La presidenta “interina”, que se mantiene en el cargo desde noviembre, ha aprovechado la pandemia para perpetuarse en el poder mientras surgen casos de corrupción y hunde la economía boliviana.

Víctor Sorrento
35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados. Este fue el coste que tuvo que asumir la sociedad boliviana para que la nueva presidenta de Bolivia, biblia en mano, entrase al palacio presidencial sin pasar por las urnas. Tras 6 meses de gestión, la nueva presidenta ha echado al traste el milagro económico que consiguió en 13 años de Gobierno el expresidente Evo Morales. Un milagro que consiguió que el país andino pasará de ser el segundo más pobre de Latinoamérica a ocupar el primer puesto de crecimiento económico (Naciones Unidas y Banco Mundial). A su vez, fue el país que más redujo la pobreza extrema de 38 a 15%. En apenas 6 meses, Áñez ha tenido que realizar numerosos cambios de sus propios ministerios, concretamente en las carteras de Presidencia, Comunicación, Educación, Desarrollo Rural, Desarrollo Productivo y Minería. Antes de la pandemia del COVID-19 el PIB boliviano ya había decrecido un 2,13% echando por tierra los datos de crecimiento que había acumulado la gestión de Evo Morales.

Áñez se enfrenta a protestas y bloqueos en todas las ciudades del país por la emergencia alimentaria que sufren las zonas más deprimidas, en especial ciudades como El Alto o Cochabamba, donde los manifestante denuncian violaciones de los derechos humanos y censura.  Además de las protestas, la presidenta interina tiene que hacer frente a los 13 casos de corrupción que han surgido en el seno de su Gobierno en apenas 6 meses de gestión, un posible récord Guinnes de la corrupción. Como denuncia el diario boliviano La Razón (muy crítico con el Gobierno de Evo Morales durante su mandato) al menos 13 ministros y altos cargos del Gobierno estarían involucrados en irregularidades manifiestas: coacción, tráfico de influencias, sobreprecios, pagos y cobros irregulares y, además de uso indebido de bienes estatales.

Sin una fecha de elecciones a la vista, el Gobierno de Jeanine Áñez mantiene su política de privatizaciones y saqueos de las empresas estatales más importantes de Bolivia: YPFB (Hidrocarburos) ENTEL (Telecomunicaciones) y BOA (Aerolíneas). La oposición acusa al ejecutivo de Áñez de otorgar contratos millonarios sin licitación y hasta la fecha se ha abierto tres procesos de investigación para esclarecer los procedimientos de concesión de contratos de las empresas estatales.


La desastrosa gestión durante la pandemia del COVID-19

En el país andino se reportan 5.187 casos confirmados y 215 fallecidos (Datos oficiales), la mitad de las muertes se han producido en el distrito de Santa Cruz, una de las zonas más ricas y más crítica con el Gobierno de Evo Morales. A pesar de que las cifras de defunciones es baja en comparación con Europa, las consecuencias de la gestión económica podrían ser peores que el propio virus. El 27 de abril el Gobierno decidió cortar el suministro de gasolina al trópico de Cochabamba, ocasionando la muerte de más 11 millones de peces por falta de oxígeno en las piscinas artificiales de 3.500 piscicultores, lo que supondría un desastre alimentario y económico. A su vez, se desconoce el uso que se ha dado a los créditos del FMI, nunca se llegaron a instalar los laboratorios para pruebas del COVID-19 prometidos por la presidenta y las compras de suministros anunciadas no han llegado a la ciudadanía. El ejecutivo se niegan a publicar las facturas de los gastos para prevención de la pandemia.

Por otro lado, a esta desastrosa gestión se le suma la polémica por el sobreprecio en la compra de respiradores a España por parte del Ministro Marcelo Navajas, que ha tenido que declarar como investigado en el caso. Por el momento, dos directores de Salud de su ministerio están encarcelados por la trama de corrupción. La compra se realizó a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente dos de sus directivos están detenidos acusados de participar en la trama de corrupción. Según fuentes de la investigación, un testigo afirma que tres intermediarios bolivianos iban a cobrar sobresueldos por la compra de respiradores españoles.

Como decía Emiliano Zapata “Muchos de ellos, por complacer a tiranos, por un puñado de monedas, o por cohecho o soborno, están traicionando y derramando la sangre de sus hermanos”.

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