«Si es eficiente, no necesita monopolio, y si necesita monopolio es que no es eficiente», este es el mantra que repiten en el Gobierno de Brasil para que poco o casi nada sea público en Brasil dentro de dos años, si todo sale según tiene planeado su presidente, Jair Bolsonaro, su ministro de Economía, Paulo Guedes, y Salim Mattar, secretario especial de desestatalización y desinversión.

Parece que no están encontrando muchas piedras en su camino ultraliberal. Tras los cuatro primeros meses, el secretario Mattar informó de que ya se habían recaudado 12.000 millones de dólares en privatizaciones, concesiones y desinversiones. 9.600 millones de dólares correspondían a privatizaciones, 1.900 a concesiones y 600 a desinversiones

De las grandes empresas estatales brasileñas solo se salvarán de la privatización el Banco do Brasil y la Caixa Econômica Federal. Petrobras, un gigante petrolífero que llena las arcas públicas de Brasil, será una de las víctimas más dolorosas de las privatizaciones.

Guedes siempre ha mantenido el discurso de la necesidad de disminuir el Estado y enflaquecer la estructura pública. Una muestra es su lucha contra el funcionariado, cuyas oposiciones ha bloqueado: «Según nuestras cuentas, el 40% de los funcionarios públicos se jubilarán en los próximos cinco años. No hay que despedir a nadie. Basta con desacelerar las incorporaciones».

Actualmente ya hay 46 proyectos en marcha en Brasil: once líneas férreas, once puertos, dos centrales eléctricas, una explotación petrolífera, cinco aeropuertos, ochos carreteras e incluso la Casa de la Moneda. Para un futuro cercano quedan más líneas de transmisión eléctrica y concesiones de explotación de derechos de minas. En los próximos meses y también durante el próximo año la mayor parte de los movimientos serán desinversiones. La inmensa mayoría de las privatizaciones llegarán en 2021, para rematar tres años de trabajos.

Como decíamos, Bolsonaro, Guedes y Mattar no están encontrando grandes problemas para llevar a cabo sus planes privatizadores, ya que todos los representantes políticos están contribuyendo al abandono del aparato público brasileño, que tampoco goza de una buena gestión de sus recursos. Este ansia de privatización federal está calando también en las administraciones estatales, y en ocasiones se enfrentan a obstáculos legales.

Se ha unido a la tormenta privatizadora uno de los ministros que más está dando que hablar desde que arrancó la legislatura, el de medio ambiente, Ricardo Salles, dispuesto a privatizar el monitoreo de la selva amazónica, actualmente articulado desde el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

El resultado será un Brasil (aún más) de clases

La macroeconomía brasileña registró altibajos desde la última investigación del IBGE, en 2014: bajo crecimiento, desaceleración y recesión, hasta recuperarse lentamente en 2017 y seguirá creciendo. las privatizaciones lograrán unos ingresos récord en el momento de la venta. Pan para hoy, hambre para mañana.

El crecimiento momentáneo macroeconómico viene bien a las clases pudientes, pero no a los que menos tienen. Desde 2014 hasta la actualidad, el mercado de trabajo brasileño registró una gran reducción de vacantes, de la jornada laboral (a menos de 40 horas semanales), aumento de la temporalidad y aumento de la desigualdad de ingresos.

Entre 2016 y 2017, el número de pobres aumentó de 52,8 millones (25,7% de la población) a 54,8 millones (26,5%), de acuerdo al IBGE. Aún no hay estimación posible para 2021, pero con el rango de gasto que generarán las privatizaciones, se espera un crecimiento de la pobreza exponencial.

Pero donde más puede notarse la privatización es el la educación. Solo el 35,9% de las personas que acabaron la enseñanza media en el sistema público ingresó a la enseñanza superior, frente al 79,2% de los que estudiaron en escuelas privadas en Brasil. La privatización de las escuelas y las universidades aumentarán esta cifra, condenando a la precariedad desde muy jóvenes a los brasileños y brasileñas menos pudientes.

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