos».

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Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, ha querido aportar su grano de arena al debate sobre la ocupación. A este respecto, desde varios sectores de la sociedad se critica que se están sacando las cifras de contexto con intenciones políticas para asustar a la sociedad.

«En 16 años como juez instructor no he tenido una sola ocupación de 1ª vivienda», señaló el juez en su cuenta de Twitter. «Todas han sido de inmuebles vacíos, sobre todo de bancos y otras entidades», detalla.

Bosch señala que «hay que aplicar la ley, pero también garantizar el derecho a la vivienda, sin generar miedo social por intereses económicos».

Muy a pesar de las compañías de seguros y de alarmas, de las más de 25 millones de viviendas que existen en España según el censo de 2011, en 2019 fueron denunciadas por usurpación una de cada 3.571 viviendas.

Arrendar o comprar una vivienda supondría, para una persona joven asalariada, destinar el 90,7% y el 60,4% de su sueldo neto, respectivamente. Las opciones de compra también vienen lastradas por los requisitos previos de solvencia y ahorro que pocas personas jóvenes pueden llegar a satisfacer, describe. En gran parte del territorio, cualquier modalidad de emancipación para una persona joven supone sobreendeudarse, es decir, dedicar más de un 30% de sus ingresos a la vivienda.

Apuntado con una pistola a la cabeza y maniatado: un migrante destapa una trama de explotación en Galicia

La denuncia presentada por el trabajador destapó un modo de captar a trabajadores en situación irregular y engañarlos.

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Tras recoger piedras en una finca en Tordoia junto a otros tres trabajadores, municipio rural cercano a Santiago de Compostela, el protagonista de esta historia de explotación preparaba el terreno para cultivar hortalizas y legumbres.

Cuando finalizaron su labor, el patrón, que los había contratado a través de una página web de anuncios, pasó a recogerlos. Sin embargo, ese no era un día más:
Bure (nombre supuesto. Libre, en suajili) había grabado las abusivas condiciones en las que trabajaban tanto él como sus compañeros

Según explican fuentes de la investigación a ElDiario.es, a finales del pasado junio con un aviso de busca de «trabajadores para el campo» anuncio de Internet al que respondió Bure, un marroquí que lleva más de tres años en España intentando ganarse la vida, con experiencia como peón agrícola pero en situación irregular.

Justo esta última condición, la de «irregular», fue lo primero que comentó a su empleador y este, sin poner ningún problema, se ofreció para solucionarlo. Las condiciones eran un contrato con el que conseguiría la ansiada legalidad a cambio de 2.500 euros. El salario que recibiría serían mil euros, horas extra aparte, por limpieza de fincas, recolección de hortalizas y replantación. Bure pagó y no volvió a saber de lo acordado.

Bure, hastiado del funcionamiento del entremado, tomó imágenes del trabajo que tenía que realizar junto con sus compañeros con su teléfono móvil, pero el patrón se dio cuenta, le arrebató el dispositivo e intentó borrar el material gráfico. El empresario, acompañado de su segundo y de otra persona, sacó una pistola y apuntó a la cabeza del empleado, lo esposó y lo dejó en una silla durante horas.

Por la noche se lo llevaron maniatado al monte y lo abandonaron a su suerte. Consiguió soltarse y avisar a un compañero, que avisó a la policía. Ahora, la causa abierta por el juzgado de Ordes (A Coruña) llevó a la prisión provisional sin fianza del empresario por «detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores, saliendo un mes después en libertad provisional.

La denuncia destapó un modo de captar a trabajadores en situación irregular. El patrón, cuyas fincas y naves se encuentran en los municipios de Tordoia y Santa Comba, ofrecía trabajo agrícola y cobraba 420 euros a sus futuros trabajadores por gestionar documentación relativa a los permisos de trabajo. Cobraba dos mil quinientos si el contratado necesitaba demostrar «arraigo social».

Nunca volvían a saber nada ni de ese dinero ni de los permisos de trabajo. Les restaba del sueldo el alojamiento que el mismo gestionaba y la gasolina para desplazarlos. La denuncia de Bure acabó con todo. Lamentablemente, no es la única situación de este tipo que se da en este país y las inspecciones de trabajo son necesarias para acabar con la explotación.