Si el Gobierno atiende la propuesta que Unidas Podemos ha trasladado al PSOE, también se debería derogar el artículo 315, que afecta al derecho a huelga.

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Hoy estamos un poco más cerca que ayer de los países de nuestro entorno en materia de derechos fundamentales. El derecho a protestar, sobre cual pesa como una losa el delito de sedición, podría desaparecer de nuestro Código Penal en las próximos meses. Al menos tal y como lo conocemos hoy.

Así lo ha avanzado esta mañana en el pleno del Congreso de los Diputados el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, asumiendo una de las propuestas de las que más bandera ha hecho Unidas Podemos y, especialmente, los comunes, con el abogado penalista Jaume Asens al frente. La noticia ha llegado de la mano de otra no menos relevante, también se empezarán a tramitar indultos en las próximas semanas a los presos del ‘procés’.

La derecha ha recibido ambas novedades con una irada reacción, interpretando que estamos ante una concesión a los intereses independentistas. Aunque lo cierto es que acabar con un artículo de más de 200 años de antigüedad es, sobretodo, un avance democrático que exigían colectivos como los feministas, ecologistas, sindicalistas o la propia PAH, que veían sus acciones de protesta amenazadas tras que el Supremo hiciese una interpretación restrictiva de ese tipo penal.

Si el Gobierno atiende la propuesta que Unidas Podemos ha trasladado al PSOE, también se debería derogar el artículo 315, que afecta al derecho a huelga. Otro buen ejemplo de lo desfasado que está nuestro Código Penal, que mantiene una criminalización de los piquetes informativos que procede de la dictadura de Primo de Rivera y que quiere disuadir a los huelguistas y sindicalistas de ejercer sus derechos.

Con todo, estamos ante un primer paso hacia un Estado que respete más los derechos y las libertades de quienes ponen su cuerpo para defender sus ideas. Pero todavía queda mucho recorrido para podernos comparar con otras democracias y ordenamientos jurídicos mucho más garantistas. Ahora toca acabar con la conocida como Ley Mordaza u otros tipos penales como el de injurias a la corona.

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