El Partido Popular se convertirá este viernes en la primera formación política en la historia de España que se siente en el banquillo de los acusados y lo hará por destruir presuntamente pruebas de la financiación irregular que mantuvo durante al menos dos décadas.

Una reforma legal que entró en vigor en 2015 permite que los partidos políticos sean acusados en un proceso penal, pero no por todos los delitos. El Partido Popular será juzgado por daños informáticos, los infligidos a dos discos duros que su extesorero Luis Bárcenas dejó en la sede de Génova y de los que reclama su propiedad y contenido.

El PP pretende que se le aplique la doctrina Botín. Según ésta, la acusación popular no puede sostener el proceso por sí sola si el delito que se ha cometido no afecta al común de la sociedad. Contra ello, las acusaciones populares alegan que el delito de daños informáticos se cometió en concurso medial con el de encubrimiento, o lo que es lo mismo, que se destruyeron los discos duros para sabotear la investigación judicial de Pablo Ruz. Y ese encubrimiento supone una obstrucción de la acción de la Justicia que sí afecta al interés general.

Los tres acusados (no se puede atribuir al PP por tratarse de una persona jurídica) son el responsable de su estrategia legal, Alberto Durán; su tesorera Carmen Navarro; y el que fuera responsable de informática, José Manuel Moreno. Durán ha representado al partido durante todo el proceso, por lo que será la persona que represente a la formación físicamente en el banquillo de los acusados.

La responsable de la Fiscalía de Madrid, María Pilar Rodríguez, nombrada con el Gobierno socialista, ha optado, inexplicablemente, por mantener la postura de su predecesor y no acusar al PP. Bárcenas, por su parte, decidió retirar su acusación apenas dos meses antes de que comenzara el juicio del caso Gürtel alegando unas razones que fueron excusas para su abogado. Ejercen la acusación, por tanto, Izquierda Unida, Observatori Desc y Adade.

IU pide prisión

Izquierda Unida solicita las penas más duras para los acusados. Al PP le pide 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos. A los otros tres acusados les solicita cuatro años y seis meses de prisión por esos dos delitos más otro de encubrimiento. Observatori Desc pide penas de hasta dos años para las personas físicas y que el PP sea suspendido de sus funciones durante seis meses y no pueda recibir donaciones en los siguientes cinco años. Por último, Adade solicita una multa de 109.500 euros para el PP y hasta dos años de cárcel para el resto.

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