El juez ha accedido a la petición realizada por el PP y ha prohibido la retransmisión en directo del juicio por la destrucción de los ordenadores que usaba el extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas, donde la formación política se encuentra acusada, y que comienza este viernes, 14 de junio.

El juez indica que «la emisión de imágenes se limitará a grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales». El magistrado rechaza así autorizar la cobertura íntegra de la vista oral mediante señal institucional, pero no impone restricciones para que los medios de comunicación accedan a la sala de vistas para que puedan informar sobre el desarrollo del juicio.

El titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid admite que es «lógico y notorio el interés social y mediático» del juicio, pero recuerda que hay tres acusados distintos del PP y testigos que no son personajes públicos y estima que televisarlo les puede suponer «una exposición pública desproporcionada en relación con la naturaleza de los delitos y la entidad de las penas que son objeto de acusación».

Además del PP, están acusados en este caso la extesorera del partido Carmen Navarro; José Manuel Moreno, que ocupaba el puesto de director del Sistema de Informática; y el abogado Alberto Durán, que era asesor jurídico del PP.

Ese mismo día también comparecerá como testigo la que fuera ‘número dos’ y la ex secretaria general el PP María Dolores de Cospedal a petición de estas dos acusaciones y el Observatori Desc por su «condición de superior jerárquica» sobre el informático y la extesorería.

Entre los testigos que acudirán a la sede judicial se encuentra el propio perjudicado, Luis Bárcenas, que tampoco acusa, ya que se retiró del procedimiento en septiembre de 2016. No obstante, tendrá que acudir a la sede judicial el día 20 de junio, ya que las acusaciones populares ejercidas por Izquierda Unida y Adade han solicitado su testifical.

Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y seis meses de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.

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