La Comunidad de Madrid acumula el 60% de las denuncias de toda España interpuestas ante la Fiscalía por la gestión que se ha hecho de las residencias de ancianos.

Las querellas presentadas contra Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, por su polémica gestión de las residencias irán al Tribunal Supremo. Dada la condición de aforada de Ayuso, el juzgado número 39 de plaza de Castilla se ha inhibido en favor de la sala de lo penal del alto tribunal.

La querella la presentaron el 11 de mayo un total de 26 familia de la llamada marea de residencias y 10 directores de residencias y piden que sean investigados por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.

Este grupo de afectados por la gestión de Ayuso denuncian, respecto a la responsabilidad penal de la presidenta Ayuso, que la Comunidad de Madrid tiene todas las competencias en Sanidad y en el control de las residencias de mayores.

25 familiares de residentes de geriátricos presentaron en los juzgados el 24 de mayo una querella contra cinco directores de sendas residencias de mayores de los municipios de Alcorcón y Leganés y contra el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López.

López es responsable, según los querellantes, de lo sucedido en esta pandemia “por su pertenencia a la comisión del Gobierno regional, y su responsabilidad en la coordinación de las actuaciones de la Consejería de Sanidad y de Políticas Sociales, habiendo participado en el plan de choque del 26 de marzo, así como por sus declaraciones en la Comisión de Justicia de la Asamblea que se celebró el pasado 20 de abril”.

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