32 millones de euros del dinero de todos los madrileños han sido gastados para la compra 14 millones de estas mascarillas.

Artículo de Rubén Sánchez
«Son las mejores porque protegen en exceso», aseguró Isabel Díaz Ayuso sobre las mascarillas que la Comunidad de la Madrid ha distribuido ya entre más de 6 millones de personas. Tras las advertencias lanzadas por FACUA, medios de comunicación y cuentas de Twitter dedicadas a destapar irregularidades en el etiquetado de mascarillas, la presidenta autonómica optó por la huida hacia adelante.

En lugar de paralizar la distribución cuando la semana pasada comenzaron a trascender irregularidades en su etiquetado, desde la Comunidad de Madrid optaron por desentenderse del asunto y, sin aportar ningún dato, repetir el mantra de que sus mascarillas «son las mejores».

Ahora, un análisis realizado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) tras la petición realizada a comienzos de la semana pasada por FACUA a los ministerios de Consumo y Sanidad pone de manifiesto graves irregularidades en las mascarillas distribuidas por la Comunidad de Madrid. En una de las muestras analizadas, el filtrado es tan deficiente que deja pasar casi un 40% de las gotas más pequeñas o aerosoles, frente al máximo del 8% que se establece para que puedan considerarse FFP2.

Las pruebas efectuadas por el INSST, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo, concluyen que las citadas mascarillas del fabricante chino Whenzou Haoshou Home Textile con supuesta categoría KN95 o FFP2 -la equivalente en la Unión Europea- no cumplen los requisitos para presentarse con estas denominaciones. De hecho, indica que «se observa una gran dispersión de resultados que no permite una certificacion de la mascarilla».

FACUA se dirigió a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para requerirle información ante las numerosas anomalías en el etiquetado que estaban trascendiendo y el hecho de que estuviese recomendando a la población utilizarlas durante 48 horas, cuando la OMS y organismos de salud pública de la UE y EEUU aconsejan limitar el uso de este tipo de mascarillas a entre 4 y 8 horas.

FACUA también pidió a la Consejería de Sanidad madrileña que aclarase si antes de distribuirse habían sido analizadas en España. La respuesta fue que contactásemos con el Ministerio de Sanidad. Una broma sin ninguna gracia, una falta de respeto mientras se estaba invitando a la población a dar un uso inadecuado a unas mascarillas que además no eran lo que decían ser.

Resultan de extrema gravedad las prácticas en las que ha incurrido la Comunidad de Madrid, poniendo en riesgo a la población al darles una sensación de falsa seguridad con unas mascarillas publicitadas como FFP2 o KN95 sin cumplir los requisitos y habiendo eludido la realización de análisis previos en España pese a los numerosos casos de productos defectuosos que habían trascendido con anterioridad.

La irresponsabilidad del Gobierno autonómico madrileño ha sido aún mayor al no haber siquiera paralizado cautelarmente la distribución de las mascarillas cuando trascendieron las primeras irregularidades en su etiquetado, al ponerse de manifiesto que los certificados de homologación europea de las mascarillas eran falsos. Antes de comenzar la distribución, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, publicó en su cuenta de Twitter una imagen donde se observaba que la norma europea que decían cumplir ni siquiera existía. Después de que FACUA denunciase los hechos, la Comunidad indicó a la prensa que se trataba de «un error de impresión en el envoltorio de las primeras muestras«, pero n o dijo nada sobre el resto de irregularidades.

El 14 de mayo, por fin, la Comunidad reconocía que sus mascarillas incumplen la normativa europea. Pero se limitó a dejar de distribuirlas a menores de 6 años y fue entonces cuando anunció que procedía a solicitar análisis «a dos organismos». Todavía no han trascendido sus resultados.

La principal conclusión del estudio realizado por el INSST tras la petición de FACUA es que el nivel de protección frente al coronavirus de estas mascarillas es una lotería: todas las unidades analizadas dieron resultados diferentes, con rangos amplísimos entre ellas, lo que impide clasificarlas en ninguna categoría. Y en ningún caso se corresponden con las indicaciones del fabricante.

Los ensayos que se realizan para comprobar si estos Equipos de Protección Individual (EPI) cumplen los niveles que exige la norma consisten en hacer pasar a través del tejido un aerosol de cloruro sódico. En una mascarilla FFP2, la penetración máxima debería ser del 6%. En este caso, solo una de las cinco muestras analizadas cumplió con ese requisito. El informe preliminar detalla que las muestras analizadas entre el 15 y el 20 de mayo muestran unos porcentajes de penetración de aerosoles (Penetración con NaCI) de entre el 4,98% y el 39,81%.

«Si esas mascarillas son buenas para el profesional sanitario son también buenas para los pacientes oncológicos, para las personas que puedan tener patologías previas y no lo sepan y para personas que están saliendo por primera vez en esta fase», aseguró Díaz Ayuso. 32 millones de euros del dinero de todos los madrileños han sido gastados para la compra 14 millones de estas mascarillas. «Si lo que me pueden achacar es que es de gran calidad la mascarilla, que ojalá todas las críticas sean esas». Una «gran calidad» que ha resultado ser un gran fake.

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