El Tribunal Supremo ha rebajado la condena de prisión que había impuesto la Audiencia Provincial de Bizkaia.

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La Audiencia vizcaína condenó a un docente de Gaztelueta (Bizkaia) a once años de prisión por cinco episodios fácticos de abusos sexuales cometidos por el acusado en su despacho al dar credibilidad a la víctima.

El menor, que tenía entre 12 y 13 años cuando ocurrieron los hechos, ha asegurado que los abusos le produjeron una situación de bloqueo, que estuvo a punto de suicidarse y que sintió «vergüenza y culpa» por no haberlo contado antes.

El Supremo excluye de los hechos probados dos de los cinco episodios que condicionaron la gravedad de la pena al apreciar «una insuficiencia probatoria y un discurso valorativo que no se puede avalar».

Explica el Supremos que la víctima describió los tres primeros episodios, consistentes en tocamientos, desde el momento en que decidió contar lo sucedido a sus padres, pero, sin embargo, los otros dos hechos no se los contó ni a ellos ni a los diferentes profesionales que le trataron a partir de mayo de 2011.

«Estamos en presencia de un menor de edad que sufre abusos sexuales, que narra su existencia a sus padres y a los profesionales que le asisten cuando ya ha cumplido 15 años y que finalmente, cuando ya ha alcanzado los 19 años, enriquece su relato con dos hechos de una gran trascendencia penológica», recalca el alto tribunal.

«No basta la mera convicción de que aquello tuvo que haber pasado para sustentar una condena que asciende a 11 años de privación de libertad», indica el Supremo, que añade que tampoco es suficiente que la versión de la víctima inspire credibilidad.

De esta forma, afirma el Supremo que el reproche inherente a cualquier acción penal «se hace más intenso cuando se proyecta sobre un niño», pero «ni siquiera en esas circunstancias puede rebajarse el canon impuesto por el derecho constitucional a la presunción de inocencia».

Considera el alto tribunal que «la indignación y la repulsa por unos hechos nunca puede actuar como un elemento que debilite el cuadro de garantías con el que una sociedad democrática quiere que sea enjuiciado cualquier acusado de un hecho delictivo».»

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