El informe no debería ser considerado secreto porque “no contiene los documentos en sí”, sino que se limita a hacer una “mera mención” de los mismos.

Manuel García-Castellón se niega a hacer público el documento que argumenta por qué algunos documentos incautados al excomisario deben permanecer en secreto. Las acusaciones denuncian que, con esa maniobra, entorpece la acción de la Justicia y pueden quedar impunes posibles delitos.

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, se ha escudado en un informe al que sólo él, la Fiscalía y la Policía han tenido acceso para excluir de la investigación contra José Manuel Villarejo multitud de documentos que le fueron requisados al excomisario. El juez se ha limitado a alegar el supuesto carácter de “secreto de Estado” que tendrían esas posibles pruebas, pero también ha mantenido oculto el informe donde se argumenta ese hecho. En otras palabras, ha decretado que una serie de documentos deben permanecer en secreto, y ha establecido que también son secretos los motivos que le llevan a esa conclusión.

Las fuentes jurídicas consultadas señalan, al negarse a difundir el informe que justificaría el carácter secreto de determinadas pruebas, el juez dificulta enormemente el trabajo de las acusaciones, que no tienen posibilidad de pedir la desclasificación de los documentos. Es decir, que existe un riesgo cierto de que actuaciones irregulares queden impunes por estar vinculadas con secretos de Estado, o porque el juez, la fiscalía y la Policía han decidido mantener pruebas en secreto, sin que el resto de partes puedan pedir que se rectifique la decisión o se desclasifiquen los archivos –algo que autoriza el Consejo de Ministros pero que tiene que pedir el juez–.

Por todo ello, la acusación popular que ejerce Podemos ha presentado un recurso de reforma donde señala que no existe “un razonamiento motivado” para mantener en secreto dicho informe. En ese sentido, la acusación considera que se vulnera la “regla de publicidad” que tienen, con carácter general, las actuaciones judiciales, y que el informe no debería ser considerado secreto porque “no contiene los documentos en sí”, sino que se limita a hacer una “mera mención” de los mismos. El escrito también incide en que la decisión “causa una indefensión efectiva” de las partes al impedirles solicitar eventuales desclasificaciones., por lo que pide dar a conocer el informe.

La documentación requisada a Villarejo ha sido objeto de un constante tira y afloja en el caso. Al excomisario se le incautaron miles de archivos, y el anterior juez, Diego de Egea, levantó el secreto sobre todos ellos en 2018. Sin embargo, la Fiscalía recurrió y la Audiencia Nacional advirtió de la posible existencia de secretos de Estado entre las pruebas. La solución adoptada fue pedir a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que confeccionara un “informe de impacto” sobre lo que se podía dar a conocer y lo que no.

La elaboración de ese documento provocó una enorme dilación en el proceso. El plazo para confeccionar el informe era, inicialmente, de 15 días, pero los tiempos se estiraron y la tarea acabó llevándoles más de un año. Finalmente, el pasado 24 de abril, el juez levantó el secreto de sumario con carácter general, pero evitó dar a conocer seis indicios requisados a Villarejo. La única pista acerca de su contenido figura en el listado que la Policía realizó, sobre la marcha, cuando incautó el material a Villarejo, pero las descripciones son extremadamente vagas.

Gracias a ellas es posible relacionar algunos de esos archivos secretos con informes sobre Artur Mas y la financiación de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) en el marco de la Operación Cataluña, encomendada a la autodenominada ‘policía patrótica’ que operó bajo el Gobierno de Rajoy, y en la que se investigó a políticos y movimientos independentistas. Así, Interior habría ordenado a los agentes confeccionar documentos que, aunque nunca llegaron a judicializarse, fueron publicados en los medios de comunicación para atacar a ese sector político.

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