El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha atendido a la petición que le había formulado hace justo un mes la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba la imputación de los tres expresidentes de la Comunidad de Madrid en esta pieza de ‘Púnica’.

El juez ha llamado a declarar a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el 18 de ese mismo mes. Los investigadores apuntan a que el Partido Popular de Aguirre se convirtió en una presunta “organización criminal” que saqueaba hasta ocho consejerías para financiar al partido. Todo ello a través de la adjudicación amañada de numerosos contratos públicos.

Además de un presunto delito de “organización criminal”, la Justicia considera que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid cometió los presuntos delitos de “falsedad documental”, “prevaricación de funcionarios publicos”, “blanqueo de capitales”, “falsedad electoral”, “tráfico de influencias”, y “delito continuado de apropiación indebida”.

El PP de Esperanza Aguirre aprovechó la existencia de contratos con elevados presupuestos que se iban a licitar desde algunas Consejerías de la CAM, como eran los de construcción de obras, para introducir una cláusula en los pliegos de los mismos que obligaba a la empresa contratista correspondiente, a abonar hasta un 1% de su presupuesto total para la contratación de publicidad de la obra pública adjudicada, según informa El Plural.

Esta publicidad contratada se trataría solo de una mascarada para disimular el verdadero objeto de la licitación. El plan consistía en recaudar, ilícitamente, fondos públicos para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid.

Un ejemplo de esto es el caso de las Consejerías de Sanidad, que habrían aprovechado el desarrollo del llamado “Plan de Infraestructuras Sanitarias”, que financiaba la construcción o reforma de nuevos hospitales y centros de salud. El importe del perjuicio causado a los fondos públicos entre los años 2006 y 2007 ascendió  a 1.190.481,83 euros en el caso de los centros de salud y de 1.883.286,70 en la construcción de nuevos hospitales.

Fueron siete los hospitales de los que  que a través de esta cláusula del 1% sirvieron para financiar al Partido Popular. Son los ubicados en Aranjuez, Arganda, Coslada, Majadahonda, Parla, San Sebastián de los Reyes y Vallecas.

Según los investigadores, la “financiación ilícita” no solo fue del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, sino también de sus dirigentes a través del presunto desvío continuado de dinero publico.

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