Ya se cumplió un año de que la Asamblea Nacional (Poder Legislativo de Ecuador) votara en contra de despenalizar el aborto por violación. En ese período más de 2.700 niñas de entre 7 y 14 años han sido madres producto de una violación sexual. ¿Cuántas más NO podrán interrumpir su embarazo luego de ser víctimas del más cruel abuso?

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Hace un año la Asamblea Nacional votó en contra de despenalizar el aborto por violación. El 17 de septiembre de 2019 fue un día de derrota para quienes buscamos que las niñas y mujeres vivamos en un país menos desigual, injusto y violento. En estos 370 días los asambleístas que votaron en contra de esta reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) le quitaron la oportunidad de tener un proyecto de vida a cerca de 2700 niñas, de entre 7 y 14 años, que se convirtieron en madres tras ser violadas. La pregunta ahora es ¿cuántas más deben parir a hijos —que muchas veces también son sus hermanos— para que esto cambie?

Vivimos en un país en el que si una niña o mujer queda embarazada luego de una violación y decide terminar ese embarazo, va presa. La reforma planteada hace un año proponía que si ella no quería tener al hijo de su abusador, podía terminar ese embarazo hasta la semana 14 de gestación. Pero ese derecho a decidir fue, una vez más, negado.

Una vez más porque en 2013 aunque la discusión no llegó al pleno de la Asamblea por el autoritarismo y conservadurismo del expresidente Rafael Correa, sí hubo una discusión en la sociedad sobre el asunto. Hace siete años, un grupo de asambleístas del Alianza País habló categóricamente sobre las razones por las que debía incluirse el aborto por violación en el debate. Esas asambleístas fueron silenciadas, tachadas de desleales, y luego sancionadas por Correa. Lejos estamos de ese amargo episodio que ni siquiera permitió discutir sobre la pena para las mujeres violadas que no quieren el hijo de su abusador.

El castigo de cárcel, que está en el Código Orgánico Integral Penal, no sólo ignora el trauma que este tipo de violencia de género causa sino que se desentiende de las 2700 niñas que se convierten en madres antes de cumplir los 14 años y dejan la escuela o el colegio. Es una cascada de males: no solo tienen que parir el fruto de una brutal violencia, sino que nunca más vuelven a pensar en su futuro. Crecen y viven con miedo cuando se convierten en mujeres.

El sufrimiento de estas niñas que parieron en el último año, que amamantan aterrorizadas de que sus hijos les hagan daño, debería caer en los hombros (en las conciencias, en realidad) de las y los asambleístas que votaron en contra de esta despenalización. Aunque recordar esta decisión que ya cumplió un año es amargo, hay aún una esperanza, una respuesta pendiente que es la que recae sobre otros funcionarios públicos: los jueces de la Corte Constitucional.

El 15 de agosto de 2019, organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos sexuales y reproductivos presentaron una demanda de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal constitucional del país contra el artículos 150 del COIP —que mencionan el aborto no punible— porque son incompatibles con el artículo 66 de la Constitución que reconoce y garantiza a las personas, entre otros derechos, “a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener”. La petición de la Fundación Desafío, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, el Frente Ecuatoriano por las Defensas de los Derechos Sexuales y Reproductivos, y Mujeres con Voz fue admitida en noviembre de 2019. Al haber sido admitida, que la Corte ha determinado que cumple con los requisitos de forma para iniciar el trámite que decidirá el fondo del asunto.

El 30 de julio de 2019, la coalición de organizaciones presentó otra acción por incumplimiento a las recomendaciones de organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos de los Niños, el Comité contra la Tortura. “De manera reiterada han recomendado, en sus informes al Ecuador, la reforma y derogatoria de las normas penales que castigan el aborto, sobre todo en los casos de violación, incesto, abuso sexual y grave malformación del feto”, decía la demanda. La acción, en contra del presidente de la Asamblea Nacional César Litardo, el presidente de la República Lenín Moreno, y el procurador general del Estado Íñigo Salvador, también fue admitida. Ninguna acción ha sido resuelta pero su respuesta pendiente es esa esperanza de quienes sí pensamos en salvar a miles de niñas de vidas para las que no están listas.

Esta esperanza se cimienta en algunas razones. Así como en el último año miles de niñas fueron obligadas a convertirse en mamás, también en el último año se tomaron decisiones que caminan hacia ese país en el que las mujeres seamos tratadas con igualdad. El 14 de agosto de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso de Paola Guzmán Albarracín, una adolescente que fue violada por el vicerrector de su colegio, quedó embarazada, fue obligada a abortar, y luego de ese trauma ingirió diablillos y murió. El caso de Paola es una cachetada que nos recordó como sociedad que las niñas y adolescentes son violadas y que el Estado no se hace cargo de aquello.

Es inútil vivir preguntándonos “¿qué hubiera pasado si?”, pero ¿qué hubiera pasado si Paola accedía a un aborto legal y seguro? Nunca lo podremos saber, lo que sí sabemos es la respuesta a ¿qué hubiera pasado si la Asamblea Nacional hace un año aprobaba despenalizar el aborto por violación? Pues al menos algunas de las 2700 niñas hubieran podido continuar sus estudios, reconstruir sus vidas. Hubieran podido seguir siendo niñas, no madres. Darles esa opción está ahora en las manos de los nueves jueces constitucionales del Ecuador.

Original de Isabela Ponce, Cofundadora y editora de GK.

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