«La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (…) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales», señalaba el fiscal.

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El juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza ‘Dina’ no ha admitido a trámite la querella presentada por el partido de extrema derecha Vox contra el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias; contra su exasesora Dina Bousselham; el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la abogada de Podemos Marta Flor.

El juez Manuel García-Castellón da la razón así a la Fiscalía Anticorrupción, que en un escrito de la semana pasada pedía inadmitirla porque los delitos que les imputaba no serían competencia del juez que instruye el caso por no haber conexividad entre los delitos investigados y los que se detallaban en la querella. Añadía, además, que al haber aforados entre los querellados (Iglesias y Stampa) la causa correspondería en todo caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

«La querella interpuesta por Vox debería haber sido inadmitida de plano (…) y debe ser inadmitida en caso de que se subsanen los defectos procesales», señalaba el fiscal para luego añadir que la razón era que «su contenido no guarda conexión con el objeto procesal de la pieza y se dirige a personas aforadas».

En su querella, el partido de ultraderecha les imputaba hasta seis delitos por el contenido de un chat privado entre abogados de Podemos en el que Flor comenta determinada información que habría obtenido del representante del Ministerio Público. En concreto, la querella se presenta por denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias, revelación de secretos y estafa procesal.

La postura del Ministerio Público y la resolución del juez van en la línea de lo defendido por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que en su auto de la semana pasada readmitían a Iglesias como perjudicado en la causa, y explicaban que en caso de investigarse nuevos posibles delitos que no tuvieran que ver con la organización supuestamente criminal de Villarejo, esos hechos debían instruirse en otro órgano que no fuera la Audiencia Nacional.

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