Para según que cosas, Pedro Sánchez no pierde el tiempo. El Consejo de Ministros autorizó este viernes a Defensa a firmar un contrato para adquirir 346 blindados 8×8 por 2.083,2 millones de euros hasta 2030. El Gobierno justifica la aprobación de este desembolso, pese a estar en funciones, alegando que se trata de una decisión técnica, no política.

La decisión de contratar ya la primera fase de los nuevos blindados 8×8 ruedas Dragón a Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la estadounidense General Dynamics, una de las multinacionales norteamericanas que más se enriqueció con la invasión de Irak, causó sorpresa en el sector. No por el contenido ni por la empresa en sí, sino por el momento.

El Ejecutivo en funciones, según la Ley de 1997, debe “limitar su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia […] o por razones de interés general[…], cualesquiera otra medidas”. El ejecutivo socialista indica que resulta imprescindible para la operatividad de las Fuerzas Armadas y la seguridad de las tropas. 

Esta decisión tiene una gran trascendencia económica: adjudicar el contrato a la compañía Santa Bárbara Sistemas, “como contratista principal y autoridad técnica de integración”; y atribuir a Indra y SAPA el papel de “subcontratistas de primer nivel”.

El hecho de que se adjudique el contrato antes de que el Ejército haya probado los prototipos añade más incertidumbre, pero Defensa sostiene que es una práctica habitual en otros países y que los riesgos de nuevos retrasos serían aún mayores.

Santa Bárbara Sistemas, en el centro de la polémica

General Dynamics, pese a exhibir con orgullo sus ‘Normas de conducta y ética en los negocios’, es objeto desde hace años de continuadas denuncias de la competencia, de ex directivos y empleados con resultado de multas y sanciones. Se le acusa desde violar la Ley de Control de Exportación de Armas a incumplimiento de contrato o acoso laboral, según se refleja en las denuncias sobre mala conducta recogidas de la base de datos de contratistas federales de Washington.

Varios directivos de una compañía proveedora de datos móviles, demandaron a General Dynamics por incumplimiento de contrato, fraude, interferencia tortuosa con las relaciones contractuales y de negocios, inducción fraudulenta, falsedad negligente e incumplimiento de garantía. En septiembre de 2005, un jurado emitió un veredicto en contra de General Dynamics en la cantidad 138 millones de dólares y un veredicto a su favor en la cantidad de  8 millones dólares en sus reconvenciones.

General Dynamics es una de las compañías que más invierte en grupos de presión para que favorezcan sus posiciones ante los gobiernos. En Estados Unidos el año pasado la acción de ‘lobby’ le supuso un desembolso de 11 millones de dólares, con una progresión creciente en los últimos catorce años. En 1998 la suma total no superó los cuatro millones de dólares.

La multinacional se hizo en el año 2.000, por tan sólo cinco millones de euros, con la industria militar Santa Bárbara, privatizada por la antigua SEPI. 

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