El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión adoptada en su día por el CGPJ al denegar la rehabilitación y el reingreso al servicio activo en la carrera judicial del exjuez Ferrín Calamita, condenado en 2009 a diez años de inhabilitación especial por el «retraso malicioso» de los trámites de adopción de una menor por dos mujeres casadas y «una auténtica compulsión homófoba».

Ya lo acordó hace un año el Consejo General del Poder Judicial y ahora la sección sexta de lo Contencioso del alto tribunal avala su decisión al considerar que la pena de inhabilitación conllevó la privación definitiva del cargo de magistrado.

El Supremo, elevó la pena a 10 años al apreciar prevaricación dolosa. Un tipo penal, que según la sentencia de lo Contencioso, «parece difícilmente compatible con la idea de rehabilitación» según la gravedad del delito, «el daño» a la Justicia y la relación con el cargo. Y es que, según el Supremo, la prevaricación es el delito más grave que puede cometer un miembro de la carrera judicial dado que supone la quiebra de la esencia del poder judicial.

No obvia la Sala el informe del TSJ de Murcia en el que se recogían datos sobre la capacidad para el ejercicio de la función judicial y que se refería al trastorno ansioso depresivo que Ferrín Calamita manifestó padecer desde hace años, lo que le obligaba a pedir la baja.

También mencionó las «convicciones derivadas de su ideología jurídica o meta jurídica», expresión usada en la sentencia en la que el Supremo le condenó, y que entra en conflicto con la nueva redacción dada al Código Civil por la ley que admite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la que contempla la posibilidad de que el adoptado fuera hijo del consorte del adoptante.

Razones que llevan a la Sala a concluir que no procede su rehabilitación.

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