Las estadísticas de la Agencia Tributaria referentes a 2017 y difundidas este martes muestran que las grandes fortunas del país han exprimido los frutos de la recuperación económica con más éxito que el resto de ciudadanos, quizá de forma ética y quizá no.

Según estos datos, en España hay actualmente 611 contribuyentes que declaran tener un patrimonio de, como mínimo, 30 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 74 % más que los 352 grandes millonarios que había en 2011, cuando el Gobierno restableció el impuesto sobre el patrimonio.

El patrimonio que declaran los 202.400 contribuyentes que tienen que presentar el impuesto sobre el patrimonio ascendió a la friolera de 669.062 millones de euros durante 2017, lo que representa un incremento del 55 % respecto al de 2011. El número de ciudadanos que declaró propiedades valoradas en más de 1,5 millones también ha subido: en este caso un 35 % hasta los 60.337.

Comparando la espectacular evolución de los superricos con la renta bruta del conjunto de los hogares, esta solo aumentó un 5,4 % entre 2011 y 2017, según cifras de la Agencia Tributaria. Este es un hecho que subraya la diferencia de clases en nuestro país, que cada vez es más pronunciada.

Dos de las razones del crecimiento

El importante crecimiento del patrimonio declarado se explica también por dos polémicas medidas fiscales que afloraron, primero de forma optativa y después obligada, millones de euros escondidos en el extranjero. Ninguna de las dos formas conllevaron multas por esconder patrimonio a Hacienda, con la consecuente perdida de ingresos por parte del erario público. Son estas dos:

La amnistía fiscal. La controvertida amnistía fiscal de Cristóbal Montoro de 2012 contribuyó a aflorar patrimonios que hasta entonces estaban ocultos a Hacienda por importe de 40.000 millones. 

Declaración de bienes y derechos. En 2013, debido a las presiones recibidas por la oposición y la prensa por la amnistía fiscal, Montoro se vio obligado a crear una declaración de bienes y derechos en el exterior, que obligaba a los contribuyentes a confesar el patrimonio que tenían en otros países bajo la amenaza de una multa. Esta medida permitió destapar patrimonio por 156.000 millones de euros de los españoles en el exterior.

…y mucho más escondido: la economía sumergida

Los datos sobre la economía sumergida son relativos ya que no existe un método oficial para medir el dinero negro, que oscila entre en el 18% y el 24,6% del PIB según a la fuente que acudas.

Ningún Gobierno ha hecho un esfuerzo real por calcularlo, lo que nos da una primera pista de que algo va mal con la economía de nuestro país. No interesa investigar el fraude fiscal, ya que se escudan en que el sistema tendría fallos. Con esta premisa no sorprende que seamos el noveno país del mundo que más defrauda. La OCDE dice que estamos tras Estonia, Turquía, Polonia, Grecia, Eslovenia, Hungría, Italia y Portugal, mientras que los más honestos con el fisco serían EEUU, Suiza y Austria, con un alto nivel de impuestos.

En España el dinero negro se mueve bajo una sensación de impunidad total. Desde la economía sumergida del enésimo empresario corrupto a la del político que lleva años inflando cuentas en Suiza mientras desde su partido se pedía austeridad ciudadana.

El 63% de la ciudadanía considera que la corrupción le afecta en su vida diaria —en la UE la media es del 25%— y el 95% afirma que es generalizada en el país, frente al 76% europeo. Hacienda sólo consigue recaudar un 10% del fraude (tirando por lo alto). ¿Cuántos superricos más habría en nuestro país si se tuvieran datos fiables de a cuanto ascienden realmente sus fortunas?

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