El denunciante asegura que tenía que ingresar en una cuenta personal parte de la cuota mensual que abonaba a Vox.

La Fiscalía de Cartagena está estudiando si procede abrir diligencias para investigar la supuesta existencia de una ‘caja B’ en las cuentas de Vox, a raíz de la denuncia que presentó un afiliado de este partido, y que va dirigida contra el presidente y el secretario de dicha formación, Pascual Salvador y Francisco José Carrera de la Fuente, ambos diputados en la Asamblea Regional, según informa eldiario.es.

En la denuncia, el afiliado asegura que tenía que ingresar en una cuenta personal de Armada parte de la cuota mensual que abonaba a Vox. Al creer que se trataba de una práctica irregular, decidió comunicar los hechos a los diputados Francisco Carrera y Pascual Salvador, que «no tomaron medida alguna». La semana pasada estos dos representantes, junto al resto de dirigentes provinciales, fueron cesados de los cargos que ostentaban en el partido, y una gestora se ha hecho cargo de la delegación.

El denunciante explica que tenía dudas sobre el destino de las aportaciones, y que llamó a Luis Armada, «quien reconoció la existencia de la segunda cuenta (hucha del partido la llamó)». Sobre Francisco Carrera, secretario primero de la Asambela Regional, considera que fue la persona que supuestamente abrió la segunda cuenta a nombre de Luis Armada «para gastos del partido».

Sobre Pascual Salvador, presidente de Vox en la Región de Murcia, el denunciante explica que en una reunión en presencia de cinco afiliados negó que tuviera conocimiento de la existencia de una segunda cuenta, así como del destino que pudiera tener ese dinero.

La denuncia advierte de que existen «discrepancias» entre el presidente regional de Vox y el coordinador de Cartagena, a la vez que reprocha a Pascual Salvador que no hubiera tomado ninguna medida, y de que mantuviera en sus puestos de responsabilidad a los otros dos denunciados.

El denunciante estimó que «de forma individual o en grupo se pudo cometer» alguna infracción sobre la financiación de Vox, por lo que consideró su deber informar al juzgado y a la Fiscalía.

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