Génova habría conseguido dos millones de euros extra no declarados para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008.

Aparecen nuevos datos sobre la presunta trama de los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid para desviar fondos públicos a sus campañas electorales mediante la adjudicación irregular de contratos millonarios a la multinacional tecnológica Indra.

Según desvela El Confidencial, dos funcionarios de la Agencia de Informática y Telecomunicaciones (ICM) acaban de remitir un escrito a los fiscales anticorrupción asignados a este procedimiento para comunicar que han detectado pagos a Indra por un importe de 2,5 millones de euros para el supuesto “mantenimiento de aplicaciones” de varias consejerías que no aparecen reflejados en ningún documento.

Se trata de dos lotes concedidos al gigante español de las comunicaciones en septiembre de 2010. Los dos funcionarios indican de que este megacontrato fue licitado con Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño. Los trabajos pagados con dinero público nunca fueron entregados por Indra. “En el sistema de seguimiento del contrato, no se han encontrado anexados los entregables, tampoco se indica información sobre el archivado de los mismos en repositorios corporativos, ni sobre la instalación en los entornos de trabajo y producción corporativos”. No hay constancia de que efectivamente se ejecutaran, únicamente se ha encontrado un rastro parcial del trabajo que en teoría debió realizarse.

Esos encargos se efectuaron en un periodo muy corto de tiempo y utilizando una cifra intensiva de mano de obra (hasta 61 personas a la vez para un proyecto de una duración de mes y medio). A juicio de los denunciantes, se trataría de un escenario ilógico, “difícilmente gestionable”, en el que habría sido difícil dar cumplimiento al contrato.

La relación de ICM con Indra es clave en la investigación del caso Púnica. El instructor del procedimiento considera acreditado de forma indiciaria que, entre 2007 y 2013, los diferentes gobiernos populares de la Comunidad de Madrid concedieron adjudicaciones infladas a Indra para generar una bolsa de dinero opaco que la multinacional desviaba luego hacia la caja B del PP a través de la red societaria de un empresario del mundo de la educación, Óscar Sánchez Moyano.

Los investigadores sostienen que, por esta vía, Génova habría conseguido dos millones de euros extra no declarados para concurrir a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y 2011 y a las generales de 2008. Las licitaciones denunciadas ahora por dos funcionarios de ICM podrían hasta duplicar esa cifra.

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