«La tierra se está agrupando en torno a unos pocos terratenientes o fondos de inversión que pueden permitirse vivir del campo explotando grandes extensiones con maquinaria pesada, pocos trabajadores y mal pagados».

I. La destrucción del campo: una realidad buscada.
El campo no se ha vaciado, lo han vaciado, o mejor, lo están vaciando aposta. ¿Quiénes? Los supuestos “patriotas” que han gobernado este país en los últimos 40 años. El campo español ha sido siempre un buen recurso oratorio y político. La mitología del hombre rural que ha transitado nuestro cine y nuestra literatura patria desde El camino de Miguel Delibes a la Familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela o Requiem por un campesino español de Ramón J. Sender, han inundado el imaginario colectivo de relatos que, con el tiempo, se han ido instalando en el debate público como un campo de disputa de una realidad que nunca fue tal. ¿Quién no tiene un abuelo o abuela entrañable en un pueblo? ¿Quién no se ha fascinado alguna vez con las historias de nuestro mundo rural? Aquí actúa el mito, no la realidad. El campo no son solo nuestros recuerdos y el patio de recreo de la infancia.

Del mito a la realidad hay un gran trecho. El abandono del campo no es una contingencia azarosa, sino una cuestión de voluntad política: lo quisieron así quienes han gobernado hasta ahora. Aunque hayan llenado de subvenciones y redes clientelares el campo español y aunque se llenen la boca hablando del mismo o yéndose de paseo en tractor o en caballo, han querido vaciarlo y destruirlo, con toda la intención.  Pero, ¿por qué y cómo?

II. Del mito a la realidad: los datos sobre la destrucción del campo.
El campo está explotando. Los agricultores salen a la calle y muchos medios dicen que lo hacen por la subida del SMI a 950, pero la realidad es bien distinta. Nada que ver. Salen porque no pueden más y porque la situación es insostenible.

Si revisamos los datos encontramos algunos puntos relevantes. La población dedicada a oficios rurales ha pasado de suponer un 48% de la población en 1950, hasta llegar al 10% en la última década. Desde 1999 a 2019 el número de explotaciones ha pasado de casi 1,3 millones a 989.796. Es decir, se ha reducido un 23,2%. La superficie agrícola útil también ha disminuido un 9,2%, 2,4 millones de hectáreas debido al abandono y a cambios en el uso del suelo principalmente el desarrollo urbanístico y la recalificación. Sin embargo, la media del tamaño de las explotaciones ha aumentado un 18%.

¿Qué significa esto? Que hay menos tierras y que las que hay están en manos de menos cabezas. La tierra se está agrupando en torno a unos pocos terratenientes o fondos de inversión que pueden permitirse vivir del campo explotando grandes extensiones con maquinaria pesada, pocos trabajadores y mal pagados. Si hacemos caso a los datos, un 18,62% de la superficie es propiedad latifundista (más de 500 hectáreas), pero solo supone el 0,44% de las explotaciones. Es decir, que teniendo casi una cuarta parte del campo apenas producen nada. Estas extensiones se usan para ocio y disfrute de grandes fortunas como la Casa de Alba, el millonario Juan Abelló o Samuel Flores que, a pesar de la poca productividad de las miles de hectáreas que ostentan, obtienen millones de subvenciones de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que van a parar a sus bolsillos.

Esta tendencia a la desaparición de pequeñas extensiones unifamiliares a costa de grandes extensiones tiene su consecuencia no en el azar, sino en una suerte de leyes aprobadas por PP y PSOE, como la Ley de Montes o la Ley de Reforma de la Administración Local que ponían por encima del derecho a trabajar y cultivar la tierra, las ganas de privatizarlas para unos pocos.

Además, este proceso de liberalización y privatización fue acompañado de la entrada de bancos y fondos de inversión en el campo para especular con él. El negocio era redondo. Ganaban los grandes empresarios y sus amigotes en la administración. El Estado se ahorraba dinero. La reflexión de aquellos supuestos patriotas era ¿Por qué vamos a cuidar y financiar el campo español si sale mucho más barato comprar alimentos de otros países?

Por eso, en 10 años el Estado se ha deshecho ni más ni menos que de un 28,91% de tierra pública. A partir de la crisis del 2008 el Ministerio de Agricultura trató de vender muchas de estas tierras para recuperar fondos e incrementar los ingresos. Comenzaron a surgir nuevas tendencias de las inversiones privadas y de los fondos de inversión en el que la tierra pasó a ser un activo financiero. Muchos bancos son ya propietarios de tierras. En España hay más de 30 fondos que invierten en agricultura y alimentación

Este proceso de liberalización y privatización del campo necesitaba, claro, una segunda pata: más mercado. Si el campo español se estaba desarmando en favor de grandes latifundistas y propietarios que apenas sacaban productividad a la tierra, ¿cómo llenaríamos los supermercados de productos sin afectar al bolsillo del consumidor? Abriendo fronteras y eliminando aranceles a través de la firma de grandes tratados internacionales que permitiesen comprar de fuera, más barato que aquí, en España.

En este contexto, MERCOSUR, por ejemplo, tendría un impacto, según algunos estudios, de 2.700 millones de euros al año para la ganadería española que se vería afectada gravemente por las 78.000 toneladas libres de aranceles que provendrían del continente americano. La principal preocupación es el doble estándar de producción entre la UE y los países de MERCOSUR. También el sector de los cítricos se habría visto muy afectado por los acuerdos comerciales con Sudáfrica. También hay un problema con el zumo de naranja de Brasil que ya ostenta el 90% del mercado de la UE. También el sector del arroz en España se ha visto muy afectado por la firma de tratados comerciales, el último, el firmado con Vietnam hace unos días.

En los últimos años las importaciones desde países como Turquía, Egipto o Marruecos, entre otros, ha crecido de forma considerable. En el caso del CETA (tratado con Canadá) desaparecerían 4.800 millones de euros en aranceles. Sin embargo, la competencia es desleal. En Canadá predomina un modelo agrícola basado en producciones intensivas, monoespecíficas, reducida mano de obra, alta tecnologización y utilización masiva de fitosanitarios y pesticidas. No así en España, donde los controles son mucho más estrictos.

El daño de estos tratados no solo económico, sino ambiental es brutal para el planeta y absolutamente destructivo para el campo español. Todos firmados y respaldados por la mayoría de los partidos políticos españoles de ámbito nacional, exceptuando a Unidas Podemos. Los patriotas que ahora se llenan la boca hablando del campo, han estado ahí, firmando esos tratados que suponen en la práctica el desmantelamiento total del agro español.

¿Cómo va a competir un pequeño o mediano agricultor español con grandes empresas o con productos venidos de terceros países cuyos costes de producción son miseros y sin ningún tipo de controles fitosanitarios? Es imposible, claro.

El agricultor español está abocado a cobrar precios de miseria. Por ejemplo, ahora mismo un agricultor cobra por un kg de naranjas 0,23 euros de media. Sin embargo, en el supermercado se vende a 1,55 euros. Lo mismo ocurre con otros productos como la patata o el brócoli cuyo precio de origen es de 0,41 euros el kg, y se vende luego en supermercados a 2,90 euros. Un incremento de 607% en el precio de inicio. ¿Quién se lleva el dinero? Las grandes distribuidoras que aprovechan la situación de precariedad y liberalización absoluta del mercado para tirar los precios por el suelo.

La liberalización del mercado, la privatización del campo y el sistema de ayudas completamente ineficiente, junto con la competencia desleal y la desaparición de aranceles a productos extranjeros está destruyendo al pequeño y mediano agricultor que ahora sale a la calle agotado de esta situación buscada. La pregunta es ¿Dónde están esos patriotas de charanga y pandereta que se llenan la boca hablando del campo español?

Es fácil ir al campo para descansar, para sacarse la foto con los agricultores, para montarse en un tractor, para dar un paseo a caballo o incluso para ir un rato de caza con los amigotes, pero el campo se defiende protegiendo a sus trabajadores autónomos y asalariados (jornaleros), fomentando el producto patrio frente a productos extranjeros, implementando un sistema de ayudas eficiente, y, expropiando las tierras de aquellos que, aun ostentando miles de hectáreas y disfrutando de ayudas, no le saquen rendimiento. Es así.

Los supuestos “patriotas” han destrozado el campo. Mientras por un lado se forraban con las privatizaciones y la firma de tratados internacionales que eran, de facto, la ruina del campo español, por otro iban al campo para echarse la foto. Rescatar al campo es una cuestión de voluntad política: hay que querer hacerlo, más allá del rendimiento. El campo es nuestra casa, nuestra patria, no solo por lo que de él podemos disfrutar, sino porque de él comemos todos, y de él, no lo olvidemos, dependemos.

Por Guido Ohlenschlaeger

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