El 14 de marzo hasta el 1 de junio la ley mordaza ha servido para proponer 1.089.917 multas, un 42% más respecto a las que se impusieron entre 2015 y 2018.

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La Ley de Seguridad Ciudadana conocida como «ley mordaza» cumple este miércoles cinco años en vigor sin cambios y siendo más utilizada que nunca.

Varios han sido los supuestos intentos por derogarla o reformarla desde que el Gobierno de Mariano Rajoy la sacara adelante en 2015, incluso el Gobierno de coalición prometió eliminarla en campaña electoral, pero lo cierto es que durante la crisis sanitaria se ha convertido en el pilar fundamental utilizado por el Ministerio del Interior para sancionar a los que burlaban el confinamiento.

A finales de 2019 a punto estuvo de hacerse realidad el fin de algunas partes (nunca hubo intención de derogarla completamente) de la normativa pero la legislatura fallida ante la imposibilidad de Pedro Sánchez de formar Gobierno y la repetición de elecciones impidieron la reforma.

Desde que se decretase el estado de alarma el 14 de marzo hasta el 1 de junio la ley mordaza ha servido para proponer 1.089.917 multas, un 42% más respecto a las 765.416 que se impusieron entre 2015 y 2018.

Amnistía Internacional asegura que el 70% de las sanciones impuestas bajo esta norma entre 2015 y 2018 eran en aplicación de dos únicos artículos, entre ellos el 36.6 y es por ello que reclamarán su derogación entregando este martes 142.000 firmas en el Congreso.

El pasado 23 de abril el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, insistió en el compromiso del Gobierno de derogar la ley mordaza aunque aclaró que «hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley», en alusión al artículo 36.6 que establece sanciones de entre 601 a 30.000 euros por desobediencia a las fuerzas de seguridad.

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