La distribución de estos audios es un delito que puede conllevar altas sanciones económicas e incluso penas de prisión.

Los tres exjugadores de La Arandina CF, R.C.H., C.C.S. ‘Lucho’ y V.V.R.’ Viti, han sido condenados a penas que suman 114 años como autores de la agresión sexual sobre una menor de 16 años. En concreto, a cada uno de ellos la Audiencia de Burgos les imponen una pena de 38 años de privación de libertad.

Las penas impuestas se corresponden con la aplicación de la doctrina de la cooperación necesaria, y por ello cada uno de los acusados es condenado como autor por los hechos realizados por el mismo y como cooperador por lo realizado por los demás. Sin embargo, muchas de las opiniones que se escuchan al respecto son en contra de la chica, en lugar de los acusados.

Sin embargo, diversas cuentas en redes sociales se han lanzado a distribuir varios audios de Whatsaap de la víctima intentando desprestigiar el testimonio de la menor y sembrar la duda de su declaración en el juicio. Los audios no fueron tenidos en cuenta como pruebas por la Audiencia.

La distribución de estos audios es un delito que puede conllevar altas sanciones económicas e incluso penas de prisión. Y no sólo para aquellos que los han hecho públicos, sino para cualquiera que los redistribuya o difunda. En ese posible delito han caído diferentes personalidades de la derecha española, como Cristina Seguí, Alfonso Usía o Bertrand Ndongo.

La Agencia Española de Protección de Datos multó recientemente con 50.000 euros al portal de extrema derecha La Tribuna de Cartagena por hacer públicos los datos y la imagen de la víctima de La Manada de Pamplona. Esta condena se suma a la que ya recibió Alfonso Jesús Cabezudo, uno de los miembros de La Manada, por grabar y difundir el vídeo de la víctima, y que se eleva a 150.000 euros.

Tres posibilidades de denuncia

La victima tiene ahora la posibilidades de denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), aunque, por tratarse de un organismo público de la Administración, también puede actuar de oficio. Las sanciones por este tipo de delitos pueden llegar hasta los 20 millones de euros.

La menor también podría presentar una demanda por la vía de lo civil por ver vulnerado su derecho a la intimidad, honor y protección de datos en concepto de resarcimiento. En este caso la indemnización la pide la propia víctima, aunque la jurisprudencia en estos casos oscila entre los 24.000 y los 50.000 euros.

También estaría a disposición de la víctima de la Arandina la denuncia por la vía penal en la que, además de cantidades económicas, se puede solicitar pena de prisión por un máximo de cinco años.

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