El denunciante señala que se ha intentado dañar su imagen profesional fabricando una carta por despido disciplinario.

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La vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, y el excoordinador del grupo parlamentario ultra en el Parlamento andaluz, Nicolás Gutiérrez, están siendo investigados (figura equivalente a la antigua de imputados) por un presunto delito de falsedad en documento público.

Este proceso tuvo su comienzo en un conflicto laboral entre Vox y un trabajador del grupo parlamentario en la Asamblea andaluza, el letrado Francisco Javier Martínez. El trabajador denunció el impago de sus honorarios ante un juzgado de lo social y el partido ultra alegó que el letrado había sido despedido, aportando un burofax que contenía supuestamente la carta en la que se le comunicaba la rescisión de su contrato.

La denuncia señala que la carta de despido nunca existió y fue “fabricada exprofeso” para aportarla al juzgado. El burofax sería, según el escrito, dos envíos distintos que Vox presentaba como uno solo: el primero era la convocatoria a una reunión y el segundo nunca llegó a su destino debido al confinamiento impuesto por la pandemia.

Francisco Javier Martínez sostiene que Castro y Gutiérrez no sólo han intentado perjudicarlo en el litigio por el impago de deuda, sino también dañar su imagen profesional fabricando una carta por despido disciplinario.

Esta crisis en Andalucía del partido ultra viene de lejos. El letrado denunciante dependía del presidente del grupo parlamentario, el exjuez Francisco Serrano, quien presentó su dimisión como presidente de Vox en Andalucía en julio de 2020 debido a una querella de la fiscalía superior por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones. El letrado fue marginado tras esto.

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