La Ley Aragonés, impulsada por ERC en el Parlament de Catalunya, pretende regular la licitación de externalizaciones de servicios públicos en el ámbito de la sanidad, enseñanza y otros servicios a las personas bajo la excusa del cumplimiento de una directiva europea.

Según cuenta el Secretariado Permanente de la CGT de Catalunya, la “ley de contratos de servicios a las personas” es una ley creada a medida de las patronales del sector para garantizar seguridad jurídica y facilitar la realización de licitaciones. Una auténtica autopista que facilite el cuerpo legal para favorecer la consolidación de aquellos servicios ya en manos del capital y adjuntando toda una nueva relación de nuevos ‘paquetes’ que ya preparan los siguientes.

La CUP y Catalunya en Comú entienden que la ley Aragonés abre la puerta a privatizar nuevos servicios, como los hospitalarios (ginecología o pediatría), servicios de educación especial o de planes de empleo, entre una larga lista.

Con esta ley, el Govern de la Generalitat, es decir el PDeCAT y ERC, vuelve a las «andadas» tras cinco años en los que el procés ha servido como cortina de humo para que los recortes y el austericidio durante los peores años de la crisis no les pasara factura electoralmente.

Desde hace semanas, diferentes sectores sociales, sindicales y políticos vienen alertando de los efectos nefastos que supondrá la aprobación del Projecte de llei de contractes de serveis a les persones, haciendo un llamamiento a la organización para evitar la Ley Aragonès.

Desde el gobierno, por su parte, niegan rotundamente que la norma favorezca nuevas privatizaciones. Fuentes del departamento de Economía aseguran que la ley está centrada en mejorar los criterios de calidad de estos servicios.

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