Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, tendrá que declarar este miércoles a las 17.00 horas ante el juez del caso Púnica por su presunta participación en la financiación irregular del PP de Madrid.

El magistrado Manuel García-Castellón la citó como investigada (lo que antes se conocía como imputada) dentro de la pieza de la causa sobre la financiación del partido por haber beneficiado al empresario Arturo Fernández mediante el amaño de la adjudicación de contratos de cafetería a cambio de sus aportaciones a las arcas del PP de Madrid.

El juez sostiene que uno de los métodos utilizados por el PP de la Comunidad de Madrid para obtener financiación de forma irregular fue el uso de la Fundación Fundescam para canalizar las donaciones que realizaron determinados empresarios y la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM).

Arturo Fernández, vicepresidente de CEIM y presidente del Grupo Cantoblanco, habría realizado dos donaciones de 160.000 euros en 2007, año en el que Cifuentes era patrona de Fundescam y también miembro del comité regional de campaña del PP, para costear «de manera encubierta gastos electorales».

Estas donaciones supuestamente se gratificaron posteriormente mediante la adjudicación desde la Asamblea de Madrid a sus empresas de contratos de restauración en los años 2009, 2011 y 2013. En el año 2009 y 2011, expone el magistrado en su auto, hay evidencias de «conciertos dirigidos a beneficiar» a Arturo Fernández «amañando la adjudicación» de esos contratos.

Cifuentes era la presidenta de la mesa de contratación y, según el juez, votó a favor de un informe técnico que ella misma había emitido, lo que contraviene la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Esperanza Aguirre e Ignacio González García-Castellón la interrogará en el marco de la pieza número 9 del caso Púnica sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.

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