La denuncia presentada por el trabajador destapó un modo de captar a trabajadores en situación irregular y engañarlos.

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Tras recoger piedras en una finca en Tordoia junto a otros tres trabajadores, municipio rural cercano a Santiago de Compostela, el protagonista de esta historia de explotación preparaba el terreno para cultivar hortalizas y legumbres.

Cuando finalizaron su labor, el patrón, que los había contratado a través de una página web de anuncios, pasó a recogerlos. Sin embargo, ese no era un día más:
Bure (nombre supuesto. Libre, en suajili) había grabado las abusivas condiciones en las que trabajaban tanto él como sus compañeros

Según explican fuentes de la investigación a ElDiario.es, a finales del pasado junio con un aviso de busca de «trabajadores para el campo» anuncio de Internet al que respondió Bure, un marroquí que lleva más de tres años en España intentando ganarse la vida, con experiencia como peón agrícola pero en situación irregular.

Justo esta última condición, la de «irregular», fue lo primero que comentó a su empleador y este, sin poner ningún problema, se ofreció para solucionarlo. Las condiciones eran un contrato con el que conseguiría la ansiada legalidad a cambio de 2.500 euros. El salario que recibiría serían mil euros, horas extra aparte, por limpieza de fincas, recolección de hortalizas y replantación. Bure pagó y no volvió a saber de lo acordado.

Bure, hastiado del funcionamiento del entremado, tomó imágenes del trabajo que tenía que realizar junto con sus compañeros con su teléfono móvil, pero el patrón se dio cuenta, le arrebató el dispositivo e intentó borrar el material gráfico. El empresario, acompañado de su segundo y de otra persona, sacó una pistola y apuntó a la cabeza del empleado, lo esposó y lo dejó en una silla durante horas.

Por la noche se lo llevaron maniatado al monte y lo abandonaron a su suerte. Consiguió soltarse y avisar a un compañero, que avisó a la policía. Ahora, la causa abierta por el juzgado de Ordes (A Coruña) llevó a la prisión provisional sin fianza del empresario por «detención ilegal, amenazas, tenencia ilícita de armas y contra los derechos de los trabajadores, saliendo un mes después en libertad provisional.

La denuncia destapó un modo de captar a trabajadores en situación irregular. El patrón, cuyas fincas y naves se encuentran en los municipios de Tordoia y Santa Comba, ofrecía trabajo agrícola y cobraba 420 euros a sus futuros trabajadores por gestionar documentación relativa a los permisos de trabajo. Cobraba dos mil quinientos si el contratado necesitaba demostrar «arraigo social».

Nunca volvían a saber nada ni de ese dinero ni de los permisos de trabajo. Les restaba del sueldo el alojamiento que el mismo gestionaba y la gasolina para desplazarlos. La denuncia de Bure acabó con todo. Lamentablemente, no es la única situación de este tipo que se da en este país y las inspecciones de trabajo son necesarias para acabar con la explotación.