210 adultos y 40 menores podrían quedarse en la calle el próximo martes 24 de noviembre en un desahucio ilegal promovido por el Ejecutivo de Almeida en plena crisis sanitaria
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El próximo martes 24 de noviembre se notificará el desahucio de 210 adultos y 40 menores que viven en el antiguo Palacio de la Infanta Carlota, situado en la Calle Luna número 32, en el madrileño barrio de Malasaña. Todo esto en plena crisis sanitaria por Covid19.
El Ayuntamiento de Madrid pretende echar a estas familias a la calle sin autorización judicial, con los recursos de los vecinos sin resolver y vulnerando la legislación española, la internacional y los derechos humanos que protegen la inviolabilidad del domicilio y el derecho a una vivienda.
Se trata de un edificio expropiado por el Ayuntamiento de Madrid en el año 2011 a un especulador iraní. En aquel momento, el Ayuntamiento informó a los vecinos que entonces vivían en el inmueble y pagaban su alquiler a dicho especulador que debían dejar de hacerlo. En 2019 el Ayuntamiento comunicó a los habitantes de este lugar el desalojo del mismo.
Los vecinos han denunciado que el Ayuntamiento pretenda realizar el desahucio “sin haber promovido soluciones habitacionales para las familias vulnerables que allí viven, muchas de las cuales son víctimas de la economía irregular y del desempleo provocado por la pandemia”.
Explican que los servicios sociales han ofrecido verbalmente habitaciones o pisos compartidos hasta un máximo tres meses, pero ninguna propuesta ha sido formal o por escrito, a pesar de que las familias así lo han pedido.
Las asociaciones ACIBU y SOS Malasaña han denunciado esta situación, añadiendo el hecho de que se pretenda desalojar a estas familias en el momento de pandemia que se está viviendo en el país.
Jordi Gordon, de SOS Malasaña, denuncia que este caso deriva de la especulación inmobiliaria que convirtió el antiguo Palacio de la Infanta Carlota en 35 apartamentos por parte de la empresa iraní Cintia. Una reforma que se llevó a cabo en la era Gallardón, y que resultó en un atentado al patrimonio histórico artístico, según denuncian en el comunicado remitido por las y los vecinos afectados.
Sánchez debe responder a esta demanda formal de evitar los desahucios en todo su espectro.
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La Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 que lidera Pablo Iglesias, ha reclamado en el seno de la coalición que el Gobierno impida «de forma efectiva» los desahucios y los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma.
Plantea Iglesias a la parte socialista del Ejecutivo la necesidad de articular medidas normativas encaminadas a la prohibición de todos los desahucios por impago de hipotecas, cuando la familia no tenga alternativa habitacional. También en el caso de lanzamientos por impago o finalización de contrato de alquiler, excepto cuando el dueño del piso sea «una persona en situación vulnerable».
Según han explicado a Europa Press fuentes de la formación morada, se exige además impedir desahucios de aquellas familias que estén en situación «precaria» y «sin alternativa habitacional» cuando vivan en pisos de «grandes tenedores» de vivienda, como fondos de inversión o bancos. A ello se suma la prohibición de los cortes de todos los suministros.
Desde Unidas Podemos están a la espera de que Sánchez responda a esta demanda formal de evitar los desahucios en todo su espectro. Se trata de un requerimiento más en materia de vivienda, que se suma a la regulación de los precios del alquiler comprometida en el acuerdo sobre Presupuestos.
En pleno estado de alarma, con toque de queda y confinamientos parciales decretados desde las autonomías, no tiene sentido pedirle a la gente al mismo tiempo que se quede en casa y ejecutar desahucios.
Contradicciones desde el Gobierno
Desde Unidas Podemos ven contradictorio el pedir a la población medidas higiénicas ante el Covid-19, como el lavado permanente de manos, cuando existen cortes de estos suministros básicos y enfatiza que para que una vivienda pueda considerarse «digna» debe tener «garantizados» servicios como agua, luz y calefacción.
Actualmente los desahucios están prohibidos hasta 31 de enero solo para aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad por los efectos del Covid-19. Sin embargo, en Unidas Podemos contrastan que en las últimas semanas se están ejecutando «muchos desahucios» de familias que ya estaban en situación de vulnerabilidad antes de la pandemia, con algunos casos «muy graves» con menores a su cargo. El Ejecutivo acordó a finales de septiembre prorrogar hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de desahucios y subidas «abusivas» en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado ‘escudo social’ para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable.
No obstante, la imposibilidad genérica de acometer el corte de suministros básicos quedó fuera de dicha ampliación refrendada en el Consejo de Ministros, pese a que la formación morada insistió en extender la vigencia para impedir dichos cortes de electricidad, gas o agua.
Parar la «pandemia de los desahucios»
Varios colectivos sociales en defensa de la vivienda se concentraron este miércoles frente al Congreso para pedir que se acaba con la «pandemia de los desahucios», prohibiéndolos «como mínimo hasta el fin de la emergencia sanitaria» y alertaron de la situación «crítica» de la Comunidad de Madrid.
Así, cifraron en 250 el número de desahucios diarios en el mes de junio y exigieron al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el fin de los lanzamientos, pues ven «absolutamente inadmisible» que se sigan produciendo.
Unidas Podemos ha puesto el acento en las cuestiones sobre la protección del acceso a la vivienda, sobre todo a raíz de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y el compromiso en la coalición de llevar al Congreso una propuesta de regulación del precio del alquiler en un plazo de cuatro meses. Consideran clave en un contexto de pandemia garantizar que la población dispone de alojamiento asegurado, algo esencial como medida de salud pública frente al Covid-19.
El Ayuntamiento señala que no se les puede ofrecer ninguna vivienda porque no están empadronados ni tienen tarjeta de residencia
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Medio centenar de personas sin hogar, olvidados por el Sistema, ocupan un edificio inacabado del barrio murciano de San Pío X, en Murcia. Las cuatro plantas de la antigua construcción albergan una veintena de chabolas hechas con cartones y materiales desechados a medida que llegan nuevos vecinos.
Sus ocupantes, dedicados a la venta ambulante, aparcacoches o integrados en alguna cuadrilla de jornaleros, entre otros trabajos precarios, se ven lastrados por la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.
“La mayoría de los habitantes del edificio llegaron aquí a raíz del estado de alarma, porque malvivían en la calle y no tenían donde refugiarse”, cuenta Rachid, que preside la Asociación Refugiados Rifeños de España (ARRE), a elDiario.es. “Algunas de estas personas tienen papeles pero sin renovar, la tarjeta de residencia caducada y algunos son asilados y refugiados, pero no han tenido suerte”, se lamenta.
El Ayuntamiento señala que no se les puede ofrecer ninguna vivienda porque no están empadronados ni tienen tarjeta de residencia. Dado el desamparo sociosanitario del colectivo, desde el Consistorio han adelantado que se va a solicitar a la Consejería de Salud colaboración para elaborar un protocolo de actuación y poder realizar PCR a las personas sin techo.
La policía ha acudido en ocasiones para asustar a los habitantes del edificio. Los agentes llegaron un día con una orden de desahucio emitida por el Ayuntamiento de Murcia y comenzaran a pedir la documentación a todo aquel que la tuviera. La misiva daba 48 horas a los ‘ocupas’ a irse del edificio y amenazaba con una salida “forzosa”.
Los ‘ocupas’ reclaman una alternativa habitacional en caso de que se ejecutara el alojo.Los migrantes alojados no entienden que con los «numerosos rebrotes» se les quiera forzar a abandonar el edificio encontrándose en una «situación de vulnerabilidad extrema».
Los malos olores y la suciedad se hacen insoportables en el sótano de la vivienda, rodeada de kilos y kilos de basura acumulada durante años. No viven como humanos, olvidados por las instituciones y esperando que no molesten demasiado. Una vergüenza para nuestra sociedad.
Ejemplo práctico que demuestra que el Gobierno tiene que aprobar una ley para regular el precio de los alquileres en todo el país
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Catalunya ha regulado el precio del alquiler por ley en aquellos municipios con más presión residencial. El Parlament aprobó en julio una proposición de ley –elaborada por el Sindicat de Llogaters y el Departament de Justícia– que contó con el apoyo de JxCat, ERC, Comuns y la CUP y que se ampara en el Código Civil Catalán.
El objetivo fue congelar los precios de los nuevos contratos y rebajar el precio medio de las renovaciones. La normativa se aplica en 60 municipios de más de 20.000 habitantes que han sufrido importantes incrementos en las cuotas, la mayoría de ellos situados en el área metropolitana de Barcelona donde, según un informe del Observatori Metropolità de l’Habitatge, las familias que viven en un piso de alquiler destinan un 45% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Entre el 2014 y el 2019 los precios, según los datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya, se han encarecido de media un 36,3% y el alquiler es ya la principal causa de desahucio en Catalunya. Según el Sindicat de Llogaters, unos cinco millones de personas se verán beneficiados por esta medida, el 70% de la población catalana.
Un ejemplo de lo necesario de esta medida la ha expuesto Jaime Palomera, miembro de Sindicat de Llogateres i Llogaters, quien ha publicado en Twitter dos fotos comparando el antes y el después de la aplicación de la ley reguladora.
«A la izquierda, antes de la ley que regula los precios del alquiler. A la derecha, después. 404€ de diferencia. No es la panacea, pero desconfía de quien te diga que esta medida no beneficia a la gente», escribe Palomera.
A la izquierda, antes de la ley que regula los precios del alquiler. A la derecha, después. 404€ de diferencia.
No es la panacea, pero desconfía de quien te diga que esta medida no beneficia a la gente. pic.twitter.com/l8E4RHJKbZ
¿Por qué es inasumible para la gente joven independizarse? ¿Cuánto se ha disparado el precio del alquiler? ¿Quién se reparte la tarta del mercado de la vivienda? ¿Se siguen ejecutando desahucios?
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Por Sergio Domínguez
En otro artículo escribí sobre el tratamiento informativo que los medios de comunicación dan al fenómeno de la okupación. Una cobertura mediática desproporcionada que esconde sus raíces en intereses políticos y económicos y anula la posibilidad de debatir con profundidad sobre el problema real de la vivienda. Por este motivo, ahora pongo el foco en el tema que más se esquiva en las tertulias televisivas y en los parlamentos, cuando debería abrir los telediarios y ocupar las portadas de todos los periódicos de nuestro país. Es hora de hablar de lo importante.
El magistrado Joaquim Bosch asegura que hay que aplicar la ley para proteger la propiedad privada pero también hay que garantizar el derecho a la vivienda. Un derecho que está recogido en nuestra constitución. Sin embargo, son muchos los obstáculos y pocas las acciones políticas para hacer efectiva tal garantía, causando una situación insólita en España: sólo uno de cada cinco jóvenes consigue emanciparse, y quien lo hace en solitario debe destinar de media el 94% de su sueldo a pagar el alquiler. Es la cifra más alta desde 2006, según el Consejo de la Juventud. Un drama que tiene lugar fundamentalmente en las capitales de provincia y que está relacionado con el precio abusivo del alquiler, que ha crecido más de un 50% desde 2015. Además, España es uno de los países de Europa con un parque de vivienda pública y social más débil debido, entre otras cosas, a su venta sistemática a distintos fondos buitres. Es el caso de Blackstone, que se ha convertido en el mayor casero de nuestro país, controlando más de 30.000 viviendas en alquiler. Sus crecientes cuotas de arrendamiento llevan a muchas familias a abandonar sus barrios o directamente a ser desahuciadas, al no poder afrontar los nuevos costes. Estos desahucios, que ya se conocen como “los más silenciosos”, suponen más del 65% de los desahucios ejecutados en un año, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
Este cóctel de precios excesivos, especulación y falta de oportunidades se traduce en un aumento significativo de personas que se ven obligadas a vivir con sus padres y, sobre todo, de personas que no tienen un hogar donde vivir, siendo ya más de 40.000 en España. Un dato que contrasta con las más de 3 millones de viviendas vacías que tenemos en el país, que supone un tercio de la viviendas vacías en Europa. Y ante esta realidad desoladora de la que nadie habla, ¿Qué hacer?
Por un lado, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) lleva desde 2009 trabajando para que se eliminen las cláusulas abusivas, se garantice el alquiler asequible, se ponga fin a los desahucios, se fomenten las viviendas sociales y se aseguren los suministros básicos. Estas medidas, que son conocidas como “las 5 de la PAH”, deberían ser la referencia de todas las instituciones públicas a la hora de proteger a las familias más vulnerables y de evitar la creación de oligopolios en el mercado de la vivienda. Las cinco llegaron al Congreso de los Diputados en 2018, como una proposición de ley cuya tramitación cayó en saco roto con los cambios de gobierno. Por otro lado, el Sindicato de Inquilinos, tras años de presión en las calles y negociaciones con la Generalitat, ha conseguido que el Parlament de Catalunya apruebe una ley para regular el precio de los alquileres. A pesar de tratarse de una ley «de mínimos», supone un precedente importantisimo para el resto de regiones y un paso histórico para revertir la situación.
Tanto la PAH como el Sindicato de Inquilinos son dos formas de señalar un mismo camino que pasa por sumar fuerzas para contrarrestar la falta de garantías en el derecho a la vivienda. Ambas ponen de relieve la necesidad de emplear acciones colectivas que insten a los poderes públicos a buscar soluciones legislativas constitucionales. Además, impulsan una cooperación social que ayuda a dejar de criminalizar la pobreza y a estar prevenidos ante la desinformación.
Es una emergencia, y al mismo tiempo una obligación, presionar desde la sociedad civil a los distintos gobiernos para que acceder a una vivienda, independizarse y formar una familia no se trate del privilegio de unos pocos. En los medios de comunicación seguirán hablando de okupación en lugar de casas vacías, invitando al miedo y la confrontación. Sin embargo, la realidad es otra y son muchas las herramientas (sindicatos, asambleas, coordinadoras, etc.) que permiten promover la esperanza y la justicia social. Todas ellas tienen algo en común: nacen de un nosotros, nacen de lo colectivo. Juntémonos para vivir más dignos, para vivir más seguros y, sobre todo, para vivir mejor.
¿Intentan vendernos miedo los medios de comunicación y partidos conservadores?, ¿hay razones para preocuparse? Desde Eulixe resuelven estas cuestiones a través de uno de los implicados más directos a nivel nacional: la empresa de seguridad y vigilancia Securitas Direct.
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Por Juan Teixeira. Artículo original de Eulixe publicado en Contrainformación a raíz de un convenio de colaboración.
El miedo es sin duda una de las emociones que más influyen en el comportamiento y toma de decisiones de los seres humanos. Esto no es nada nuevo. Los grandes líderes y dictadores de la historia siempre lo han tenido en cuenta a la hora de planificar sus estrategias de dominación. Los políticos manejan a la perfección su uso en la población. Y como no podía ser de otra manera en un sistema capitalista, las empresas también son buenas conocedoras de las ventajas de saber moldear y utilizar el miedo para conseguir aumentar sus beneficios. Y más todavía si la empresa se dedica a la seguridad. Es el caso de Securitas, “el grupo de servicios de seguridad más grande del mundo”, tal y como ellos mismos se definen, y que a la vista de los últimos acontecimientos, quizás se hayan excedido un poco en su «gestión del miedo».
El mismísimo director financiero de Securitas Direct, Rafael Miranda, afirma públicamente y sin rubores en una entrevista que su empresa es experta en gestionar el miedo para posteriormente vender tranquilidad. El entrevistador le dice que España es uno de los países más seguros del mundo, y que sin embargo es la cuarta en el ránking mundial de número de alarmas instaladas. Lleno de orgullo y satisfacción, Don Rafael contesta: esto es así porque Securitas Direct ha sido capaz de «crear una categoría, que es la necesidad de estar tranquilos». Es decir, Securitas Direct no vende protección o seguridad, sino la ilusión de tranquilidad.
Un ejemplo evidente de esta inmoral utilización del miedo como estrategia de venta lo podemos observar en la siguiente charla de formación ofrecida por la empresa a sus futuros comerciales:
Este audio al que tuvo acceso ElDiario.es evidencia la rudimentaria pero efectiva táctica que utilizan los comerciales de este tipo de empresas: se infunde miedo en un vecindario para posteriormente «vender tranquilidad». Esto sucedió en 2016. Hoy en día la técnica es similar, solo que está mucho más desarrollada. Ahora ya no se va casa por casa llamando al telefonillo asustando a la gente, sino que se utiliza una herramienta mucho más eficaz: los medios de comunicación.
Tal y como os contamos en este post, a lo largo de este verano hemos sido testigos de una aterradora campaña a través de todos los grandes medios de comunicación estatales, cuyo objetivo es asustarnos con una nueva amenaza: la okupación de viviendas. La realidad nos dice que no es un problema para el común de los ciudadanos, puesto que la okupación de viviendas habituales o segunda vivienda simplemente no existe (sería allanamiento de morada). Sin embargo, todas las televisiones y periódicos nacionales se han dedicado a crear un grave estado de paranoia con este tema, okupando las mentes de todas aquellas personas que todavía confían en su profesionalidad periodística a través del bombardeo informativo continuo y la manipulación. Aunque parezca increíble, este acoso psicológico ha venido acompañado de un importante crecimiento de las empresas de seguridad y alarmas. Y para rizar el rizo de las casualidades, resulta que los consejos de administración de las mayores empresas de comunicación, las de seguridad y las de los mayores propietarios de inmuebles tienen muchos intereses comunes.
LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD HACEN SU AGOSTO
El miedo creado a través de las televisiones respecto al tema de la okupación servirá sin duda para que los fondos buitre y bancos (los grandes propietarios de inmuebles del estado español) intenten forzar al Gobierno a aprobar una legislación más favorable a sus intereses ante la oleada de impagos que se prevé en próximas fechas, debido principalmente a la complicada situación económica y los exorbitantes precios de los alquileres. Pero además tiene otro claro efecto secundario: el crecimiento de las cuentas de beneficios de las empresas de seguridad.
Tal y como explica con orgullo en El Español José González Osma, director de la Unidad de Negocio Residencial de la multinacional norteamericana Johnson Controls, su empresa ha incrementado las ventas en España entre un 10 y un 15% «exclusivamente por el tema de la okupación». Y esto en el mes de julio. A buen seguro ese tanto por cien ha crecido desde entonces. El publireportaje disfrazado de noticia que enlazamos es bastante curioso, una especie de oda al miedo al okupa, y que sirve como claro ejemplo de cómo los medios de comunicación están al servicio de quien pague, en este caso las empresas de seguridad.
Podemos leer por ejemplo joyas como la siguiente: “el sistema jurídico español es casi más proteccionistas con el okupa que con el propietario, entonces hay un sentimiento de que te vas de casa y que cuando vuelvas puede estar okupada y encima no le puedes tocar”. Si uno tiene o busca los mínimos y esenciales conocimientos jurídicos al respecto, se dará cuenta enseguida de que esto está muy lejos de ser cierto. Sin embargo mucha gente confía en lo que dicen estos medios de comunicación, antiguamente habitados por periodistas y no por comerciales.
Llevo 27 años en los juzgados y creo que no he visto en mi vida, que yo recuerde, un caso de ocupación de vivienda de un particular, todos son de bancos o entidades. Es mentira que no se pueda actuar. Si el dueño presenta el título de propiedad, es en el acto, desalojo cautelar y en el juicio ya se verá – Juez Adolfo Carretero, magistrado titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, en declaraciones a El País.
Tan evidente es el crecimiento económico de las empresas de seguridad en España que incluso diversos fondos internacionales están empezando a interesarse. El fondo sueco EQT Value, por ejemplo, en tan solo dos días se ha hecho con el 85% de las acciones de Idealista (web inmobiliaria) y ha adquirido el 2,7% de Securitas, convirtiéndose en su cuarto máximo accionista.
No queremos ser malpensados, pero este fondo sueco tiene en sus manos una gallina de huevos de oro. A través del mayor portal inmobiliario de España, pueden maniobrar para subir los precios de los alquileres. Con estos alquileres por las nubes y una situación económica muy compleja, muchos no podrán pagar. Esto genera desahucios, conflictividad y miedo. Y los que tienen miedo contratan una alarma. Menos mal que los grandes fondos de inversión tienen sentimientos y jamás utilizarían estas sucias tácticas para aumentar sus beneficios…
Si bien la crisis del coronavirus provocó una caída en bolsa de Securitas de hasta el 20%, a lo largo de este verano ha ido remontando imparable:
A principios de este mismo año, Telefónica y Prosegur completaron la operación de compra-venta del 50% del negocio de alarmas de la empresa en España. El objetivo de esta alianza es «capturar la oportunidad de crecimiento que presenta el mercado de alarmas en España, apoyándose en el gran encaje estratégico y la complementariedad de ambos socios». Un movimiento que podría parecer extraño, pero que en el fondo es muy lógico: se trata de controlar el negocio del hogar conectado a través de la seguridad.
Como vemos, el de la seguridad es un negocio en auge en España, y la campaña de miedo con la okupación a través de los medios de comunicación, el empujoncito que necesitaba.
CON EL MIEDO GANAMOS TODOS
Si uno va siguiendo el hilo de los intereses en juego, todas las pistas le llevarán a pensar que la campaña de miedo a la okupación tiene varios ejes que la hacen rodar. Por un lado tenemos a la empresas de seguridad que aumentan sus beneficios; por otro, a los bancos y fondos buitre que buscan una legislación más útil para sus intereses; también tenemos a políticos conservadores, a los que siempre viene bien acusar a los de abajo de lo que sea para distraer mientras siguen a lo suyo. Y llegamos a la que sería la llanta de la rueda: los medios de comunicación. Quien haya estado atento a la televisión este verano sabrá bien a lo que me refiero. La campaña ha sido tan exagerada que no hace falta ni comentarla. Pero, ¿qué consiguen los medios con esto? Pues lo de siempre, cash!
Hace tiempo que el periodismo ha pasado de ser independiente a ser totalmente dependiente de sus inversores, esto no es nada nuevo. Como dijo el expresidente de Ecuador Rafael Correa, “desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta”. Y el dueño de la imprenta en España es dueño de muchas otras herramientas, así que utiliza la imprenta para obtener beneficios en todo lo que puede. Como ejemplo tenemos a uno de los mayores conglomerados de comunicación existentes a nivel nacional: Mediaset. Sus canales de televisión han sido de los más concienzudos en este bombardeo estival con los okupas. Y casualmente los principales accionistas de Mediaset son fondos buitre, con amplios intereses en el mercado inmobiliario español tal y como hemos comentado.
El otro gran grupo de comunicación que opera en el estado español es AtresMedia, cuya situación es similar. Grupos como The Windacre Partnership, Invesoc Limited o BlackRock, con intereses en diversos frentes, entre ellos el inmobiliario y la seguridad. ¿Se puede confiar en la información de un medio de comunicación que pertenece a fondos de inversión con múltiples intereses? La respuesta es sencilla: no.
Ha pasado por mi casa y el resto del barrio una chica d security direct, lo primero q me ha soltado, 'venimos por el tema d los okupas', por si quieres instalar alarma y demás, le digo a q okupas se refería, y me dice, es q no ves la tele. Se entiende ahora todo o hago un crokis
Por lo tanto, a los dueños de la imprenta les interesa y beneficia que el miedo se adueñe de la ciudadanía. Y no solo porque las demás empresas de las que participan se beneficien, sino que directamente también lo hacen. Y esto es así a través de la inversión publicitaria. Ambos, Mediaset y AtresMedia son obviamente los que más ingresos por publicidad generan. Y, ¿a que no sabéis qué empresa ha sido una de las más activas este verano en inversión publicitaria? Exacto: Securitas Direct.
Atresmedia y Mediaset lideran el ranking de presión publicitaria de agosto. Securitas Direct ha protagonizado la tercera campaña más activa del mes. No son noticias sobre okupación, son publirreportajes. Dime quién te llena el bolsillo y te diré ante quién te arrastras. pic.twitter.com/3zdcMa5POD
Corporación Financiera Alba realizó en abril de 2019 su mayor inversión del año, dejándose 557 millones para hacerse con una importante tajada del pastel de Securitas Direct. ¿Que a qué viene esto? Pues «Corporación Financiera Alba» es el decoroso nombre que le ha puesto la familia March a su holding empresarial. Si no te suena de nada, es que estás un poco desconectado de las jerarquías de poder en el estado español: la familia March es una de las más poderosas sagas que ha visto España en el último siglo. Sus participaciones empresariales legales están valoradas en más de 2.200 millones de euros, y están presentes en numerosas empresas de diferentes sectores. Entre las más destacadas están: Naturgy (5,1%), BME (12%), Parques Reunidos (21%), Indra (10%), Acerinox (19%), Dominion (5%), Euskaltel (11%), Viscofan (13%) o Ebro Foods (14%). Y todo este imperio se originó gracias a una sola «persona»: Francisco Franco.
El patriarca de este clan es Juan March Ordinas, un afamado contrabandista de tabaco y armas, empresario y financiero, que es considerado uno de los españoles más influyentes del siglo XX. Su financiación del golpe de Estado de 1936 contra el gobierno legítimo de la República fue clave para el éxito de los golpistas liderados por el dictador Francisco Franco.
Todavía en 1931, el ministro de Hacienda de la II República Jaime Carner inició una investigación de un año sobre sus actividades irregulares. Llegó a la siguiente conclusión en un famoso discurso: «O la República somete a March, o March someterá a la República». March fue detenido, pero no sometido. Los libros de cuentas de March ardieron misteriosamente. Finalmente, fue encarcelado en junio de 1932 en la cárcel Modelo de Madrid acusado de llevar a cabo actividades económicas irregulares y de financiar a Primo de Rivera, consiguiendo a cambio el monopolio del tabaco en Ceuta y Melilla. En 1933 fue trasladado a la cárcel de Alcalá de Henares, de la que se fugó sobornando al oficial de guardia.
La conclusión de Jaime Carner se convirtió en una trágica premonición: Juan March acabó apoyando financieramente el golpe de Estado de julio de 1936. A cambio, Franco le concedió el monopolio bancario y financiero del país, algo que hizo que su fortuna creciera de manera notable durante el franquismo.
De este modo, la familia March comenzó su imperio, que se traduce hoy en el milmillonario holding empresarial «Corporación Financiera Alba», heredera directa del franquismo. Con la nueva Ley de Memoria Democrática, cuyo anteproyecto se ha aprobado esta misma semana en el Consejo de Ministros, ¿se podrá nacionalizar este holding creado directamente por el franquismo? no verán eso nuestros ojos, pero es bonito soñar.
Además de tener como accionista a una afamada familia franquista, Securitas Direct también ha hecho caja en la última década gracias a otra organización heredera directa del franquismo: el Partido Popular. Además de ser partícipe activo en la campaña de miedo actual, el PP adjudicó a Securitas Direct más de 130.000 contratos durante el año 2014. Tal y como afirma Miguel Ángel Ménedez en ‘Vozpópuli’, “la crisis en la seguridad privada era un hecho y en 2013 el Gobierno de Rajoy acudió en ayuda de un sector en el que han estado relacionados desde la familia Mayor Oreja hasta el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, en Segur Ibérica, pasando por otros antiguos ministros populares con Aznar, como Arias Salgado o dirigentes como Martín Villa y numerosos nombres más”.
Los más de 250.000 contratos de vigilancia y protección de las instalaciones de la Administración General del Estado (AGE) que el Gobierno del PP suscribió o renovó automáticamente en 2013 con cincuenta empresas de seguridad ha vuelto a poner de relieve la fuerte apuesta por la privatización de una función que la Constitución encomienda en exclusiva a las autoridades públicas. Algunas empresas favorecidas incumplen los convenios colectivos, en otras se sientan exministros y familiares de dirigentes del PP, y otras aparecen en la trama Gürtel o como donantes de dinero al partido – Luis Díez, Cuartopoder
Por todo lo expuesto, y muchísimo más, parece lógico pensar que el miedo a los okupas (al igual que el miedo a los inmigrantes o cualquier otro miedo infundado) no es más que una estrategia puesta en marcha desde diferente sectores que sacan diversos beneficios de esta estrategia. Sin duda todo el mundo tiene derecho a que nadie le quite la vivienda. Pero ese derecho ya existe y está bien protegido. Así que bien haríamos en identificar rápidamente estas estrategias e inutilizarlas del mejor modo posible: no haciendo caso. Sin duda tenemos cosas mucho más importantes de las que preocuparnos como sociedad que de la okupación.
El precio acumulativo de la vivienda en alquiler en la primera mitad de 2020 ha subido en España un 52% desde junio de 2015.
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Subidas del alquiler del 68 % en la Comunidad Valenciana, del 60 % en Catalunya o del 57 % en Madrid entre 2015 y 2020. El incremento en el precio del alquiler no se detiene en España: el precio acumulativo de la vivienda en alquiler en la primera mitad de 2020 ha subido en España un 52% desde junio de 2015. Son los datos del según el estudio Variación acumulativa de la vivienda en España basado en los datos de junio de 2020 del Índice Inmobiliario Fotocasa.
“Después de varios meses con una tendencia mucho más moderada en la evolución del precio del alquiler, en el que se habían abandonado los incrementos interanuales de dos dígitos, en el mes de abril se registra un incremento interanual del 10,9%. De momento, la actual situación que estamos viviendo con el coronavirus no está haciendo que los propietarios bajen los precios del alquiler y el auge del alquiler continuará durante 2020. Es posible que tardemos algunos meses en ver la consecuencia directa del coronavirus en los precios del alquiler”, explica Anaïs López, directora de Comunicación de Fotocasa, empresa autora del estudio.
El alquiler sube en 32 provincias
El precio del alquiler sube en 32 (70%) de las 46 provincias analizadas. El incremento mensual más acusado lo registra Pontevedra con 6,9%. Le siguen Toledo (4%), Zamora (3,9%), Jaén (3,3%), Murcia (2,2%), Almería (2,1%), Navarra (2%), Alicante (1,9%), La Rioja (1,9%) y Cáceres (1,7%). Por otro lado, las provincias con mayor descenso son: Albacete (-3,6%), Huelva (-2,9%), Santa Cruz de Tenerife (-2,6%), Ourense (-2,3%), Castellón (-1,1%), Guadalajara (-1,1%), Girona (-1%), Burgos (-0,9%), Segovia (-0,8%) y Valencia (-0,5%).
En cuanto a los precios, ocho provincias superan los 10,00 euros el metro cuadrado al mes. La provincia más cara es Barcelona con 16,40 €/m2 al mes, seguida de Madrid (15,45 €/m2 al mes), Gipuzkoa (14,99 €/m2 al mes), Illes Balears (13,06 €/m2 al mes), Bizkaia (12,47 €/m2 al mes), Málaga (10,30 €/m2 al mes), Las Palmas (10,17 €/m2 al mes) y (10,03 €/m2 al mes). Por otro lado, la provincia con el precio por debajo de los 5,00 €/m2 al mes es Cáceres con 4,86 €/m2 al mes.
El alquiler en los distritos de Madrid y Barcelona continúan subiendo
El precio del alquiler sube en diez de los 16 distritos con variación mensual en Madrid. El distrito con el mayor incremento mensual es Latina (3,7%), seguida de San Blas (3,1%), Hortaleza (2,4%) y Arganzuela (2,3%), entre otros. El distrito con mayor descenso corresponde a Ciudad Lineal (-1,8%), seguido de Fuencarral (-1,4%), Usera (-0,8%) y Chamberí (-0,4%).
En cuanto al precio por metro cuadrado, el distrito Centro es el más caro con 19,25 €/m2 al mes y el más económico es Usera con 12,80 €/m2 al mes.
El precio del alquiler sube la variación mensual en cinco distritos de Barcelona. Los distritos con el mayor incremento mensual son Nou Barris y Sarrià – Sant Gervasi (1,7%), seguida de Gràcia (1,2%), Horta – Guinardó (0,6%) y Les Corts (0,2%). Por otro lado, el distrito que más desciende de precio es Sant Andreu, con una caída del -2,1%.
En cuanto al precio por metro cuadrado, el distrito Ciutat Vella de Barcelona es el más caro con 19,78 €/m2 al mes y el más económico es Nou Barris con 14,26 €/m2 al mes
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