El texto presentado ante el juez tiene clamorosos errores de fechas, bulos ya desmentidos y cita como fuente artículos de el diario de Inda.

Es el informe clave de la Operación Sanitario indaga sobre un supuesto delito de prevaricación administrativa a partir de la denuncia que un particular presentó contra el presidente, Pedro Sánchez, y los 17 delegados del Gobierno, por autorizar las manifestaciones del 8M en el comienzo de la crisis sanitaria.

El atestado lo ha elaborado la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ha resultado fundamental para imputar al delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco. Se investiga si cometió prevaricación administrativa, si dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran, un delito que no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para cargo público.

La responsable de la investigación es Carmen Rodríguez-Medel, quien se hizo cargo desde el juzgado número 51 de Madrid de esa denuncia acerca del papel del delegado del Gobierno en Madrid en la autorización de la marcha feminista de la capital. Por su jurisdicción, Rodríguez-Medel no es competente para juzgar lo sucedido en otras comunidades y mucho menos al presidente, que como aforado solo puede ser investigado en el Tribunal Supremo.

Lo que se dirime en ese juzgado es si el Gobierno dictó resoluciones injustas a sabiendas de que lo eran y si pese a conocer los riesgos de los contagios autorizó por razones políticas la concentración del 8M en Madrid.

Eldiario.es ha tenido acceso al informe y ha constatado que está plagado de errores de bulto, noticias tergiversadas por Ok Diario, omisiones, bulos ya desmentidos, además de algún salto al vacío.

OK Diario como fuente

En la página 74 de su informe: «El Ministro de Ciencia e Innovación, D. Pedro Duque, reconoció en la tercera semana del mes de marzo de 2020, la gravedad del coronavirus desde el mes de enero de 2020. En rueda de prensa junto al Ministro de Sanidad explicó que los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa desde que se conoció esta enfermedad, en el mes de enero. ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores Juanes y García Sastre, este último en Nueva York, para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad. Este mismo 2 de febrero liberamos medios e hicimos cambios legales para reducir los plazos que culminaron en el Real Decreto de Estado de Alarma donde hemos puesto todas las medidas de funcionamiento». «Por tanto, el Gobierno ya conocía desde el mes de enero la gravedad real de la epidemia del coronavirus».

Semejante lectura parte de esta noticia de Ok Diario:

El informe añade: «Por todo lo expuesto hasta el momento en el cuerpo de la diligencia, es parecer de esta instrucción que la Delegación del Gobierno tenía datos objetivos suficientes derivados de las circunstancias concretas de cada caso para haber ponderado bienes y derechos protegidos en nuestra Constitución contando con tales datos desde la primera semana del mes de marzo de 2020».

OK Diario como fuente II

Ok Diario vuelve a ser fuente de información para este informe por una noticia en la que se informa que el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico en Madrid por el coronavius dos días antes del 8M.

El informe incluyó la declaración como testigos a tres de los organizadores del IX Congreso Mundial de Asambleas de Dios programado para el 19, 20 y 21 de marzo y que las autoridades sanitarias españolas prohibieron dos semanas antes.

Sin embargo, Sanidad decía algo que no aparece recogido por el informe de la Guardia Civil. Después de aludir a «eventos multitudinarios de cualquier tipo» las instrucciones de Sanidad añadían (y esto es lo que no consta en la cita del informe policial): «con alta presencia de personas procedentes de cualquiera de las zonas del mundo en las que se ha constatado transmisión del virus SARS-COV-2». 

Tergiversando a Fernando Simón

El texto también se hace eco de unas supuestas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, el 28 de febrero, publicadas en el medio Redacción Médica, para apuntalar su tesis. En la página 73 del informe se señala que Simón admitió el 28 de febrero que había «transmisión comunitaria». Según el atestado, «este escenario define que no se puede contener el virus controlando a las personas que estén infectadas y a su entorno, porque ya no se conocen estos».

Lo que dijo Fernando Simón en realidad en su comparecencia pública fue exactamente lo contrario: «Esto, según ha explicado, [Simón] se debería a que en los casos que se consideran por ahora ‘trasmisión comunitaria’ (Madrid y Sevilla) se han podido trasmitir a un nivel ‘muy bajo'». El informe señala que la documentación aportada por los representantes de los organizadores de ese congreso evángelico en el diario de Eduardo Inda «acredita de manera inequívoca el contenido de las manifestaciones aportadas figurando un documento suscrito el 6/03/2020 por la Directora de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, quien haciendo referencia al oficio del Ministro de Sanidad 03/03/2020 ‘Recomendaciones de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus COVID-19’, significa los riesgos de transmisión y para la salud de la población de EVENTOS MULTITUDINARIOS DE CUALQUIER TIPO, recomendando su APLAZAMIENTO». 

Bulos como pruebas

Los investigadores de la Guardia Civil entregaron en el juzgado un vídeo emitido por la página web de la Cope sobre desmontado por Maldita.es y que acusaba a las ministras presentes en la manifestación del día de la mujer de portar guantes para protegerse de contagios. El informe policial señala: «el 1 de abril de 2020 se tiene conocimiento a través de una noticia del diario digital cope.es titulada: ‘El vídeo del 8M con el que acusan al Gobierno de ocultar la verdad del coronavirus: no se besa’ en la que apunta que el Gobierno sabía el peligro real del coronavirus. En la noticia se adjunta un vídeo de la cabecera de la manifestación celebrada en Madrid el 8 de marzo de 2020 en el que se observa a la ministra Celáa y a la exministra Valerio portando guantes de látex y en la que se aprecia una voz advertir ‘no se besa, no se besa’ a las personas que encabezan la manifestación». 

Errores clamorosos

El informe policial fecha la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después de la manifestaciones feministas en varias ciudades españolas que están en el origen de la denuncia.

El atestado confunde la declaración de pandemia, que en unas horas motivó la declaración del estado de alarma, el confinamiento y todo lo que vino después, con la emergencia sanitaria internacional.

Consecuencias

A raíz de la filtración de algunos de sus párrafos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destituyó al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, por no informar a sus superiores de que los agentes a su mando habían entregado a la jueza el informe solicitado por ésta sobre la presunta responsabilidad penal. 

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