Igualdad y Justicia están trabajando para incluir en la futura Ley de Libertad Sexual la llamada «tercería locativa», una figura que incluía el anterior Código Penal y que implica castigar a quienes regenten un local de prostitución.

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La futura Ley de Libertad Sexual, conocida como ley del «sólo sí es sí» y aprobada en primera lectura en el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, incorporará una nueva tipificación de delitos en el Código Penal: perseguirá el proxenetismo en todas sus formas y la «tercería locativa».

La «tercería locativa», enriquecerse del alquiler de un local donde se da la explotación sexual, es un delito que contemplaba el Código Penal de 1973 y que se suprimió en la reforma de 1995. Ahora Igualdad y el Ministerio de Justicia pretenden que vuelva a estar presente en el Código Penal.

Entonces, se hacía penalmente responsable al «amo, gerente, administrador o el encargado del local, abierto o no al público, en que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción y toda persona que, sabiéndolo, participe en su financiación» y era castigado con penas de prisión menor y multas económicas.

Actualmente y según el Código Penal, el delito vinculado a la prostitución requiere que haya violencia, intimidación, engaño o abuso de una situación de superioridad, necesidad o vulnerabilidad de la víctima para que se castigue a quien «determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución».

La futura reforma que plantean los ministerios de Irene Montero y Juan Carlos Campo se complementará con un Plan Nacional Integral que garantice los derechos sociales, laborales y económicos de las víctimas.

Se articularán medidas de acompañamiento integrales de protección social, habitacionales y salidas laborales y económicas para las víctimas de explotación sexual y trata y que han sido incluidas en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) aunque estén en situación irregular.

En definitiva, el objetivo de esta reforma es impedir que la industria de explotación sexual continúe lucrándose con la explotación de mujeres y que este tipo de violencia deje de ser un negocio en España.

El pasado mes de agosto, la ministra de Igualdad Irene Montero, instó a las comunidades autónomas a cerrar los prostíbulos y locales de alterne porque los contagios de covid-19 que se producen en estos lugares podrían conllevar un «aumento potencial de positivos de difícil rastreo».

España es el país europeo con mayor demanda de sexo pagado y el tercero a nivel mundial. Pero no solo es líder en consumo de prostitución sino que también es uno de los principales destinos de tráfico de mujeres del mundo.

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