Los dirigentes del partido de ultraderecha Vox Iván Espinosa de los Monteros y Rocío Monasterio se enfrentan a una orden de clausura y precinto del chalé que afecta a las cuatro plantas del inmueble y no solo al sótano, como se creía en un principio. Por lo tanto, el próximo 8 de octubre los funcionarios municipales procederán al precinto del chalé de lujo en el que viven Espinosa de los Montero y Monasterio. 

Iván Espinosa de los Monteros reside junto a su mujer, Rocío Monasterio, y sus cuatro hijos, en una mansión que nunca ha tenido licencia de ocupación y funcionamiento desde que se terminó de construir, en 2012. El dirigente de Vox compró en 2010 una vivienda con jardín, para lo que solicitó una hipoteca de 1,2 millones de euros, según figura en el registro de la propiedad. Espinosa de los Monteros adquirió un inmueble con una planta baja y una principal y la transformó en una casa de cuatro alturas que equipó con ascensor, gimnasio, garaje y una piscina con solárium en la terraza, donde también hay una zona verde. Luego trató de venderla por tres millones de euros sin éxito.

Sin embargo, el inmueble, ubicado en el distrito de Chamartín, en una de las zonas más caras de la ciudad, carece de la licencia de ocupación obligatoria para poder residir en ella y tampoco tiene la licencia de funcionamiento, necesaria para desempeñar allí actividades económicas. La arquitecta que reformó la vivienda, que el dirigente de Vox adquirió en 2010, fue su mujer, la propia Rocío Monasterio.

El pleito se inicia ya en 2014, cuando tras la denuncia de un particular, los técnicos municipales hacen una inspección de la vivienda con el objeto acreditar que las obras y actividades han sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y condiciones en que la licencia de obras fue concedida, que da como resultado que el chalé carece de la licencia de primera ocupación.

El diputado nacional de Vox fue condenado por esa misma vivienda en dos ocasiones por eludir el pago de parte de las obras a una de las empresas que la levantó: la última sentencia es del pasado mes de junio. La justicia determinó que el diputado de la formación de extrema derecha tenía que pagar de 63.183 euros a lo que hay que sumarle las costas y los intereses, otros 18.954 euros.

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