Tanto la ONU como la ONG Human Rights Watch denuncian que el Gobierno interino de Jeanine Áñez estaría amenazando y hostigando al periodista Junior Arias tras destapar otro escándalo de corrupción.

Víctor Sorrento
Otra escándalo de corrupción salpica al Gobierno interino de Bolivia. El último caso ha sido destapado el pasado miércoles por el periodista y jefe de informativos de Gigavisión, Junior Arias. En esta ocasión, se acusa al Ministro de Defensa, Fernando López, de haber realizado una compra de material antidisturbio por un precio muy superior al precio de mercado. En el mes de diciembre del año 2019, la empresa brasileña Cóndor vendió al Gobierno de Ecuador cartuchos de gas lacrimógeno un precio de 12 dólares por unidad. En cambio, el Gobierno de Bolivia pagó 37 dólares por unidad de los mismos productos el mismo mes.

Tras la publicación en todos los medios de comunicación bolivianos del documento de licitación de compra que demostraría la información de Junior Arias, el Ministro de Defensa emitió un comunicado oficial para dar su versión de los hechos. En el escrito gubernamental el Ministro negó todos los hechos y afirmó que «no descansaría hasta que el Sr. Arias rectifique y restaure la dignidad e imagen de las personas dañadas». 

La noche siguiente a la rueda de prensa, Junior Arias anunciaba que abandonaba temporalmente su puesto de trabajo en Gigavision tras haber recibido amenazas de muerte tanto él como su familia. “Lamento la cobardía y al abuso de poder de este Gobierno que no tiene límites, pero sí tiene fecha de expiración”, estas eran las palabras de Junior Arias en su última intervención en directo antes de abandonar su puesto de trabajo. El canal de televisión denuncia que están en posesión de pruebas que demostrarían presuntas instrucciones a la policía para realizar “seguimiento”, «maquinación» y  “trabajo sucio” en contra de Arias.

Tras la denuncia del medio de comunicación y del presentador de televisión, tanto la ONU como HRW han condenado la actuación del Gobierno boliviano y solicitan el cese inmediato de hostigamientos y amenazas contra periodistas críticos con el ejecutivo de Jeanine Áñez.

Apenas han pasado 7 meses tras el golpe de Estado a Evo Morales y el Gobierno de Jeanine Áñez ya acumula 14 casos de corrupción. El Gobierno que llegó al poder para regenerar Bolivia, sin pasar por las urnas, suma dos escándalos de corrupción al mes. A esta velocidad, muchos se preguntan si al nuevo ejecutivo le dará tiempo a vaciar por completo las arcas públicas de Estado boliviano antes de convocar elecciones. 

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