De nuevo, la justicia ordinaria tiene que asumir la responsabilidad de un caso en el que falla de forma fragante la justicia militar. El Tribunal Supremo ha ordenado reabrir la investigación a cinco sargentos del Ejército de Tierra por acoso laboral contra una compañera y al capitán que no escuchó ni defendió a la víctima del mobbing y que fue archivada por el Tribunal Militar Territorial Quinto en mayo de 2018.

El recurso de casación recoge el relato de los insultos, faltas de respeto y desprecios sufridos por la sargento E. Durante años, los suboficiales se mofaron de ella incluso delante de la tropa con los calificativos de «jodida enana«, «gandula«, «lesbiana«, «por ahí viene el chihuahua» e incluso utilizaron su imagen junto a un «minion» como perfil de un grupo de Whatsapp destinado a realizar mofas.

Tras uno de estos episodios, la sargento E. acudió al capitán S., quien decidió no dar parte de los incidentes por considerar que se trataban de «problemas personales«. El Tribunal Supremo advierte al tribunal de Canarias que esta conducta del capitán podría ser constitutiva de un delito según el Código Penal militar, por lo que le ordena investigarlo, así como las demás acusaciones presentadas por la sargento

El Supremo coincide con la Fiscalía en que el tribunal que decidió archivar el caso «dulcificó» los hechos al calificarlos de «discrepancias, contiendas, y disputas» y al declarar que este tipo de hechos forman «parte del devenir diario de la vida de todo acuartelamiento«.

De nuevo, la Justicia militar tapa un caso de acoso dentro de sus filas. Sería interesante plantear el debate de si este tipo de justicia apolillada es realmente útil (y, sobre todo, justa) y si no deberían asumir estos casos la justicia ordinaria.

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