«En un sistema político abierto los desacuerdos han de deberse a lo que se debate, no a quién lo debate».

Beltrán Jiménez Villar
Desde la moción de censura que terminó con el gobierno del Partido Popular en 2018, multitud de voces han denunciado la ilegitimidad de cualquier acuerdo con Bildu. Afirman que cualquier pacto con “terroristas” o “batasunos” -en su versión más creativa- implica un insulto a las víctimas de ETA y una degradación de la democracia. La más mínima negociación con los “herederos de la banda terrorista” significa manchar la memoria de los muertos y dejar entrar al enemigo en casa. Además, se niegan a pedir perdón a las víctimas. Y quien intenta discutir estas ideas se convierte en “cómplice y blanqueador de los asesinos”. Ante un título como el de este artículo la respuesta estándar es: “Y tú, ¿condenas el terrorismo de ETA?”.

Lo primero que expresa esta posición es desconocimiento. Hacer pasar a la izquierda abertzale por ser un grupo unitario, constituido por los terroristas y sus acólitos, que se ha convertido en demócratas ante la asfixia policial a la que han sido sometidos por parte del Estado. Esto no es cierto: lo que identifican como “izquierda abertzale” está constituida por grupos y corrientes diversas, algunas con una trayectoria pacifista incuestionable, que han jugado un papel fundamental en la disolución de la banda terrorista. Basta consultar la bibliografía (Aizpeolea, Los entresijos del final de ETA) o la filmografía (Webster, El fin de ETA)más conocida para constatar que no se entendería el fin de ETA sin el trabajo de muchas de ellas. Sin ir más lejos, Oskar Matute, diputado de Bildu en el Congreso de los Diputados, y ante quien Adolfo Suárez aparta la mirada, es un reconocido activista por la paz y contra la violencia de ETA. 

Si esto no es suficiente, pensemos que absolutamente todos los representantes de Bildu han sido terroristas o defensores del terrorismo, e incluso que todos sus votantes lo fueron. Ninguno es totalmente “inocente”.  Ahora bien, ¿cuál fue la posición oficial del Estado español durante los años en los que ETA atentaba? Podrían servirnos estas palabras de José María Aznar en 1998: “Es fundamental construir la paz sobre una base sólida pero, a la vez, flexible. Queremos que la paz que se construya sea habitable, no para la mitad de los vascos sino para todos ellos. Somos los demócratas los que tenemos la legitimidad para abordar la paz. Apuesto por el diálogo y la responsabilidad compartida”. ¿Qué significa construir una paz habitable para todos los vascos? No simplemente la eliminación de la violencia, sino la construcción de un sistema político que exprese la convivencia pacífica de diferentes visiones del mundo. En otras palabras: en paz, la democracia dará cabida a todos. La democracia haría manifiesta su superioridad con respecto al terrorismo de ETA al mostrar que entre sus objetivos no se encuentra la eliminación del disidente, siempre que disienta con medios democráticos. De esta forma España demostraría que su proyecto político era mejor que el independentista: el primero sería incluyente, mientras que el segundo es excluyente. Es decir, incluso aunque la izquierda abertzale estuviera compuesta por 300.000 terroristas confesos, si rechazaran el uso de la violencia como instrumento político y cumplieran con las condenas impuestas, serían sujetos válidos para el debate político. En este mismo sentido el Tribunal Constitucional estableció que la lealtad constitucional no implica adhesión ideológica sino aceptación de las normas democráticas (STC 122/1983). Sin embargo, a pesar de que la banda terrorista se disolvió en 2018 tras 7 años de cese de la violencia, de que la justicia española ha seguido juzgando a quienes cometieron delitos y de que los partidos de la izquierda abertzale se presentaron a las elecciones cumpliendo la ley, la legitimidad de este espectro político es negada. 

El penúltimo recurso es el arrepentimiento: no han pedido perdón. Esta idea también es falsa: numerosos miembros de Bildu han pedido perdón en no pocas ocasiones (al menos desde 2017). Por otra parte, son notorios los programas de reparación de las víctimas en los que han participado autores de atentados. Pero los procesos de resolución de conflictos atañen a la intimidad de las partes, son largos y dolorosos y no se someten al ritmo del tuit, ni al de la campaña. 

Finalmente: no se puede pactar con quien quiere romper España -común frente a todos los independentismos-. Podría pensarse en lo que significa una democracia pero desde una perspectiva pragmática, ¿cuál es la imagen del Estado español que comparten todos los nacionalismos? A su juicio, España es un Estado opresor y centralista que impide el desarrollo de ciertos pueblos y a los que quiere imponer una identidad única. Ante esta idea, pocas estrategias hay mejores para convencerlos de que están en lo cierto que expulsarlos previamente de cualquier diálogo. En un sistema político abierto los desacuerdos han de deberse a lo que se debate, no a quién lo debate. Quien no esté a favor de un referéndum en Euskadi, que vote en contra de su celebración; pero esto no implica no poder acordar con Bildu la legislación laboral. 

Si España quiere ser una democracia, y convencernos de que lo es, tiene el deber de propiciar todos los acuerdos que sean posibles con los que no quieran seguir viviendo en ella. Esta es la única forma de convencer a quien quiera irse de que merece la pena quedarse. Quizá el problema es que no se busca convencer a nadie. 

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