La maquinaria puesta en marcha bajo el mandato de Esperanza Aguirre para desviar el dinero de los madrileños hacia las cuentas del Partido Popular empieza a salir a la luz. El negocio de la construcción de hospitales y centros de salud fue uno de los puntales de la financiación ilegal de los populares y de las infladas campañas políticas de Aguirre usadas para mantener su estatus político.

Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional, ha añadido estos datos a el auto, conocido este lunes, en el que describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de supuestos contratos de «publicidad simulada» de estas infraestructuras sanitarias. El magistrado define esta práctica como un «mecanismo para desviar fondos públicos a través del partido». 

El juez se ha basado en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para abrir una investigación por estos hechos, que apuntan a que el Ejecutivo regional encargó a dedo supuestas campañas de promoción de estos hospitales y centros de salud a determinadas empresas a cambio de que estas pagasen luego actos electorales del partido. 

El PP de Aguirre obligaba a las constructoras de estas infraestructuras a abonar el 1% del presupuesto de cada contrato para sufragar campañas publicitarias que se realizaban por un coste mucho menor o que ni se llegaban a hacer. Esos trabajos se encargaron en todos los casos a empresas de Daniel Horacio Mercado, que supuestamente devolvía el favor inyectando importantes sumas de dinero para las campañas del PP. 

La idea de incluir esa cláusula del 1% partió del entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, aunque el juez describe que operó «en connivencia con los altos mandatarios» del PP madrileño. El juez apunta a que Ignacio González y Francisco Granados, siempre «bajo la supervisión» de Aguirre, tenían la competencia última para decidir qué empresas prestarían la «publicidad simulada».

La imposición del pago al Partido Popular de las cantidades indicadas obligaba a las constructoras a incrementar en ese 1% su oferta, con el consiguiente perjuicio para las arcas públicas, que veían minorados sus fondos en ese porcentaje: unos 3,07 millones de euros. 

Todo esto ocurrió en el periodo en el que el Ejecutivo regional dio un vuelco al modelo de sanidad pública. Este monumento al desfalco era una de las claves del denominado «Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007» que sirvió a Aguirre para inaugurar seis nuevos hospitales en los meses previos a las autonómicas de 2007.

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