Un juez de Madrid ha dictado auto de procesamiento por siete violaciones y dos delitos más de agresión sexual contra Rodrigo de Santos, quien estuviera llamado a las más altas responsabilidades en el Partido Popular de Baleares.

Hasta que comenzaran sus problemas con la justicia, el político pertenecía a la organización católica ultra Camino Neocatecumenal, los kikos, y estaba casado y con cinco hijos.

De Santos fue condenado en el pasado por abusar de un menor, amigo de sus hijos, y por gastar 50.000 euros de la tarjeta bancaria que poseía como concejal de Urbanismo de Palma en cocaína y prostitución masculina. El expolítico balear había pasado poco tiempo en prisión porque una sentencia del Tribunal Supremo, redactada por el magistrado Adolfo Prego, rebajó de 13 a 5 años el fallo de la Audiencia de Palma. El Supremo consideró que el chico de 14 años no había mostrado resistencia explícita en el momento del abuso.  

Ahora, el magistrado Juan José Escalonilla considera que hay indicios suficientes de que De Santos utilizó su trabajo en una ONG con presos en semilibertad para abusar de al menos dos de ellos bajo la amenaza de devolverlos a la cárcel.

Cuando salió de la cárcel, la ONG Horizontes Abiertos, que tenía un patronato compuesto mayoritariamente por personas vinculadas al Partido Popular, le acogió como voluntario y terminó dándole un puesto de responsabilidad. De Santos volvió a ejercer de depredador sexual, «prevaliéndose de su condición de coordinador del programa Javier, y bajo la amenaza de emitir informes desfavorables que determinarían que se le retirara el aval frente al centro penitenciario, con la consiguiente pérdida de los permisos, Javier Rodrigo de Santos López obligó a Benjamín (nombre ficticio), en siete ocasiones, a mantener relaciones sexuales con él, consistentes en todos los casos en la realización de felaciones a dicho interno, obligándole a continuación a que éste le realizara penetraciones anales, usando preservativo”, recoge el auto del juez Escalonilla.

A un segundo recluso acogido por la ONG De Santos le realizó tocamientos, que el joven rechazó, «amenazándole con la posibilidad de realizar informes negativos que determinaran la retirada del aval, con la consiguiente imposibilidad de disfrutar de permisos penitenciarios y visitar a su hijo menor de edad», añade la resolución del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. 

El magistrado instructor ha impuesto a Rodrigo de Santos una fianza de 44.000 euros como indemnización por daños morales a sus víctimas. Además, le mantiene las dos comparecencias mensuales en el juzgado y la prohibición de salir del país. Próximamente le volverá a tomar declaración. El auto de procesamiento es recurrible. 

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